Prensa. El Nuevo Herald.
El
cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes pidió el domingo abandonar la
violencia y la confrontación que se sigue dando en las últimas manifestaciones
en contra del Gobierno de Daniel Ortega, que han sido disueltas o asediadas por
la Policía al considerarlas “ilegales”.
“Esto
es triste, es doloroso. Sobre todo que nos sigamos atacando entre
nicaragüenses. Siempre me llena de tristeza y quizá en este momento es una de
las cosas que me quita el sueño”, aseguró Brenes a los medios de comunicación
después de la misa dominical en la Catedral Metropolitana de Managua.
El
cardenal, quien dijo sentir “dolor” después de ver que la Policía disolvió el
sábado una marcha opositora al gobierno y se llevó detenidos a varios jóvenes,
insistió en que estas manifestaciones son “pacíficas” e instó a que permanezcan
así.
Nicaragua
vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el
Gobierno de Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos y más de 300 “presos
políticos”, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros,
mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
“Yo exhortaría que las marchas fueran
pacíficas, sin ofensas y que se eviten las confrontaciones”, porque eso deja
“muchas, muchas heridas que son difíciles de curar”, afirmó el cardenal.
En
este mismo sentido, reiteró que “toda marcha violenta no tiene sentido en el
país” y abogó por caminar hacia “una cultura de la no violencia”.
“Yo
creo que debemos de ir desarraigando de nosotros la violencia porque la
violencia no deja nada”, agregó, y admitió que durante los últimos días mantuvo
una reunión con altos mandos de la Policía, a los que les manifestó sus
“inquietudes” y sus preocupaciones.
“Estamos
preocupados de que la violencia se incremente”, agregó.
La
oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(Acnudh) ha responsabilizado al gobierno de Ortega por “más de 300 muertos” en
el marco de las protestas, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas,
obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros,
violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega
rechaza todos los señalamientos e insiste en que se trata de un intento de
“golpe de Estado”. Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la
vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron por unas fallidas reformas de la
seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario,
después de 11 años en el poder.
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