Prensa.
EFE.
América Latina ardió en 2018: Venezuela y una
hiperinflación desbordada; Nicaragua con cientos de muertos en protestas
opositoras; casos de corrupción, como el de Odebrecht que lejos de ceder mostró
más tentáculos; y un tipo de migración inédita de Centroamérica a EE.UU., que
amenaza con repelerla por la fuerza. Casos en los que “el hilo conductor es un problema
de debilidad del Estado de Derecho” en la región, como explicó a Efe el
exvicepresidente costarricense Kevin Casas Zamora, director de Analítica
Consultores e investigador de Diálogo Interamericano.
Por un lado, Venezuela vio crecer la ruptura social
que se registra desde que el chavismo logró el poder hace 20 años y que en 2018
se agravó por una situación económica que la sociedad ya no soporta. Desabastecimiento de comida y medicinas que el
Gobierno achaca a una “guerra económica” y una hiperinflación que, según el
FMI, será este año de 2.500.000 %, unido al irremediable enfrentamiento entre
oficialismo y oposición, aumentado tras la cuestionada reelección presidencial
de Nicolás Maduro en mayo pasado.
Un explosivo cóctel que ha llevado – según la ONU –
a unos 2,3 millones de venezolanos a abandonar el país, de los que cerca de 1
millón están en Colombia (con campamentos improvisados en Bogotá) y cientos de
miles más en Brasil (ataques xenófobos de por medio), Perú (intentos legales
por limitar su entrada), Ecuador y Chile.
“La epifanía de la dictadura en Venezuela y
Nicaragua ha venido a estallarles en las manos a las sociedades
latinoamericanas”, aseguró a Efe el internacionalista Enrique Serrano,
catedrático de la Universidad del Rosario de Bogotá.
Esto en referencia a lo vivido en Nicaragua desde
abril pasado, cuando protestas contra unas fallidas reformas económicas
convertidas en pedidos para que Daniel Ortega deje el poder después de once
años fueron respondidas con mano dura.
El balance: entre 325 y 545 muertos según
organizaciones humanitarias o 199, según el Gobierno, que dice que frustró un
intento de “golpe de Estado”. Además, 610 “presos políticos” o 273 reos
“terroristas”, dependiendo de la fuente.
Dos crisis ante las que no “hay ninguna salida
obvia. Una de las cosas que han quedado claras en el último año, sobre todo en
Venezuela, es la tremenda impotencia de la comunidad internacional para cambiar
el rumbo autodestructivo de estos países que se vuelve regional”, agregó Casas
Zamora.
Además, ante la denunciada persecución a los
opositores, muchos han huido de Nicaragua, especialmente hacia Costa Rica, con
una “alta posibilidad de que en el futuro cercano se desate una crisis
migratoria”, comentó a Efe Marcelo Pisani, director regional de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) para Centroamérica, Norteamérica y el
Caribe.
Crisis migratoria que ya vive un capítulo explosivo
desde que el 19 de octubre unas 9.000 personas empezaron a salir en caravanas
desde Honduras, El Salvador y Guatemala hacia EE.UU., tras cruzar fronteras
comunes y México.
Después de intentos por detenerlas e incluso
amenazas del Gobierno de Donald Trump de utilizar “fuerza letal”, lo que
incluyó movilizar a 5.900 militares, al menos 7.000 centroamericanos están en
México, el 90 % en Tijuana a la espera de entrar a EE.UU.
“El fenómeno migratorio no se va a detener con
medidas de fuerza, sino abordando las razones que lo originan”, agregó Pisani,
para quien “no es un problema sino un proceso que se debe administrar adecuadamente”
y debe verse “como una oportunidad inclusive para los países de acogida”, por
el aporte económico y social que puede generar.
A todo esto se suman los problemas de corrupción
como el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que reconoció en 2016
haber dado 788 millones de dólares en sobornos en doce países.
El escándalo siguió cubriendo con su sombra a parte
de la clase dirigente, como el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto
Martínez, señalado en medio de un oscuro episodio ligado a ese caso, y la líder
opositora peruana Keiko Fujimori, que afronta en prisión preventiva desde
noviembre una investigación en su contra.
Algo que, igual, debe verse en perspectiva ya que,
según Casas Zamora, “la región ha creado instituciones, normas, estándares que
hacen más fácil descubrir la corrupción y exigir cuentas”. Por todo esto, en un año claramente difícil para
Latinoamérica, Serrano sentenció que “las crisis no van a desaparecer pero se
pueden minimizar” y que “el único remedio de corto o mediano plazo es un
fortalecimiento de la unidad regional”, algo que se antoja difícil tras “el
fracaso de alianzas ideológicas tipo Unasur y Alba”.