Prensa. Solidaridad.
La
coordinación nacional de la Mesa Social de Caracas, rechazó las acciones que
desde la Asamblea nacional constituyente viene adelantando el gobierno de
Nicolás Maduro en contra del presidente encargado Juan Guaidó al considerar que
“se violan todos los preceptos y principios fundamentales de la legislación
venezolana”, señaló Javier Simancas, abogado y miembro de este movimiento
social capitalino.
Explicó
que la intención de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de la que está
siendo objeto Juan Guaidó carece de legalidad porque las designaciones de los
miembros del Tribunal Supremo de Justicia no cumplieron con los requisitos para
poder ejercer el cargo de magistrados, tal como lo estableció la Asamblea
Nacional, algo que en su opinión “es sin lugar a dudas una aberración jurídica”
El
jurista precisó que en el caso del Fiscal general de la República no se cumplió
con su nombramiento de acuerdo al artículo 279 de la Constitución, que señala
que quien ocupe este cargo debe ser designado por la Asamblea Nacional. “Una
Asamblea nacional constituyente que no tiene basamento de origen, nombra a este
señor valiéndose de un mal llamado desacato que no tiene asidero jurídico”.
En
cuanto a la inhabilitación política, Simancas advirtió que el Contralor no
tiene la competencia constitucional para aplicarla. “En todo caso solo puede
sancionar porque sus actos son de índole administrativos, por lo que son, los
tribunales ordinarios, los únicos que tienen esa capacidad, de acuerdo con lo
que expresa el artículo 42 de la Carta magna al establecer que los derechos
políticos solamente pueden ser suspendidos por una sentencia definitivamente
firme”.
Recordó
que sobre este tema, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se
pronunció en 2011 en el caso de Leopoldo López y estableció que los organismos
administrativos “no podían inhabilitar políticamente a ningún ciudadano, no
olvidemos que somos parte de la comunidad internacional y del convenio que
conformó la creación de esta instancia supra regional desde el año 1977”.
“Ante
todas estas atrocidades jurídicas, hacemos un llamado a la Asamblea Nacional
para que exhorte al Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio a
pronunciarse por estos actos ineficaces y de nulidad absoluta”, enfatizó.
Por
su parte, Benito Urrea calificó como un “crimen político” la acción que desde
la Asamblea nacional constituyente en contra del presidente encargado Juan
Guaidó. “Cuatro organismos del Estado que han sido designados de manera
fraudulenta se han confabulado para matar lo que pudiera ser la última puerta
de salida a una democracia seria y responsable como lo son en todo el mundo”,
concluyó.
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