Prensa. WakaNoticias.
En
el marco de la situación político social venezolana, por primera vez la
población indígena es protagonista directa de la represión del Estado, con un
saldo al menos de 6 fallecidos y decenas de heridos en el sector Kumarakapay,
territorio Pemón del estado Bolívar. Tal vez por lo mediático de estos sucesos,
los fallecidos y heridos fueron de conocimiento y repudio nacional e
internacional. Igual de cierto es que el número de fallecidos y heridos en las
diferentes comunidades indígenas del sur del país sobrepasa esta cantidad, unos
por afecciones sanitarias y otros por la violencia que generan los grupos
armados en sus territorios, por sólo mencionar las vulneraciones del derecho a
la vida y a la salud. Los fallecidos de Kumarakapay no sólo fue en marzo
pasado, sino cada día en las comunidades indígenas azotadas por la malaria,
sarampión, desnutrición infantil y los grupos irregulares armados, sus mafias y
el militarismo.
Precarias
Condiciones Sociales de los Pueblos Indígenas de Venezuela Presentes en el
Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
En
la presentación del informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela por
parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACDH), celebrado en Ginebra el 20-03-2019, como pocas veces, se calificó a
los pueblos indígenas de este país como una “población especialmente
vulnerable”. También indicó textualmente, que, “las condiciones extremas
obligan a un número significativo de pueblos indígenas a cruzar la frontera
hacía Brasil en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”.
A
pesar que la presentación del referido informe no fue pormenorizado sobre las
violaciones de derechos humanos contra las poblaciones indígenas, es pertinente
resaltar la importancia de haber sido incluido en el texto, lo cual significa
que los padecimientos de los 34 pueblos indígenas del país (2.4% población
nacional según censo INE 2011), han trascendido hacia el mundo a través del
foro internacional de derechos humanos más importante del planeta. Sin embargo,
es conveniente aprovechar esta oportunidad para apuntarle a la OACDH una serie
de datos sobre los padecimientos sociales de los 19 pueblos indígenas que
habitan en el estado Amazonas (la entidad con mayor diversidad étnica del
país), datos que han sido obtenidos a través de investigaciones de campo en
diferentes comunidades del interior del estado, investigaciones documentales,
así como entrevistas a personas claves de varias comunidades en conflicto
sociosanitario o amenazadas por la violencia de grupos armados en actividades
de extractivismo y conexas.
Situación
Sociosanitaria del Pueblo Yanomami del Alto Orinoco
Basado
en datos de investigaciones ejecutadas por un equipo multidisciplinario para el
Observatorio de derechos Indígenas “KAPE-KAPE”, durante el último semestre del
año 2018 se evidenció una muy grave situación sociosanitaria en las comunidades
indígenas de los municipios Atures, Autana, Atabapo, Alto Orinoco y Manapiare
del referido estado. Uno de los casos más graves es la experimentada por el
pueblo Yanomami, quienes habitan en el Alto Orinoco, específicamente en el eje
aéreo de Parima, Koyowë y Cerro Delgado Chalbaud; así como en el eje fluvial
de Ocamo, Padamo, Mavaka, Mavakita y Platanal.
Esta
población conformada por aproximadamente 17.000 personas en territorio
venezolano, actual e históricamente ha sido víctima de graves
padecimientos sanitarios, en especial
por altos índices de malaria y recientemente la reaparición del sarampión en la
Sierra Parima, noreste estado Amazonas. En el caso del paludismo o malaria, la
situación es generalizada, en cada comunidad visitada o reportada por los
Agentes Comunitarios Yanomami de Atención Primaria en Salud (ACYAPS), se
evidencian numerosos casos, que además tiene un significativo repunte en el
periodo lluvioso. Igualmente se ha podido corroborar que en las zonas donde se
practica la minería, los casos de malaria son más evidentes, debido a que
dichas prácticas crean condiciones físicas para la generación y propagación de
los vectores que transmiten esta enfermedad. Al respecto existen estudios de
Investigación realizados por la científica y docente María Eugenia Grillet, del
Laboratorio de Vectores y Parásitos de la Universidad Central de Venezuela,
donde se reitera que en las zonas donde se ejecutan estas prácticas, la
prevalencia de malaria aumenta exponencialmente, inclusive, propagando esta
enfermedad a otras latitudes según la movilidad de las personas afectadas.
Las
condiciones geográficas del Alto Orinoco, conformadas por grandes extensiones
de selvas o bosques tropicales, hacen del territorio Yanomami un conjunto de
zonas de mediano y difícil acceso, por lo cual la atención o cobertura médica
es irregular y en determinados lugares inexistente. Las comunidades del noreste
de la Sierra Parima: Irota, Tokori, Oroshi, Hokomawë, Himaraöshi y Shamakörona
(20-40 Km de Roraima-Brasil), entre otras, son de las más críticas desde el
punto de vista de la no cobertura del sistema de salud pública. De estas
remotas comunidades pocos datos epidemiológicos se han obtenido públicamente,
salvo los recabados a través de los enfermeros y microscopistas ACYAPS, que a
falta de información oficial, frecuentemente reportan numerosos casos de
malaria y otras afecciones no diagnosticadas por falta de personal médico
calificado. Se entiende que la información epidemiológica de estos sectores, ha
estado censurada para el público y la academia, quienes en el mejor de los
casos deben informarse de manera informal o por investigaciones particulares.
El Sistema de Regional de Salud y en especial el Centro Amazónico de
Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (CAICET), si tienen esta
información, pues han estado yendo a esta zona esporádicamente, al menos una o
dos veces al año desde los sucesos de Irotatheri en 2012, fecha antes de la
cual, estos organismos no sabían de la existencia de estas comunidades. A
partir de este suceso, las comunidades de la zona están incluidas en el
programa de oncocercosis, debido a que se detectó que sus habitantes presentan
esta enfermedad a niveles hiperendémicos.
Ante
la necesidad de evaluar la situación epidemiológica en los shabonos o
comunidades indígenas, los enfermeros y microscopistas ACYAPS hacen pertinente
el reporte de casos según los síntomas presentados por los pacientes,
relacionando las afecciones más frecuentes con malaria, enfermedades
gastrointestinales (en especial en niños), enfermedades respiratorias y las más
graves vinculadas a tuberculosis. A pesar que dicho personal de salud no está
autorizado para suministrar de manera oficial esta información, sus aportes no
dejan de ser de importante valor para este trabajo, debido a que dichos datos
han sido obtenidos en sus actividades diarias en comunidades donde brindan
asistencia de atención primaria.
Datos
sobre la Morbilidad y Mortalidad del Pueblo Yanomami.
Es
difícil cuantificar, registrar y sistematizar estos datos, pues como se dijo
antes, se trata de zonas de muy difícil acceso y además su tránsito está
restringido por una serie de medidas impuestas por el Comando de la Zona
Operativa de Defensa Integral N° 63 (ZODI 63). Sin embargo, con los diferentes
datos o reportes obtenidos de funcionarios del sistema de salud pública no
autorizados para brindar información oficial, conjuntamente con entrevistas a
actores claves de diferentes comunidades indígenas del Alto Orinoco, se estima
en la cifra más conservadora, que entre 5 y 8 yanomami fallecen al mes por
diferentes afecciones, lo que a su vez significa la ausencia de atención medica
en la mayoría de los 250 shabonos o comunidades que conforman este pueblo
indígena. Además, en las comunidades donde existen ambulatorios médicos, los
medicamentos e insumos son muy escasos. El antimalarico y las pruebas rápidas
de diagnóstico de malaria, son de los recursos más usados por los enfermeros
para atender a los pacientes de esta enfermedad, pero dichos suministros son
insuficientes para cubrir toda la demanda, motivo por el cual dicho tratamiento
médico es muy irregular (no se entrega el tratamiento completo) y esto pudiera
ser la causa de los recurrentes casos de malaria en una misma persona. Ante la
irregularidad en el suministros de este tratamiento, los indígenas optan por
emplear formulas curativas según los usos y costumbres de la medicina
tradicional, lo cual mitiga en la mayoría de los casos sus padecimientos de
salud.
Continuando
con los datos sobre la morbilidad y mortalidad en las comunidades indígenas del
Alto Orinoco, es preciso apuntar algunas cifras, que en este caso fueron
publicadas por nuestro amigo Aimé Tillett, quien tiene estudios en antropología
y se ha dedicado a lo largo de su carrera a la investigación de la situación de
salud indígena en Venezuela. Al respecto Aimé Tillett, en marzo de 2018, en
artículo para el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, refiere que a
pesar de una serie de derechos constitucionales y legales de protección en
materia de salud en favor los pueblos indígenas, “estos siguen presentando
algunos de los peores indicadores de salud, quienes tienen mayor probabilidad
de morir por diarrea, enfermedades respiratorias, enfermedades prevenibles por
vacuna, desnutrición, parasitosis intestinal, anemia, complicaciones en el
parto, hepatitis viral, tuberculosis y malaria; la mayoría altamente evitables
si son atendidas a tiempo”.
Igualmente,
Tillett continúa apuntando los siguientes datos de especial interés para la
salud indígena en Venezuela: Los pueblos indígenas tienen mayor riesgo de
contraer difteria, sarampión y otras enfermedades prevenibles con vacuna,
debido a la baja cobertura de vacunación en sus territorios.
La
mortalidad infantil entre los indígenas yanomami, oscila entre el 15% y 50% de
niños nacidos vivos, la mayoría antes de llegar a los 5 años. La esperanza de
vida al nacer de la población yanomami puede ser hasta 40 años inferior al
promedio nacional. Las mujeres indígenas encabezan la lista de mortalidad
materna en Venezuela. En 2012 en Amazonas la tasa fue de 120,5 por 100.000 NVR.
La
contaminación por mercurio en la amazonía venezolana, consecuencia de la
minería ilegal, afecta especialmente las comunidades indígenas.
La
epidemia de malaria que se desarrolla con mayor intensidad en los estados
Bolívar y Amazonas. Está principalmente asociada a las zonas mineras, que se
encuentran en su mayoría en los territorios de ocupación tradicional de los
pueblos indígenas.
Actualmente
la carencia de medicamentos antimalaricos es generalizada y hay una alta
mortalidad que no se está registrando. Una vez revisados estos datos de años
anteriores, observamos en cuanto al tipo de enfermedades, una similitud en
relación con aquellas que hoy continúan afectando a los pueblos indígenas de
del país, donde está inmersa de manera particular la población yanomami. Estos
datos a pesar de ser muy alarmantes, en la actualidad pudieran ser aún peor
debido al debilitamiento que ha sufrido el sistema de salud público nacional y
de manera particular el Plan de Salud Yanomami, que será analizado en este
mismo trabajo (infra). Además, en cuanto a la malaria es necesario presentar
los interesantes datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que
para el año 1999 registró 19.086 casos, para el año 2014 registró 46.655 y para
el año 2016 registró 240.613. El más reciente reporte de este organismo
regional indica que durante el año 2017 se presentaron 319.842 casos
confirmados en el territorio nacional; por supuesto que la mayoría de estos
casos, aunque no estén discriminados por territorios, fueron presentados en
comunidades indígenas donde confluye la
minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas. Igualmente la OPS ha
expresado su especial preocupación debido al drástico repunte de la malaria en
Venezuela, así como por la reaparición de estos casos en zonas donde se había
logrado erradicar.
La
Red Venezolana de Salud Pública, publicó el 04 agosto de 2017 que el estado
Bolívar es la entidad federal con mayor incidencia de malaria, con 116.612
casos para la fecha, equivalente al 63,29% de los casos nacionales. También
indicó que el segundo estado con mayor número de casos de malaria es Amazonas
con 32.797, lo que representa un 17,80% de los casos nacionales y un 18,80% de la población de esta entidad federal.
Igualmente esta cantidad de casos
representa un aumento de 3,55 veces más que en 2016.
La
Dra. María Eugenia Grillet, recientemente advirtió “que el Programa de
Vigilancia Diagnostico y Control de la
Malaria se ha ido desmantelando poco a poco desde 2012, lo que ha magnificado
la epidemia de manera descontrolada” (EFE, 15 abril 2019).
Caso
emblemático sobre mortalidad por causa de la malaria en los shabonos del Alto
Orinoco.
En
entrevista de junio 2018 con enfermeros Yanomami ACYAPS, reportaron la muerte
de cinco (05) indígenas en la comunidad Yanomami “Haximú” durante el mes de
febrero de ese mismo año, que según los síntomas presentados por los hoy
fallecidos, hizo presumirles a los dos enfermeros del sector, que se trató de
malaria. Los fallecidos fueron dos (02) niños, dos (02) adultos y un (01)
anciano (por razones socioculturales sus identidades no deben ser reveladas
públicamente). Estos decesos no fueron reflejados en los registros oficiales,
por lo cual a nivel gubernamental se estaría haciendo un inadecuado o poco
control sobre estos datos. Esta situación refleja que el registro sanitario en
el Alto Orinoco es precario, originando con ello los subregistros
epidemiológicos que frecuentemente pulicán las organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales (ver trabajo de investigación “Situación
Sociosanitaria en Comunidades Indígenas del estado Amazonas y los Subregistros
Epidemiológicos”, de Luis Betancourt Montenegro para WWW.KAPÉ.KAPÉ.ORG).
El
caso de los cinco fallecidos de Haximú durante el mes de febrero de 2018,
quisimos traerlo al presente trabajo de investigación como una muestra de lo
que frecuente o comúnmente ocurre en estas comunidades donde la atención médica
es precaria o inexistente. Es posible que la falta de asistencia médica en
estas comunidades remotas sea motivado a su difícil acceso, pero es allí donde
el Estado debe emplear su recurso humano y logístico para garantizar el derecho
a la salud y a la vida de una población que además se encuentra en estado de
especial vulnerabilidad sanitaria, expresado así en el reciente informe de la
Alta Comisionada de la ONU para los DDHH. Además se sostiene que al tratarse de
un vasto territorio de aproximadamente 50.850 Km², conformado por una geografía
tan agreste como la selvática tropical, donde se estima que la atención medica
alcance en este momento entre el 30-35% del territorio; entendiéndose que a
pesar de los datos aportados por esta investigación, más los reportados por los
organismos oficiales, aún quedan otros datos epidemiológicos sin revelar en
proporción al número de comunidades desatendidas ubicadas en zonas inhóspitas
de poco o reciente contacto con la sociedad occidental (ver trabajo de
investigación “Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial”,
de Luis Jesús Bello, IWGIA-IPES, 2012). Dicho esto, se advierte que los datos
presentados en este trabajo son solo referenciales, pues se estima que al menos
entre el 50-60% de las comunidades yanomami se encuentran en situación de
difícil acceso. Además, por lo precario del sistema de salud público del Alto
Orinoco, hay comunidades que estando relativamente cerca de los ambulatorios
tampoco reciben atención sanitaria, en la mayoría de los casos por falta de
medicamentos, insumos y/o personal médico.
Igualmente
se debe tomar en cuenta que un importante número de indígenas Yanomami cruzan
la frontera hacía Roraima-Brasil, en búsqueda de atención sanitaria y
medicamentos, en especial habitantes de las comunidades del Parima. En estos
casos, los registros o controles epidemiológicos no son reflejados por
autoridades venezolanas.
Compromisos
del Gobierno Nacional ante la CIDH sobre Medidas Sanitarias en Favor del Pueblo
Yanomami (estado de cumplimiento).
Continuando
con la situación sanitaria del pueblo Yanomami, es pertinente recordar que el
Estado venezolano en el año 1999 contrajo un compromiso de Acuerdo de Solución
Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de garantizarle a
dicho pueblo indígena su derecho a la salud, por haber sido declarado
responsable de permitir por omisión, el asesinato en el año 1993 de 16 Yanomami
en la comunidad “Haximú” (Masacre de Haximú, caso 11.706-96), por parte de
garimpeiros que ejercían actividades de minería en territorio de este pueblo
indígena. Uno de los tres compromisos que asumió el Estado venezolano, fue
“diseñar, financiar y poner en práctica un programa especial de salud dirigido
al pueblo Yanomami”. En efecto, en el año 2005 se puso en funcionamiento el
Plan de Salud Yanomami (PSY), que entre otros aspectos contenía la “ampliación,
dotación y expansión del Distrito Sanitario N° 4 del Alto Orinoco”, así como la
formación en medicina simplificada de indígenas Yanomami, como garantía de
asistencia directa y sostenida de atención primaria en salud a las comunidades
de mediano y difícil acceso. Este programa tuvo importante éxito, logrando
alcanzar una cobertura record de aproximadamente 65-70% del territorio Yanomami
(65-70% de 50.850 Km²), con atención preventiva y curativa de diferentes afecciones.
La clave del éxito fue el recurso logístico que estuvo dispuesto para las
distintas operaciones sanitarias, para lo cual fue un aliado determinante el
Plan Estratégico Nacional para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de Sur
del Ministerio de la Defensa (PENDDCS), que disponía de una flota de aeronaves
de ala fija y rotatoria exclusivamente para las distintas actividades del
referido PSY. Al día de hoy el PSY no cuenta con recursos económicos ni
logísticos para continuar sus labores de asistencia médica, lo cual significa
su desaparición operativa. Igualmente fue desarticulado el mencionado PENDDCS,
quedando en su lugar el Grupo Aéreo de Transporte N° 9 de la Fuerza Aérea,
unidad militar que a pesar de sus esfuerzos no cubre la demanda de las comunidades
indígenas en necesidad de atención médica a través del puente aéreo requerido.
Reaparición
del Sarampión en Comunidades Yanomami del Alto Orinoco
Es
necesario un aparte especial para tratar la situación del brote de sarampión en
varias comunidades de la Sierra Parima Municipio Alto Orinoco. La reaparición o
brote de sarampión reportado en este sector entre los meses de junio y julio de
2018, no ha sido declarado oficialmente por autoridades venezolanas ante la
opinión pública, a pesar de haber suficiente información sobre la existencia de
este conflicto sanitario en la referida zona. Sin embargo, el Ministerio del
Poder Popular para la Salud, por obligaciones contraídas, ha informado
periódicamente a la OPS sobre este conflicto y su evolución; por lo cual los
venezolanos nos enteramos sobre dicha situación a través de los boletines que
publica este organismo de salud continental (OPS).
La
información que se obtiene sobre este brote de sarampión nos provienen
organismos de salud internacional, autoridades sanitarias brasileñas, ONG´s
nacionales e internacionales, así como de funcionarios del sistema de salud
pública venezolano no autorizados para emitir información oficial. Esta ha sido
la constante en los diferentes episodios de este tenor, donde la opinión
pública debe informarse de su situación sanitaria a través de datos no
oficiales para saber en qué situación epidemiológica se encuentra la sociedad
de la cual forma parte, constituyéndose así el subregistro epidemiológico.
Esta
situación de desinformación oficial genera lo que hoy está ocurriendo con este
conflicto sanitario, que inicialmente se manejó la cifra de 16 yanomami
fallecidos por esta causa, luego 27 y la última cifra de 71 fallecidos en todo
el sector Parima del Alto Orinoco. Para el mes de julio de 2018, el
Observatorio de Derechos Indígenas KAPÉ-KAPÉ, a través de sus investigaciones
manejó la cifra de 16 fallecidos a causa de esta situación epidemiológica. Las
comunidades más afectadas por este brote de sarampión fueron: Irotatheri,
Tokoritheri, Hokomawëtheri y Shamaköronatheri, así como los shabonos más
pequeños a la redonda. Igualmente, según los reportes de los ACYAPS y médicos
del Centro Amazónico para Investigación y Control de Enfermedades Tropicales
(CAICET), dicho conflicto epidemiológico se inició entre los meses de enero y
marzo de 2018.
Por
las características y patrones epidemiológicos, se presume que el conflicto
sanitario surgió en las comunidades Yanomami del estado de Roraima-Brasil, que
luego se extendió hasta las referida zona de Parima, situación de contagio y
propagación nada extraña debido a que se trata de un mismo pueblo indígena que
habita territorios binacionales, que además por razones socioculturales y
ambientales, el contagio entre los yanomami es muy propenso.
Se
reconoce el esfuerzo y mística de trabajo del CAICET conjuntamente con el
Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela en el
abordaje de esta situación, siendo los únicos organismos abocados en la
investigación y control de este conflicto sanitario. Sin embargo, los recursos
logísticos y cadena transporte, en especial el aéreo, son insuficientes para el
efectivo saneamiento y control epidemiológico en la zona.
Dicho
esto, la situación del sarampión en las comunidades yanomami del Alto Orinoco
ha sufrido un agresivo cerco comunicacional que ha impedido tener acceso a
información oficial, por lo cual esta investigación pretende ilustrar datos de
interés sobre la situación.
En
otro sentido, pero dentro del
diagnóstico de la situación de salud yanomami, se resalta que actualmente el
CAICET ejecuta el programa de oncocercosis en las comunidades afectadas por
esta infección, siendo uno de los pocos programas sanitarios en tener una
importante cobertura de atención, gracias al financiamiento y apoyo técnico del
Programa para la Eliminación de la Oncocercosis de las Américas (OEPA).
Análisis
Integral sobre la Situación Sanitaria del Pueblo Yanomami
La
situación sociosanitaria del pueblo yanomami resulta muy compleja, tanto como
los factores que influyen e inciden en su morbilidad y mortalidad. Este pueblo
indígena ha estado sometido históricamente a la invasión de sus territorios por
mineros ilegales, quienes al penetrar en comunidades con patrones culturales y
epidemiológicos específicos, introducen patógenos o enfermedades que generan
desequilibrios sanitarios. Esta parece ser una de las primeras causas de
morbi-mortalidad en las comunidades más vulnerables. Unido al tema de la
invasión de los territorios yanomami, está la violencia generada por los
mineros. Hay reiterados casos de yanomami muertos y heridos por esta causa, uno
de los más notables fue la masacre de Haximú en 1993 y más recientemente el de
Irotatheri en 2012. Para que tengamos una cifra referencial, les presentamos un
excelente trabajo de investigación de los profesionales Aimé Tillett y Luis
Jesús Bello, en su obra bibliográfica “Minería en la Amazonía Venezolana, el Caso
del Pueblo Yanomami” (2015), donde indican que desde la década de los 80 con la
masiva invasión de los territorios Yanomami en Brasil y Venezuela por parte de
miles de mineros ilegales, han causado más de 2.000 muertes a miembros de este
pueblo indígena, en su mayoría por la acción de enfermedades endemoepidemicas
introducidas por los garimpeiros, así como ocasionadas por agresiones en múltiples episodios de
violencia a la que ha estado sometido este pueblo indígena, situación
ampliamente documentadas en la referida obra (pág. 19 y 20).
El
Alto Orinoco es el hábitat del pueblo yanomami, que presenta unas
características geográficas especiales, propias de las selvas tropicales
amazónicas, y a su vez, zonas de enfermedades endémicas y epidémicas, a las
cuales están expuestos. Unido a estos
tres determinantes factores, podemos afirmar que la baja cobertura de atención
medica en el territorio yanomami ha influido drásticamente en su situación
sanitaria, pues como se advirtió antes, un número importante de enfermedades
que azota a este pueblo indígena es prevenible con una vacuna o atención médica
a tiempo, con lo cual se pudieran revertir los índices de enfermedades y
fallecimientos en esta zona.
Análisis
Jurídico
De
la investigación documental y de campo que generó este trabajo, se aprecian
claras vulneraciones del derecho a la salud de los pueblos indígenas, contenido
en los artículos 83 y 84 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, así como en el 122 de la misma carta fundamental, que es
desarrollado amplia e integralmente en el capítulo II, título V de la Ley
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como el artículo 24 de la
Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y
artículo 25 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Igualmente
se aprecia una clara vulneración del derecho a la vida (de estrecha relación
con el derecho a la salud), contenido en el artículo 43 de la CRBV, pues en el
referido territorio Yanomami del Alto Orinoco, la mayoría de las muertes han
ocurrido por falta de atención médica preventiva y curativa; responsabilidad
que le está atribuida de marera exclusiva y excluyente al Estado venezolano a
través de las instituciones respectivas.
En
este sentido, el análisis y las formulas jurídicas indican la indubitable
violación del derecho a la salud y a la vida de los pueblos indígenas, que
además requiere una atención especial por mandato de los referidos instrumentos
jurídicos nacionales e internacionales, por tratarse de pueblos con culturas
propias y específicas, tratamiento que se considera preferente en razón del
saldo histórico que se le adeuda a dichos pueblos originarios, lo que el
Antropólogo y Abogado Erick Gutiérrez, define como discriminación o
determinación positiva. Además de las referidas violaciones del derecho a la
salud, también se evidencia la vulneración del derecho a la información
contenida en el artículo 51 de la Constitución Nacional, al existir un silencio
en torno a la situación epidemiológica del estado Amazonas, en especial de los
pueblos y comunidades indígenas de su interior.
Por
último y de especial interés, ante la evidente y recurrente violación de una
serie de derechos que afecta la vida individual y colectiva del pueblo
yanomami, se hace necesario una revisión urgente del estado de cumplimiento del
Acuerdo de Reparación Amistosa entre el Estado venezolano y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, contraída el 10 de diciembre de 1999. Con
esta revisión pudieran reactivarse una serie de planes y programas de atención
sanitaria que seguramente revertiría su situación sanitaria y de seguridad e
integridad de sus territorios.
Los
indicadores de salud de los pueblos indígenas desde nuestra perspectiva analítica,
siempre se enfocará desde una visión integral de la calidad de vida y
desarrollo humano. Esto significa, que la articulación sistémica de otros
indicadores como, seguridad alimentaria, disponibilidad de servicios mínimos,
capacidad resolutiva de atención en salud, seguridad a los modelos
socioproductivos autóctonos, acceso a una sistema educativo intercultural
bilingüe entre otros, son fundamentales para aproximarnos a definir la salud
como un valor y no estrictamente como la ausencia de enfermedades.
Luis Betancourt Montenegro
betancmont444@gmail.com
0426-2252693
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