Prensa.
New York Time en español.
La
decisión se produjo el mismo día en que un juez federal en Washington, al
analizar la medida en otro proceso judicial, mantuvo la nueva regla, lo que fue
visto como una victoria del gobierno. Pero la orden del juez Tigar impide que
la medida se cumpla hasta que las cuestiones legales puedan debatirse más a
fondo.
Por lo
que, el juez federal le ordenó el miércoles al gobierno estadounidense que
continúe aceptando solicitudes de asilo de todos los migrantes que llegan a los
Estados Unidos y cumplen con los requisitos para solicitar esa medida de
protección. Esa decisión frena temporalmente el último intento del presidente Donald
Trump para detener el flujo de migrantes que cruzan la frontera sur.
El
juez Jon S. Tigar, del tribunal de distrito en San Francisco, emitió un recurso
judicial preliminar contra una nueva regla que busca prohibir las solicitudes
de asilo en los Estados Unidos para la mayoría de los migrantes
centroamericanos que este año han estado llegando en cifras récord. También
habría afectado a muchos migrantes de África, Asia y otras regiones.
La
medida, que ahora se ejerce de manera limitada en Texas, exige que las personas
migrantes busquen asilo en el primer lugar seguro al que llegan que, en la
mayoría de los casos actuales, sería México. Como los migrantes de Honduras, El
Salvador y Guatemala conforman la gran mayoría de los solicitantes de asilo que
llegan a la frontera sur, esa política afectaría de manera grave sus
posibilidades de obtener esa protección en los Estados Unidos.
“Es
muy probable que esta nueva regla no sea válida porque es inconsistente con las
leyes de asilo existentes”, escribió el Juez Tigar en su resolución del
miércoles, y agregó que la decisión del gobierno de implementarla fue
“arbitraria y caprichosa”.
El
gobierno, que se espera que apele la decisión, ha dicho que la regla intenta
evitar la explotación del sistema de asilo por parte de quienes emigran de
manera ilegal a los Estados Unidos. Al obstruir los tribunales de inmigración
con reclamos que no cumplen los requisitos, el gobierno argumenta que esas
personas perjudican a los solicitantes de asilo con casos legítimos que deben
esperar más tiempo para obtener la protección que merecen.
Con
la implementación de esa política, anunciada por el gobierno estadounidense el
15 de julio, solo los migrantes a quienes oficialmente se les haya denegado
asilo en otro país por el que hayan pasado o que hayan sido víctimas de tráfico
humano “severo”, pueden solicitar asilo en Estados Unidos.
Los
hondureños y salvadoreños tendrán que solicitar asilo en Guatemala y México, y
es necesario que les haya sido denegado antes de que puedan solicitarlo en
Estados Unidos. En el caso de los guatemaltecos deberán solicitar la protección
en México y ser rechazados. La política es un retroceso a las antiguas leyes de
asilo que se aseguran de que las personas pueden buscar un refugio seguro, sin
importar su procedencia.
El
16 de julio, el día que entró en vigor la nueva regla —inicialmente en el valle
del río Grande de Texas— la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles
(ACLU por su sigla en inglés) desafió la política en una corte en San
Francisco. El caso fue revisado el miércoles en Washington y se presentó de
manera separada por dos organizaciones de defensa, la Coalición de los Derechos
de los Inmigrantes del Área de la Capital y Refugee and Immigrant Center for
Education and Legal Services (RAICES).
“El
tribunal reconoció, al igual que lo hizo con la primera prohibición de asilo,
que el gobierno de Trump intenta acabar las protecciones de asilo promulgadas
por el congreso”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU que participó en el caso
de San Francisco.
Los
grupos que cuestionan la medida argumentan que las leyes de inmigración
promulgadas por el congreso estadounidense establecen que una persona no puede
optar por el asilo solo si el solicitante está “firmemente asentado” en otro
país antes de llegar a los Estados Unidos. Las leyes también requieren que un
solicitante de asilo solicite protección en otro lugar, solo si los Estados
Unidos han firmado un acuerdo con ese país y al solicitante se le garantizó un
“procedimiento completo y justo” allí, dijeron los representantes de las
organizaciones.
El
juez Tigar estuvo de acuerdo. “La regla no proporciona ninguna de estas protecciones”,
dijo en su fallo. Durante una audiencia del caso celebrada el miércoles, un
abogado del Departamento de Justicia, Scott Stewart, dijo que la gran afluencia
de familias migrantes había generado una “crisis” que se había vuelto
“particularmente grave” y había generado “tensión” en el sistema de asilo.
“Los
migrantes entienden lo básico de los incentivos y están informados sobre cómo
los cambios en la ley y la política pueden afectar sus opciones”, dijo Stewart
al juez.
El
juez Tigar expresó su preocupación por obligar a los solicitantes de asilo a
pedir protección en México o en Guatemala. “No vemos cómo alguien podría leer
estas disposiciones y pensar que son países seguros”, dijo, refiriéndose al
lenguaje de la medida que exige que los migrantes deben solicitar protección en
el primer país seguro.
El
juez también dijo que el gobierno no abordó la “adecuación del sistema de asilo
en Guatemala”, que no está equipado para manejar un aumento de solicitudes.
Charanya
Krishnaswami, directiva de Amnistía Internacional, dijo que es inhumano y cruel
obligar a las personas que huyen de la violencia a buscar seguridad en lugares
que son tan peligrosos como los países de donde huyeron. “Todas las personas
que buscan protección tienen el derecho a recibir un trato humano y un proceso
de asilo justo en los Estados Unidos y el derecho internacional”, dijo.
En
una corte federal en Washington, dos grupos de defensa presentaron argumentos
similares en contra de la nueva política. Pero ese juez, Timothy J. Kelly,
consideró que las organizaciones de defensa no presentaron suficientes pruebas
para sustentar su argumento de que resultaría un “daño irreparable” para los
demandantes si no se imponía un bloqueo inmediato y temporal a la política.
Aunque la regla impactaría a los migrantes que buscan asilo “los demandantes ante
mí no son solicitantes de asilo”, dijo el juez.
“Solo
hay dos organizaciones, una de las cuales opera en la zona de DC, lejos de la
frontera sur”, dijo. En años recientes, el número de personas migrantes que
recurren al proceso de asilo se ha incrementado de manera dramática.
Familias
migrantes y menores no acompañados han empezado a presentarse en cifras récord
ante los agentes de la Patrulla Fronteriza para pedir asilo, algo que les
permitía quedarse en Estados Unidos durante años mientras sus casos eran
procesados en las cortes de inmigración, que operan con retraso. Solo un 20 por
ciento de ellos lograrán asilo, según el gobierno, y muchos de los solicitantes
que son rechazados se quedan de manera ilegal en el país.
El
gobierno anunció su nueva política de asilo a pesar de que Guatemala y México
no están de acuerdo con el plan, lo que significa que esos países no han
asegurado que otorgarán asilo a los migrantes que intentan llegar a Estados
Unidos.
El
gobierno de Trump ha estado negociando durante meses con Guatemala y México con
la esperanza de reducir la cantidad de solicitantes de asilo que se presentan
en la frontera sur del país. Las conversaciones con Guatemala fracasaron y el
presidente Jimmy Morales se retiró de una reunión prevista para el 15 de julio
en la Casa Blanca. Las conversaciones con México continúan.
En
noviembre, el presidente Trump presentó una política distinta que prohíbe que
los migrantes soliciten asilo si no lo hicieron primero en un puesto de control
legal. Solo quienes hayan ingresado al país por un puerto autorizado de entrada
serían candidatos a solicitar la protección, no así quienes hayan cruzado de
manera ilegal, incluso si se entregan a las autoridades.
Pero
el gobierno ha encontrado otras maneras de detener la llegada de migrantes. En
los puertos de entrada, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza han
ralentizado de manera significativa el procesamiento de solicitantes a través
de un sistema llamado metering (medición o dosificación) que limita la cantidad
de procesados diarios a tan pocos como una decena.
Además,
las cortes han permitido que el Departamento de Seguridad Nacional empiece a
exigir a los solicitantes de asilo que esperen en México la fecha de su
audiencia ante la corte, socavando sus posibilidades de conseguir asilo al
dificultarles conseguir un abogado que los represente en Estados Unidos. Unas
16.000 personas migrantes esperan ahora en ciudades fronterizas como Tijuana
bajo el programa oficialmente llamado Protocolos de Protección al Migrante pero
conocido como Permanece en México.
En
noviembre, el presidente Trump anunció otra medida que le prohibía a los
migrantes poder solicitar asilo si no realizaban la solicitud en un punto de
entrada legal. El juez Tigar, que también estaba analizando ese caso, emitió
una orden de restricción temporal que bloqueaba esa regla. El caso se encuentra
actualmente en proceso de apelación en el Noveno Circuito.
Zolan
Kanno-Youngs reportó desde Washington, DC y Miriam Jordan desde Los Ángeles.