Prensa. La Patilla.com.
Un
informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
publicado hoy insta al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas
específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos
económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en
el país.
El
informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el
éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y
empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
En
el informe, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde
2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia
“orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a
quienes critican al Gobierno”. Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que
ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control
institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves
violaciones de derechos humanos. En el documento se destaca la repercusión de
la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios
necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de
alimentación y cuidados médicos, entre otros.
El
informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de
derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros
ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre
enero de 2018 y mayo de 2019.
La
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una
amplia gama de figuras políticas, desde el Presidente Nicolás Maduro y otros
altos funcionarios del gobierno, hasta el Presidente de la Asamblea Nacional,
así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros
interesados, y también con víctimas y sus familiares. Tras la visita, un equipo
de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo
que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la
situación de derechos humanos.
“Durante
mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han
sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He
transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como
las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las
autoridades competentes”, declaró la Alta Comisionada Bachelet.
“El
Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más
espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a
facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es
compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas
que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales,
impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones
significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades
competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos,
cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”.
El
informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado
durante la última década. En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas
civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones
arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus
familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de
detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las
manifestaciones.
Los
grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido
al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir
las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas
realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las
fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.
La
proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas
de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto
de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, según señala
el informe. En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por
“resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de
enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas,
según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las
cifras podrían ser muy superiores.
El
informe indica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas
privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de
año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido
despojados de su inmunidad parlamentaria.
Si
bien la Alta Comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad
de 62 presos políticos, también pidió a las autoridades que liberasen a todas
las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de
manera pacífica sus derechos fundamentales.
El
informe hace hincapié en que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de
derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación
adecuada.
“Según
los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a
las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el
informe. Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos
omnipresentes y, en la mayoría de los casos, a investigaciones que se estancan.
“El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de
investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el
Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos
humanos”.
En
cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el espacio para los
medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la
prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de
periodistas independientes. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de
imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos
y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.
Aunque
la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran
sanciones a algunos de sus sectores, en el informe se afirma que las últimas
sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando
aún más los efectos de la crisis. Además, señala, el Estado incumple su
obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención
sanitaria.
La
escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido
en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de
desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas
de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las
colas para comprar alimentos. A pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos
para afrontar esta situación mediante programas sociales, amplios sectores de
la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas
entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran
partidarias del Gobierno.
La
situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal,
suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los
equipos. En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019,
que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo
en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.
El
informe también aclara la repercusión desproporcionada de la situación
humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control
de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas
militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados. “La extracción de
minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, …ha dado lugar a
violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a
mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con
su tierra”, señala el documento
En
el informe se formula un conjunto de recomendaciones dirigidas al Gobierno en
relación con las principales violaciones de derechos humanos documentadas por
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
“Espero
sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información
contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos
estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo
y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda
adecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet.
“Un
sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del
sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica,
relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos
humanos a los que todo venezolano tiene derecho”.
“Exhorto
a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el
resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para
solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para
seguir apoyando”.
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