Un
informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
publicado el 4 de julio d 2019 detalla las graves violaciones del régimen de
Nicolás Maduro contra los periodistas y medios de comunicación en su afán de
imponer una hegemonía comunicacional.
En
el capítulo III de los derechos civiles y políticos se incluye la situación de
la libertad de expresión y opinión, donde se resalta lo siguiente:
En
los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional
imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe
los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado
empeorando en 2018-2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el
Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de
televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de
periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país
inmediatamente después de su liberación. Actualmente hay centenares de
periodistas venezolanos/as exiliados/as. Internet y las redes sociales se han
convertido en los principales medios de comunicación e información de la
población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las
personas que no tienen acceso a internet. La velocidad de la internet está
disminuyendo paulatinamente, incluyendo por la falta de inversión en
infraestructura. Asimismo, en los años recientes, el Gobierno ha bloqueado
sitios web de noticias independientes y ha bloqueado regularmente las
principales redes sociales.
El
ACNUDH documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por
expresar opiniones en redes sociales. En los últimos diez años, la ONG Espacio
Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55
personas por publicaciones en medios sociales – 24 de ellos en 2018[1].
[1] Espacio Público, “Detenciones en línea.
Presos por usar las redes sociales”, 2 de mayo de 2019, http://espaciopublico.ong/detenciones-en-linea-presos-por-usar-las-redes-sociales/#.XPBMhY9S_cs
En
el informe se recomienda aplicar medidas efectivas para proteger a las personas
defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios
de comunicación; y autorizar el libre acceso a la información de interés
público.
También
se insta al régimen a “adoptar de inmediato medidas específicas para detener y
remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles,
políticos y culturales que se han documentado en el país.
El
informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el
éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y
empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
En
el informe, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde
2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una
estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición
política y a quienes critican al Gobierno”.
Un
conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático,
ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha
permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos. En el
documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha
privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos
fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
El
informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de
derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros
ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre
enero de 2018 y mayo de 2019”.
Puede leer el informe
completo pulsando aquí:
Foto: Radio Criolla.
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