Prensa. Voanoticias.
De
acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), 42,8 millones de personas padecen de
hambre en Latinoamérica y el Caribe, convirtiéndose Venezuela en uno de los
casos más preocupantes, junto a los países de Centroamérica y otros que eran
estables pero que actualmente tienen una situación económica muy vulnerable,
donde además se ve el incremento del hambre, como Argentina.
Según
cifras de la FAO, en Venezuela, la subalimentación pasó de 6,4% en 2012-2014 a
21,2% en 2016-2018. En el 2006, el panorama era distinto, pero en 2018, la
población afectada fue de 6,8 millones de venezolanos; de cada 10 personas 2,2
tienen hambre. Es decir, el incremento se ve reflejado en un 143 por ciento.
Desde el 2013, periodo que coincide con el comienzo del mandato del presidente
en disputa, Nicolás Maduro, hasta el año pasado, el hambre aumentó un 21,2%.
Al
respecto, Maya Takagi, líder regional de programas de la oficina de la FAO para
América Latina y el Caribe, dijo en entrevista a la Voz de América que el
incremento del hambre en la región es importante en términos del impacto que
tiene en el mundo porque, “de hecho, en relación anterior, hubo una
estabilización en términos globales (…) El impacto de la región claro… fue
principalmente en Suramérica”.
Las
causas del hambre en la región, dice la vocera de la FAO, están asociadas en
los años recientes con la desaceleración económica, asociada con la caída de
precios de los productos básicos, y las caídas del PIB; “es una región bastante
dependiente de la exportación de productos agrícolas y un impacto externo, en
términos de los precios, provoca un impacto en las cuentas nacionales de los
países en términos de desaceleración económica”, explica.
En
el caso de Venezuela, dice que ha sufrido el mismo impacto, pero con altísimas
tasas de inflación, lo que deterioró la posibilidad de las familias para
acceder a los alimentos. “Una dependencia muy fuerte de importaciones y una
inflación altísima, esto fue el impacto que tuvo este escenario económico en el
país, pero no solamente en Venezuela sino en otros países en la región”,
manifestó la líder regional de la FAO a VOA Noticias. Takagi aclaró que no se
trata de culpabilizar de los gobiernos, sino de hacer un llamado de atención,
pues son responsables de implementar las soluciones.
Regiones
vulnerables
Otros
países que aumentaron el número de subalimentados, aparte de Venezuela, fueron
Guatemala, Argentina (donde la inseguridad alimentaria pasó de 8.300 millones
entre 2014 y 2016) a 14.200 (entre 2016 y 2018) y Haití, (donde cinco de cada
10 personas sufren ese flagelo).
América
Central tiene una debilidad especial relacionada con la crisis climática que
afecta la región porque, según Takagi, es muy vulnerable, debido a que no se
produce agua, es dependiente en la importación de alimentos, también se presenta
la migración asociada a esta sequía prolongada. A esto, hay que sumarle una
dificultad institucional de recuperación de políticas de gobierno, y fiscal,
entre otras, aclara la experta.
Según
el informe, casi el 85 por ciento de los países en desarrollo se afectaron por
la crisis económica. Argentina es otro caso donde el aumento de la pobreza en
los últimos años, la más alta inflación en casi tres décadas y la devaluación
de la moneda- pues tiene una gran dependencia del dólar- y los otros factores ya
mencionados (pobreza, desempleo, bajo valor de los salarios) aumentan el
hambre.
No
obstante, la FAO resalta la labor de los países que más disminuyeron el número
de personas con hambre: Perú, Colombia, República Dominicana, México, Ecuador y
Bolivia, “países de diferentes niveles de desarrollo que invirtieron una visión
de largo plazo de desarrollo, una visión de protección, de seguridad social
grande (…) Son países que invierten en las personas y en desarrollo rural y en
políticas vinculadas a la agricultura familiar”, comentó la líder regional de
la FAO a VOA Noticias.
En
este sentido, Maya Takagi insiste en hacer una mirada de largo plazo en
servicios, en especial en las áreas rurales, generar políticas de generación de
empleo, no solo agrícola, sino también industria; así como generar una
cobertura integral en salud.
El
informe dice que “hay que aprovechar los momentos de mejora económica, invertir
en estos periodos para reducir las vulnerabilidades en los periodos de más bajo
crecimiento”. Así como generar programas de inclusión productiva, protección
social, infraestructura, así como diversificar las fuentes de alimentación de
la población.