Prensa.
Infobae.
En
la noche del domingo, el candidato presidencial Alberto Fernández, compañero de
fórmula de la ex presidenta Cristina Kirchner, sostuvo que la de Nicolás Maduro
no es una dictadura y que en Venezuela las instituciones funcionan. "Las
dictaduras tienen un origen no democrático, no es el caso de Venezuela",
dijo Fernández, favorito para las elecciones generales de octubre tras
imponerse en las elecciones primarias de principios de agosto por un amplio
margen. Y agregó: "Es difícil calificar de dictadura a un gobierno
elegido; un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario, las
instituciones están funcionando allá, después discutimos cómo funcionan".
La
afirmación de Fernández podría ser excusada si no se conocieran en detalle las
reiteradas, sistemáticas y muy graves violaciones a los derechos humanos que la
dictadura chavista ha llevado y sigue llevando a cabo en Venezuela, entre las
cuales se encuentran unos 6.800 casos de ejecuciones extrajudiciales desde
enero de 2018 a marzo de 2019.
Sin
embargo, tras la publicación del "Informe Bachelet", como se conoce
al documento de 18 páginas difundido por la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y ex presidenta chilena Michelle Bachelet,
resulta difícil pasar por alto las atrocidades del régimen y sostener que
"las instituciones funcionan".
En
Venezuela, dice el informe, existe una "sorprendentemente elevada"
proporción de "presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las
fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el
contexto de las operaciones policiales". En 2018 el régimen de Maduro
registró 5.287 muertes, supuestamente por "resistencia a la
autoridad", mientras que sólo entre el 1° de enero y el 19 de mayo de este
año 1.569 personas fueron asesinadas, siempre según las estadísticas del propio
chavismo, pues de acuerdo con el documento de la ONU "otras fuentes
apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores".
Pero
además de las ejecuciones extrajudiciales, el informe afirma que existen
detenciones arbitrarias, y que, en la mayoría de los casos, se sometió a las
mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena
cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica,
asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias
sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a
temperaturas extremas. Las autoridades no han investigado con prontitud,
efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las
denuncias creíbles de torturas y malos tratos.
El
documento es el resultado de 558 entrevistas con víctimas y testigos de
violaciones a los derechos humanos, funcionarios del régimen, opositores,
activistas y ciudadanos, realizadas durante la visita que este año, entre el 11
y el 22 de marzo, hizo a Venezuela la Oficina de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de en otros ocho países a donde
han emigrado más de 4 millones de venezolanos.
En
sus páginas, se relata con detalle el uso excesivo de la fuerza por parte del
régimen, las persecuciones a opositores, dirigentes de la sociedad civil y
periodistas, y los padecimientos de las minorías indígenas
-desproporcionadamente afectados por los mismos padecimientos que los que sufre
la población en general-, y la crisis humanitaria que ya ha expulsado a más de
millones de venezolanos.
Tras
reseñar la "paulatina militarización de las instituciones del Estado
durante la última década", el informe denunció que "tanto a fuerzas
civiles como militares" llevaron a cabo "detenciones arbitrarias,
malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia
sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas,
y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones".
"Sucesivas
leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición
y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas,
aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la
libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas
civiles, y restricciones a ONGs para representar a víctimas de violaciones de
los derechos humanos", sostiene.
Esa
criminalización redunda en detenciones, persecuciones, ataques a familiares,
uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones opositoras, detenciones
arbitrarias, torturas y malos tratos. La población civil es utilizada en tareas
de inteligencia y de defensa, entre los que se destaca los
"colectivos" chavistas -grupos armados civiles-, que "han
contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar
a reprimir las manifestaciones": según el documento, de las 66 muertes
durante las protestas realizadas de enero de 2018 a mayo de 2019, 52 "son
atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos".
Sobre
la persecución a periodistas, Naciones Unidas sostiene que el régimen chavista
"ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia
versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de
comunicación independientes". Las autoridades de alto rango del régimen
"desacredita(n) y ataca(n) de manera constante a quienes critican al
Gobierno o se oponen a él", mientras que opositores, activistas y
periodistas "son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de
'traidores' y 'agentes desestabilizadores'".
Durante
más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes,
políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado
las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial.
Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos,
entre ellos, a miembros de la oposición política y a quienes se considera que
constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular
posiciones críticas y movilizar a otras personas.
Respecto
de la crisis humanitaria, Naciones Unidas señala: "El desvío de recursos,
la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así
como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un
nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos
como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas
natural", y agrega que, incluso, el régimen de Maduro recientemente ha
reconocido "ciertos aspectos de la situación humanitaria", como la
escasez de la alimentación y de los medicamentos.
Siempre
según el informe de la ex presidenta chilena y ex directora ejecutiva de ONU
Mujeres, en la Venezuela de Maduro el Estado no garantiza el derecho a la
alimentación y el principal programa estatal -las cajas CLAP- "no cubre
las necesidades nutricionales elementales". En este punto, la oficina de
Naciones Unidas constató casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar
comida por sexo, registró un aumento en la cantidad de personas que dependen de
los ineficientes programas de asistencia, recordó un informe del Fondo de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que afirma que 3.7
millones de venezolanos se encuentran en un estado de desnutrición y se hizo
eco de un relevamiento de la ONG Caritas, que "confirmó particularmente
altos niveles de desnutrición entre niños/as y mujeres embarazadas".
Lejos
de la afirmación del candidato Alberto Fernández respecto de que "las
instituciones están funcionando" en Venezuela, el Informe Bachelet
sostiene en una de sus conclusiones que "el Estado ha denegado
sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos
humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que
se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los
autores, y ha dejado de lado a las víctimas".
Y
advierte: "Al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo
sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las
condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren".