Prensa.
Infobae.
La
disparada de los precios y el descalabro que ha sufrido la moneda frente al
dólar durante las últimas seis semanas han evaporado el
salario de los trabajadores venezolanos, agravando la dependencia de la
población de menos recursos en las transferencias que recibe de manos del
Gobierno: de acuerdo al tipo de cambio oficial, al cierre del 26 de agosto, el
sueldo mínimo equivale a tan solo 2,4 dólares y no alcanza para comprar un
envase de treinta huevos. Así lo reseña infobae.com
“Trabajo
seis horas diarias de lunes a viernes y gano sueldo mínimo, mi esposa limpia
apartamentos de vez en cuando, pero principalmente cuida a nuestra hija que
tiene cinco años, el sueldo no alcanza para nada, pero estoy acostumbrado a
trabajar y aquí la gente me ayuda y me dan propinas”, dice Augusto Tovar, quien
viste unos jeans en últimas condiciones, zapatos muy gastados y atiende el
estacionamiento de un supermercado en El Cafetal, una urbanización clase media
de Caracas.
Pero
a pesar del deterioro del salario millones de familias, como la de Augusto
Tovar, sobreviven gracias a los mecanismos que tiene la administración de
Nicolás Maduro para apaciguar la pobreza: la distribución de cajas de comida a
precios subsidiados por medio de los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP) y el reparto de bonos como el “bono pueblo unido” cuyo monto
superó en 25% al sueldo mínimo.
Luis
Vicente León, director de Datanálisis, una de las principales consultoras del
país, explica que de acuerdo al estudio elaborado en julio siete de cada diez
familias manifiestan recibir regularmente las cajas de comida, que tienen un
costo simbólico, pero equivalen a una transferencia de entre cuatro y cinco
salarios mínimos.
“Además
60% de la población afirma haber recibido alguno de los bonos que reparte el
gobierno de Nicolás Maduro. El salario mínimo es un referente, pero ya no
funciona como base del ingreso familiar y el resultado final es un incremento
severo en la capacidad de control social de la población por parte del
Gobierno”, advierte Luis Vicente León.
Agrega
que “hemos hecho mucha investigación cualitativa sobre este tema. Mientras más
dependan las familias del reparto que hace el Gobierno, más miedo tienen a
perderlo. El porcentaje de la población que declara estar dispuesta a protestar
ha caído a 20%, por diversos factores como pérdida de confianza en que la
oposición puede sacar del poder a Nicolás Maduro y el miedo que crea la
dependencia”.
La
última caja CLAP que recibió Augusto Tovar tenía tres kilos de arroz, un kilo
de harina de maíz precocida para elaborar arepas, el pan de los venezolanos;
cuatro kilos de pasta, un kilo de lentejas, una salsa de tomate, sardinas en
lata y una mayonesa: “Con eso, los bonos y lo poco que gano sobrevivimos”, dice
con resignación.
Si
bien la emigración ha derivado en que de acuerdo con Datanálisis el 28% de la
población afirme que su familia recibe remesas de un familiar o amigos desde el
exterior, en la mayoría de los casos este dinero solo alcanza para algunos
gastos cotidianos.
El
ajuste de Maduro
La
bancarrota y la hiperinflación venezolana tienen su origen en que el petróleo
provee 90 de cada cien dólares que ingresan al país y tras no ahorrar durante
los años en que el barril se cotizó a niveles récord, no invertir para mantener
la producción petrolera y endeudarse masivamente, la revolución Bolivariana se
quedó sin suficientes dólares y optó por recortar drásticamente la venta de
divisas, dejando a las empresas con pocos insumos y materia prima para
producir.
La
caída de la producción hundió la recaudación de impuestos, por lo tanto, el
Gobierno comenzó a crear dinero en el Banco Central para cubrir gastos,
generando una combinación que disparó la inflación: más dinero detrás de muy
pocos productos.
A
fin de contener la inflación, que en 2018 escaló a tasas mensuales superiores a
100%, en febrero de este año la administración de Nicolás Maduro comenzó a
aplicar un ajuste silencioso: recorte del gasto público en términos reales,
disminución de la creación de dinero en el Banco Central y reducción del
crédito, aumentando la porción de los depósitos que las entidades financieras
no pueden prestar.
El
Gobierno ha recortado su gasto mediante exiguos incrementos del salario mínimo,
retrasando el pago a proveedores y paralizando la inversión pública.
Asdrúbal
Oliveros, director de Ecoanalítica, explica que “de acuerdo a nuestros cálculos
en términos reales el gasto del Gobierno cayó 60% al comparar el primer
semestre de este año con el mismo lapso de 2018, este factor, unido a la menor
creación de dinero y el recorte del crédito ha ayudado a que la inflación caiga
desde tasas mensuales sobre 100% en 2018 a tasas en torno a 30% y 50% este año,
claro, a costa de un declive brutal del consumo y la profundización de la
recesión en una economía que no crece desde 2013″.
El
Gobierno ha postergado todo tipo de mejora en el salario en los últimos cuatro
meses, propiciando un deterioro sin precedentes en la capacidad de compra de
las remuneraciones, pero todo apunta a que será inevitable un incremento en el
corto plazo: “La caída es muy agresiva y pensaría que en septiembre Nicolás
Maduro va a anunciar un aumento del salario mínimo, pero no veremos una
recuperación significativa, será un aumento que estará por debajo de la
inflación acumulada de mayo-septiembre”, dice Asdrúbal Oliveros.
Aparte
del mayor control social que otorga el hundimiento del salario, el Gobierno ha
postergado cualquier tipo de ajuste salarial por temor a que la inyección de
gasto público, que supone el alza de las remuneraciones, aumente la presión
inflacionaria que en julio cobró intensidad y se ubicó en 33,8%, nueve puntos
por encima de la tasa de junio.
La
firma Macro Consultores advierte en su último informe que el rebote de la
inflación en julio, “es un síntoma nada alentador dado que este repunte ocurre
en medio de una severa contracción del consumo, tanto privado como público, así
como del crédito”.
El
gabinete económico también teme que un incremento en la inyección de dinero a
la economía eleve la presión sobre el dólar que ha iniciado una rápida escalada
en un entorno donde la demanda de divisas supera ampliamente a la oferta, que
se ha reducido a niveles ínfimos tras el declive de 70% en la producción
petrolera.
Entre
el 22 de julio y el 27 de agosto, la cotización de la moneda estadounidense en
el mercado oficial acumula un salto de 120% que ya comenzó a incidir en el
precio de una amplia gama de productos y servicios como alimentos básicos,
electrodomésticos, repuestos para automóviles y exámenes médicos.
El
control en peligro
Estados
Unidos, que junto a una larga lista de países considera fraudulentas las
elecciones que Nicolás Maduro esgrime como piso legal para un nuevo mandato, ha
impuesto sanciones al gobierno venezolano que amenazan con debilitar el
mecanismo de distribución de alimentos a través de los CLAP.
El 5
de agosto Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite bloquear los
activos que tengan en Estados Unidos las empresas que mantengan relaciones
económicas con la administración de Nicolás Maduro, algo que podría entorpecer
la compra de alimentos a Turquía y México, principales proveedores de los CLAP.
Si
bien la orden ejecutiva contempla una licencia para la importación de alimentos
y medicinas, el impacto en las exportaciones de petróleo, la principal fuente
de ingresos del Gobierno, disminuirá la capacidad para comprar en el exterior,
a lo que se añade la falta de bancos corresponsales para realizar los pagos y
el peligro de que ante el temor a ser sancionadas las empresas extranjeras
decidan cortar cualquier tipo de vínculo con la administración de Nicolás
Maduro.
“Las
licencias en el caso de alimentos puede ser algo teórico. ¿Si el Gobierno
quiere importar alimentos cómo paga si se ha quedado sin bancos corresponsales?
¿Y con qué paga si el flujo de caja se le ve afectado por el impacto de las
sanciones en las exportaciones petroleras?“, indica Luis Vicente León
Agrega
que “si como es probable las importaciones para los CLAP se ven afectadas,
entonces la gran variable será cómo el Gobierno va a lograr que el sector
privado del país aumente la producción de alimentos para garantizar el
abastecimiento”.
El
camino no luce fácil en momentos en que la producción de alimentos cae en el
sector agrícola por la falta de semillas, fertilizantes y la contracción del
crédito, mientras que la agroindustria sufre por la escasez de materia prima y
las constantes fallas de energía eléctrica.
Un
informe de Polar, la empresa privada líder en la producción de alimentos,
registra que, en los últimos doce meses, debido a la falta de maíz blanco,
arroz con cáscara y trigo, la compañía ha dejado de producir 244 millones de
kilos de harina de maíz precocida, 47,5 millones de kilos de pasta y 24
millones de kilos de arroz que han debido surtir a supermercados, abastos y
bodegas.
Por
Víctor Salmerón