Prensa.
Diario Las Américas.
Las
autoridades migratorias de Estados Unidos están probando un programa
para acelerar las revisiones de solicitudes de asilo en una estación
de la Patrulla Fronteriza en Texas, con el propósito de
descongestionar los tribunales de Inmigración.
El
proyecto piloto, llamado sistema de “Revisión Acelerada de Caso de
Asilo” (o Prompt Asylum Case Review), comenzó el 7 de octubre en
El Paso, con el objetivo de que un
juez de inmigración tome una decisión en un lapso de 10 días,
según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS por sus iniciales en inglés) que habló bajo condición de
anonimato debido a que no se han difundido los detalles del programa.
Los
mexicanos están exentos de esta medida.
No
se hizo un anuncio público sobre su implementación, por lo que
abogados se han quejado de que no tienen acceso a sus clientes y no
están siendo informados.
“Lo
más preocupante aquí es que no tenemos un anuncio oficial de la
Patrulla Fronteriza y parece que es intencional que no haya avisado
(a las organizaciones no gubernamentales) lo que está sucediendo”,
comentó Linda Rivas, directora ejecutiva de Las Americas Advocacy
Center, durante una conferencia de prensa el lunes.
Taylor
Levy, abogado migratorio de El Paso, dijo que los abogados no pueden
ingresar a los centros de detención de la Patrulla Fronteriza, que
están diseñados para mantener recluidos a los migrantes por un
lapso no mayor a 72 horas.
Se enteró del programa piloto por medio de una abogada que no pudo
contactar a dos de sus clientas, dos salvadoreñas acompañadas de
hijos pequeños que cruzaron la frontera el 8 de octubre.
Un
juez de inmigración rechazó sus apelaciones vía telefónica, lo
que significa que el juez no vio documentos en los que se incluía
evidencia de las amenazas de muerte que enfrentaban en El Salvador.
Una de las mujeres ya fue deportada y la otra espera para ser
repatriada.
El
programa está diseñado para darles a los solicitantes de asilo
acceso telefónico 24 horas al día en una sala privada antes de la
entrevista de asilo inicial, pero según los abogados las reglas no
están claras y no han recibido notificaciones ni instrucciones. Si
los solicitantes de asilo no aprueban la entrevista, pueden presentar
apelaciones vía telefónica con jueces en Otero, Nuevo México.
De
expandirse, la medida podría ser una herramienta crucial en los
intentos del gobierno para negar asilo a todo aquel que cruce otro
país antes de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos.
La veda parcial, que entró en vigor el mes pasado, parece dirigida
principalmente a Centroamericanos, cubanos y africanos, que han
contribuido a convertir a Estados Unidos en el destino más popular
del mundo para los solicitantes de asilo. Los mexicanos y los menores
sin compañía de un adulto están exentos.
El
gobierno ha concretado acuerdos para enviar a solicitantes de asilo a
Guatemala, El Salvador y Honduras, para que sus casos sean escuchados
en esos países, aunque las autoridades reconocen que esas naciones
carecen de infraestructura adecuada.
Los
solicitantes de asilo cuyos abogados han confirmado que están en el
programa piloto son retenidos en una estación de la Patrulla
Fronteriza que creció de un pequeño edificio de oficinas hasta
convertirse en un extenso laberinto de carpas y nuevas construcciones
que se realizan este año debido al incremento en el número de
solicitantes de asilo, muchos de ellos familias procedentes de
Centroamérica.
La
estación tiene capacidad para 500 migrantes, dijo el portavoz de la
Patrulla Fronteriza Ramiro Cordero. Las carpas marrón de estilo
militar que se instalaron durante la primavera ya fueron retiradas,
después de que las detenciones de la agencia en el sector de El Paso
han disminuido de casi 1.000 al día hace unos meses, a cerca de 200
diarias.
Un
portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por
sus iniciales en inglés) señaló el lunes que debido a que los
detenidos comparecen vía telefónica, pueden estar en cualquier
instalación de la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso, que
incluye a Nuevo México y el oeste de Texas.
El
DHS confirmó la existencia del programa piloto el jueves, horas
después de que fuera reportado por The Washington Post, pero no
proporcionó muchos detalles. Señaló que es una labor conjunta con
el Departamento de Justicia, encargado de supervisar las cortes
migratorias, con el fin de acelerar los procesos en una sola
localidad y brindar protección y debido proceso para todos. El
comunicado indicó que se aplicaría a hombres solos y a personas que
viajan en familia y son sujetas a la negación de asilo.
Los
detractores usan los escasos detalles de los reportes noticiosos para
criticar al programa piloto. La representante federal demócrata
Ilhan Omar tuiteó que éste “abandona por completo el debido
proceso”.
El
Paso también es el lugar en el que el gobierno puso a prueba su
práctica generalizada de separar a familias en la frontera como
parte de una política de “tolerancia cero” para procesar
penalmente a todos los adultos que cruzaron la frontera ilegalmente,
incluyendo a aquellos que ingresaron con hijos.
El
gobierno tampoco realizó anuncios sobre el experimento de separar a
las familias en El Paso. Levy, entonces coordinadora de Annunciation
House en El Paso, dijo en documentos presentados el año pasado ante
la corte que notó un “incremento significativo” en el número de
clientes que eran separados de sus hijos durante esa época, pero que
el gobierno no informó a los abogados migratorios hasta el 24 de
octubre de 2017 que su nueva política era la de separar a padres de
hijos mayores de 10 años. El gobierno no hizo un anuncio oficial de
su política de “tolerancia cero” hasta abril de 2018.
Más
de 5.400 niños han sido separados desde julio de 2017, según cifras
de la Unión Americana de Libertades Civiles, que indicó que le
fueron proporcionadas por abogados del gobierno.
FUENTE: Con
información de AP