Prensa.
Diario Las Américas.
Grupos armados ilegales
operan prácticamente impunes en la frontera entre Colombia y Venezuela, y los
civiles sufren las consecuencias, afirmó Human Rights Watch el miércoles.
Los investigadores
señalaron en un reporte que encontraron evidencia creíble de que las fuerzas de
seguridad de Venezuela están coludidas con grupos armados colombianos que han
instalado campamentos del otro lado de la frontera, a donde trasladan a
víctimas de secuestro para trabajos forzados.
“Los grupos operan con una
impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera”, dijo José Miguel
Vivanco, director de HRW para el continente americano.
La frontera entre Colombia
y Venezuela se ha convertido en un foco de tensiones en momentos en los que
miles de migrantes huyen del país, los grupos armados ilegales florecen y se
trafican drogas, combustibles y otros productos.
Los detractores del dictador
venezolano Nicolás Maduro – incluyendo al gobierno estadounidense – han acusado
al mandatario de permitir que rebeldes colombianos y otras milicias operen en
su territorio.
Maduro refuta las
acusaciones, aunque grupos venezolanos por los derechos humanos reportan a
menudo la presencia de grupos armados colombianos en la zona fronteriza.
Investigadores de HRW
entrevistaron a varios colombianos que aseguran que fueron secuestrados por
grupos como el Ejército de Liberación Nacional en la provincia de Arauca, en el
este del país, y trasladados a Venezuela.
En Arauca, los rebeldes
imponen toques de queda y establecen reglas para el pago de deudas, horarios de
cierres de bares y otros asuntos. En algunas zonas, los combatientes prohíben
que los motociclistas utilicen casco, para facilitar que los rebeldes
identifiquen a los conductores.
A pesar del histórico
acuerdo de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los
habitantes de Arauca aún no han visto beneficios esa paz.
El número de homicidios en
la región aumentó de 96 en 2015 a 160 en 2019, según datos del gobierno
reflejados en el reporte. Al menos 16 de los cuerpos de civiles que se
encontraron en Arauca el año pasado estaban acompañados de una nota en la que
anunciaban la “justificación” de su muerte. Algunas de las víctimas fueron
acusadas de ser “informantes”, mientras que otros fueron señalados de ser
“violadores”, “narcotraficantes” o “ladrones”.
Human Rights Watch destacó
que, en Arauca, los soldados se dedican generalmente a proteger la
infraestructura petrolera, que sufre frecuentes ataques rebeldes.
FUENTE: Con información de
AP
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