Prensa.
FundaRedes.-
“Las principales vías
fluviales de Venezuela son utilizadas por grupos armados irregulares,
organizaciones de guerrilla de origen colombiano y bandas criminales para
controlar los territorios fronterizos, las actividades económicas ilegales
y desarrollar todo tipo de delitos”, así
se desprende del boletín Nº 17 de FundaRedes titulado: «Fronteras fluviales de
Venezuela: autopistas de ilegalidad con Colombia y Brasil», publicado
recientemente.
El documento señala como
los espacios donde las organizaciones al
margen de la ley llevan a cabo sus crímenes a la cuenca lagunar Marabina y la
hidrográfica del río Catatumbo (entre el departamento de Norte de Santander,
Colombia, y el estado Zulia, Venezuela); un importante tramo del río Táchira
que separa el departamento de Norte de Santander en Colombia y el estado
Táchira en Venezuela; así como también a los ríos Arauca, Meta y Orinoco,
límites entre Colombia y Venezuela desde el llano hasta la Amazonía, y el río
Negro, en la frontera entre Venezuela y Brasil.
De acuerdo al trabajo de
documentación realizado por FundaRedes, en
las fronteras de Zulia y Táchira con Colombia los ríos conectan cientos
de pasos ilegales, conocidos como trochas y
en la medida en que el caudal es más abundante y los ríos se hacen más
navegables, se convierten en verdaderas autopistas fluviales, ríos de
ilegalidad que conectan a Venezuela con Colombia y Brasil.
Según un testimonio
obtenido por la ONG durante la
investigación, en las inmediaciones del
río Arauca, la disidencia de las FARC
ejerce el control del territorio, narcotráfico y contrabando de gasolina,
igualmente realizan secuestros en Colombia y desplazan a sus víctimas a
territorio venezolano para mantenerlas en cautiverio, modalidad que aplican desde el año 2018,
asegurando que en el 2019 unas 10 personas
secuestradas fueron trasladadas por estos pasos y ya se han reportado, al
inicio del 2020, casos similares.
“En el estado Apure los
plagiados son movilizados no solamente por el río Arauca binacional, sino
también por otros sectores ribereños de El Amparo, La Victoria, Los Pájaros, en
los municipios Páez y Rómulo Gallegos del estado Apure que confluyen con el
departamento de Arauca-Colombia”, indica el estudio.
La organización pro
defensa de DDHH asegura que en todo el territorio fronterizo los grupos armados
irregulares que utilizan los ríos y cuerpos de agua como autopistas de
ilegalidad son principalmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la
disidencia de las FARC, que además controlan las poblaciones y territorios
adyacentes; pero en algunas zonas como la frontera entre Táchira y Norte de
Santander, e incluso el sur del lago de Maracaibo, en Zulia, opera una decena
de bandas delincuenciales con alto poder de fuego que se disputan también el
control de estos territorios de frontera y los pasos fluviales asociados a
ellos.
Este dominio armado sobre
los pasos fluviales fronterizos – argumenta FundaRedes- impide el libre tránsito, vulnerando así el
artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece
que toda persona tiene derecho a circular libremente, así como también el
artículo 50 de la Constitución venezolana que refiere al derecho que tiene
cualquier ciudadano a transitar libremente y por cualquier medio por el
territorio nacional.
Estos pasos constituyen
también vías expeditas para desaparecer evidencias vinculadas a delitos, incluidos
cadáveres de ciudadanos plagiados y asesinados en sus riberas.
El informe destaca la
grave situación de violencia que vive el estado Bolívar, donde
los cursos de agua se convierten, además, en receptores de gran cantidad
de desechos químicos provenientes de la explotación ilegal de las minas de oro
controladas por grupos armados autodenominados “sindicatos”, así́ como por
disidencia de las FARC y facciones del ELN, actividades ilícitas que han sido
denunciadas por diversas organizaciones y medios de comunicación regionales,
nacionales e internacionales.
“Al haberse convertido nuestras fronteras fluviales con Colombia y Brasil en
autopistas de ilegalidad la pérdida de soberanía es un hecho cotidiano que vulnera el artículo 11 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) referido al ejercicio de la
autoridad en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar
territorial, áreas marinas interiores”, reseña la investigación.
De igual manera - revelan
las diversas denuncias y testimonios recogidos por los activistas de FundaRedes- muchas veces miembros de cuerpos de seguridad
del Estado lejos de garantizar seguridad actúan en complicidad con los grupos
armados irregulares que dominan las zonas de frontera.
Para la organización
defensora de DDHH, al estar estos pasos
fluviales fronterizos controlados por los grupos armados irregulares, los
mismos sirven abiertamente para el desarrollo de actividades ilegales de
tráfico, facilitan la explotación indiscriminada de recursos minerales y su
transporte ilegal en detrimento de las poblaciones, lo que constituye una
flagrante violación de los derechos a la vida, al libre tránsito, a la
integridad y seguridad previstos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Convención Americana de los
Derechos Humanos y en pactos y convenios suscritos por el Estado venezolano;
vulnerando además la garantía de la
protección del ambiente para generaciones presentes y futuras establecido en el
artículo 127 de la Constitución de Venezuela.
En ese sentido, el
pasado 21 de febrero de 2020 FundaRedes
denunció en la Fiscalía General de la República las actividades ilegales
cometidas por los grupos armados irregulares documentadas los últimos meses en
los estados fronterizos venezolanos, solicitándole al Estado venezolano investigar estos hechos irregulares a fin de
garantizar a la población los derechos consagrados en la Constitución de la
República Bolivariana, así́ como también en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. S.M. CNP 7.996 Infografía: FundaRedes
TEXTO
BOLETIN Nº 17
FRONTERAS FLUVIALES DE
VENEZUELA: AUTOPISTAS DE ILEGALIDAD CON COLOMBIA Y BRASIL
Venezuela es un país
rodeado de agua, por el norte, sus fronteras limitan con el mar Caribe y por el
sur al menos 90% de sus límites están demarcados por ríos, lo que hace que la
ilegalidad propia de las zonas de frontera utilice estas vías para el
transporte de mercancías y de personas.
De acuerdo con
investigaciones de campo realizadas por FundaRedes, denuncias y testimonios
recibidos en la organización, los principales cuerpos fluviales utilizados por
grupos armados irregulares, organizaciones de guerrilla de origen colombiano y
bandas criminales para controlar los territorios fronterizos y las actividades
económicas ilegales son la cuenca lagunar Marabina y la hidrográfica del río
Catatumbo –comunes para el departamento de Norte de Santander, Colombia, y el
estado Zulia, Venezuela– junto a un importante tramo del río Táchira –que
separa el departamento de Norte de Santander en Colombia y el estado Táchira en
Venezuela-; así como los ríos Arauca, Meta y Orinoco, límites entre Colombia y
Venezuela desde el llano hasta la Amazonía, y el río Negro, que establece la
frontera entre Venezuela y Brasil.
En las fronteras de Zulia
y Táchira con Colombia los ríos conectan cientos de pasos ilegales, conocidos
como trochas. En muchos de ellos hay puentes artesanales que facilitan el paso
ilegal de personas y mercancías, aunque en algunos casos los contrabandistas se
valen de botes, chalanas y todo tipo de embarcaciones improvisadas para mover
sus recursos de una a otra orilla. En la medida en que el caudal es más
abundante y los ríos se hacen más navegables se convierten en verdaderas
autopistas fluviales, ríos de ilegalidad que conectan a Venezuela con Colombia y
Brasil; en los territorios de Apure y Amazonas propicios para el tráfico de
productos y materia prima que van desde ganado en pie y productos agrícolas
hasta combustibles y oro.
En la zona de Arauca,
específicamente en el lugar conocido como “Paso de las Canoas”, en el sector
Murgas, muy
cercano al Puente Internacional José Antonio Páez, se
registra un alto movimiento de personas que salen sin documentación de
Venezuela a Colombia y viceversa.
Un testimonio obtenido por FundaRedes que forma parte de nuestra
base de datos da cuenta de que “allí hacen presencia la guerrilla del Ejército
de Liberación Nacional mediante el Frente Domingo Laín, que a su vez depende
del Frente de Guerra Oriental y las 2 disidencia de la Farc-EP provenientes del
Frente 10 Martin Villa, del cual se encuentran divididas tanto del lado de
Apure-Venezuela, como Arauca-Colombia”, precisó la fuente quien pidió mantener
en reserva su identidad por razones de seguridad.
Un investigador en Apure
que colabora con
organismos internacionales afirmó
a FundaRedes que en las inmediaciones del río Arauca, la
disidencia de las FARC ejerce el control del territorio, narcotráfico y
contrabando de gasolina, igualmente
realizan secuestros en
Colombia y pasan
a sus víctimas a territorio venezolano para mantenerlas en cautiverio,
modalidad que aplican desde el año 2018. “Los plagiados son pasados por lugares fluviales, no solamente por el río
Arauca binacional, sino también por otros sectores ribereños de El Amparo, La
Victoria, Los Pájaros, en los
municipios Páez y Rómulo Gallegos del estado Apure que confluyen con el
departamento de Arauca-Colombia”, afirmó. Según este investigador, más de 10
personas secuestradas en 2019 fueron trasladadas por estos pasos, y comenzando
el año 2020 ya se han reportado varios casos similares.
Pero además, las pugnas
por territorios generan enfrentamientos a uno y otro lado del río, en los que
en ocasiones quedan atrapados ciudadanos comunes. Uno de los casos más
recientes fue reseñado por la prensa colombiana tras la muerte de un taxista
venezolano en medio del fuego cruzado.
La fuente aseguró a
FundaRedes que “el río Arauca es controlado por la guerrilla del lado
venezolano, mantiene un monitoreo constante sobre todo del contrabando de
gasolina para el cobro de la vacuna tanto a los canoeros como a quienes la
trafican. Las personas tienen temor a todo, hasta a denunciar, ya que los
guerrilleros pueden matar a quienes ellos consideran que están informando tanto
a medios de comunicación como a agentes del orden público en los dos países
limítrofes”.
Con esta afirmación
coincide el testimonio de una dirigente social de la comunidad de Guasdualito,
municipio Páez del estado Apure, dado a la radio local y del cual FundaRedes
tiene respaldo, quien afirma: “La gente tiene temor porque le llegan a la casa y
los matan, les dan tres tiros y los matan”. Asegura que ante la constante
presencia de organizaciones armadas “los ciudadanos de frontera no tenemos
calidad de vida, vivimos en zozobra, han pasado muchos casos. Aquí no hay
gobierno, cómo va uno a colocar una denuncia si estamos acéfalos. Vivimos en un
régimen totalitario porque ellos mismos (el gobierno) se pagan y se dan el
vuelo, ellos son el régimen, tienen a su gente de la Fuerza Armada, pero a la
vez trabajan con grupos paramilitares, y ellos les pagan a esos grupos para que
accionen en la frontera, ahí todo el mundo tiene derecho al porcentaje de la
canoa, derecho al porcentaje del contrabando que pasan, del cobre que pasan, de
la chatarra que pasan, todo el mundo paga, y no solo eso, sino que también lo
pagamos todos en las alcabalas a la
Fuerza Armada”.
Los habitantes de estos
territorios fronterizos se han ido acostumbrando a que la autoridad de la zona
es encarnada por miembros de esos grupos armados irregulares, y muchas veces se
ven obligados formar parte de esas
organizaciones criminales, pues quienes no actúan como sus colaboradores
exponen su integridad personal y la de su familia, lo que constituye graves
violaciones del derecho a la vida establecido en el artículo 3 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, así como en
el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que
establece que: “el derecho a la vida es inviolable”.
DIVERSOS TIPOS DE
VULNERACIÓN
Durante la tercera semana
de enero 2020 ocurrió un “paro armado” impuesto por la guerrilla del Ejército
de Liberación Nacional en la comunidad fronteriza de Arauca, en territorio
colombiano, el cual tuvo repercusiones en las orillas venezolanas del río del
mismo nombre, donde hombres armados confiscaron los motores a los botes de los
pescadores y controlaron el paso de los migrantes en la zona, confirmó a
FundaRedes la periodista en Apure Isaura Ramos.
Testigos a los cuales ha
tenido acceso nuestra organización y activistas que han estudiado el movimiento
en estas zonas afirman que a lo largo de todo el territorio fronterizo los
grupos armados irregulares que utilizan los ríos y cuerpos de agua como
autopistas de ilegalidad son principal- mente el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y la disidencia de las FARC, que además controlan las
poblaciones y territorios adyacentes; aunque en algunas zonas como la frontera
entre Táchira y Norte de Santander, e incluso el sur del lago de Maracaibo, en
Zulia, opera una decena de bandas delincuenciales con alto poder de fuego que
también pugnan por el control de estos territorios de frontera y los pasos
fluviales asociados a ellos.
El control ejercido en
estos territorios por parte de estas organizaciones armadas afecta de manera directa
el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de quienes residen en
las poblaciones circunvecinas y dependen de estos cursos de agua para su
sustento. En la zona norte del estado Táchira, donde los ríos Grita y Orope
comunican con el colombiano Departamento de Norte de Santander, activistas de
FundaRedes han comprobado cómo esas vías son utilizadas por personas vinculadas
a los grupos armados que mantienen control sobre estos territorios para el
contrabando ilegal de combustible, el cual habitualmente movilizan en balsas
artesanales o canoas de pesca de uno a otro lado de la frontera.
Este dominio armado sobre
los pasos fluviales fronterizos impide el libre tránsito, lo cual es una
vulneración del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(“Toda persona tiene derecho a circular libremente”), en concordancia con el
artículo 50 de la Constitución venezolana (“Toda persona puede transitar
libremente y por cualquier medio por el territorio nacional”).
También constituyen vías
expeditas para desaparecer evidencias vinculadas a delitos, incluidos cadáveres
de ciudadanos plagiados y asesinados en sus riberas. En Bolívar, FundaRedes
obtuvo el testimonio de una víctima de secuestro que logró evadir esta
situación:
“Ellos pretendían llevarme
a un río llamado Simonero, que queda en Los Pijiguaos, con la intención de
asesinarme porque al momento en que ellos me levantan yo oí cuando el
colombiano, después que me estaba ahorcando con el resto de mecate sobrante con
que yo estaba amarrado, dijo:-vamos a matar aquí mismo a este perro, y oí
cuando una de las personas dijo:- No, no, no, vamos a llevarlo para Simonero…
Simonero es un río donde los propios residentes han sido desplazados por la
guerrilla, la gente vivía a orillas del río, había inclusive una señora que
tenía un kiosco que hacía sopa todos los sábados para la gente que iba a
bañarse al río, y todos, todos fueron sacados de allí, y allí es donde opera la
guerrilla ELN”.
En el estado Bolívar los
cursos de agua se convierten, además, en receptores de gran cantidad de
desechos químicos provenientes de la explotación ilegal de las minas de oro
controladas por grupos armados autodenominados “sindicatos”, así como por
disidencia de las FARC y facciones del ELN, lo cual ha sido revelado por
investigaciones de diversas organizaciones, medios de comunicación regionales,
nacionales e internacionales. La actividad ilegal de estas agrupaciones además
ha causado envenenamiento de especies autóctonas que sirven de sustento a las
comunidades indígenas y ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los
pobladores.
Al haberse convertido
nuestras fronteras fluviales con Colombia y Brasil en autopistas de ilegalidad,
la pérdida de soberanía es un hecho cotidiano, un hecho que vulnera el artículo
11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) referido
al ejercicio de la autoridad en los espacios continental e insular, lacustre y
fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores. Por los testimonios de
lugareños y denuncias –publicadas en medios venezolanos y colombianos y
recibidas en nuestra organización– se conoce que muchas veces miembros de
cuerpos de seguridad del Estado lejos de garantizar seguridad actúan en
complicidad con los grupos armados irregulares que dominan las zonas de
frontera.
Al estar estos pasos
fluviales fronterizos controlados por los grupos armados irregulares sirven
abiertamente para el desarrollo de actividades ilegales de tráfico, además,
facilitan la explotación indiscriminada de nuestros recursos y su transporte
ilegal en detrimento de las poblaciones, lo que constituye abiertas violaciones
de los derechos a la vida, al libre tránsito, a la integridad y seguridad
previstos en la Declaración Universal de los Derechos.
Humanos, en la
Convención Americana de los Derechos Humanos y en pactos y
convenios suscritos por el Estado venezolano; y además vulnera la garantía de
la protección del ambiente para generaciones presentes y futuras violando lo
establecido en el artículo 127 de la Constitución de Venezuela, según el cual:
“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en
beneficio de sí misma y del mundo futuro… El Estado protegerá el ambiente,
la diversidad biológica, los
recursos genéticos, los procesos
ecológicos, los parques
nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia
ecológica...”.
El 21 de febrero de 2020
FundaRedes denunció en la Fiscalía General de la República estas actividades
ilegales cometidas por los grupos armados irregulares documentadas los últimos
meses en los estados fronterizos venezolanos. Se le pidió a la Fiscalía General
de la República que investigue estas situaciones a fin de garantizar a la
población los derechos consagrados en la Constitución de la República
Bolivariana, así como también en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
EPÍGRAFES:
"El río Arauca es
controlado por la guerrilla del lado venezolano, mantiene un monitoreo
constante sobre todo del contrabando de gasolina para el cobro de la vacuna
tanto a los canoeros como a quienes la trafican… Los guerrilleros pueden matar
a quienes ellos consideran que están informando"
"Esas vías son
utilizadas por personas vinculadas a los grupos armados que mantienen control
sobre estos territorios para el contrabando ilegal de combustible, el cual
habitualmente movilizan en balsas artesanales o canoas de pesca de uno a otro
lado de la frontera"
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del vídeo del boletín: https://youtu.be/Nr7g3R4t_Oc
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