Prensa.
Noticiero Digital.
El pasado domingo 22 de
marzo de 2020, el Ejecutivo Nacional, a través de una alocución de radio y
televisión, esgrimió una serie de medidas con el objeto de intentar paliar los
efectos económicos desarrollados a raíz de la coyuntura producida por el
Coronavirus (en lo sucesivo, «Covid-19»).
Estas medidas
constituirían las primeras declaraciones oficiales sobre el tema económico
debatidas por las autoridades nacionales, y vendrían a complementar lo
establecido en el Decreto No. 4.160 emanado de la Presidencia de la República
mediante el cual se decreta Estado de Alarma en todo el territorio nacional, a
los efectos de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relativos al
Covid-19. El referido Decreto No. 4.160 se publicó en la Gaceta Oficial No.
6.519 Extraordinaria, de fecha 13 de marzo de 2020.
Las medidas anunciadas por
Nicolás Maduro pueden sintetizarse en los siguientes siete puntos:
1. Se ratifica la
denominada inamovilidad laboral hasta 31/12/2020.
2. Se activa el plan de
pago de nómina por seis (6) meses a través del Sistema Patria.
3. Se ordena suspensión
del pago de intereses y capital de créditos comerciales por seis meses, al
igual que los pagos de alquiler de comercio y de vivienda.
4. Ratificación del plan
de inversión agroalimentaria para el programa Clap.
5. Se ratifican beneficios
y medios de protección otorgados por el Sistema Patria.
6. Otorgamiento de bonos
especiales para trabajadores informales y formales.
7. Se establece
prohibición del corte de servicios básicos como teléfono, agua e internet a
durante el lapso de seis (6) meses.
Consecomercio
¿Cuáles son las
implicaciones de esta medida?
Preliminarmente, es
importante resaltar que las citadas medidas no han sido publicadas en Gaceta
Oficial, ni en ningún instrumento normativo, por lo que su desarrollo ulterior
puede estar sujeto a diversas interpretaciones por parte de los agentes
económicos que hacen vida en Venezuela.
Dicho esto, conviene
resaltar que las políticas esgrimidas, en adición a su cuestionable legalidad,
representan un retroceso para el desarrollo de la actividad económica en el
país. Si bien se reconoce el hecho de que el Ejecutivo Nacional esté
desarrollando medidas proclives a paliar la compleja coyuntura derivada del
Covid-19, no deja de ser menos cierto que cualquier tipo de decisión relativa
al tema económico debe ser cónsona con la naturaleza del mercado y de la propia
dinámica productiva y comercial de Venezuela.
Así como es necesario
brindar estímulo, asidero y seguridad al trabajador, al obrero y al pequeño
emprendedor que hoy puede sentir en jaque su futuro, no puede obviarse el hecho
de que la dinámica económica requiere de forma imperativa la existencia de la
empresa e industria privada, y de forma particular para nuestra organización,
la existencia del comercio.
En tal sentido, una mayor
restricción dentro del ámbito de las relaciones laborales, la prohibición del
pago de cánones a los arrendadores -que viola el principio de equilibrio
contractual en las relaciones de arrendamiento-, el congelamiento o fijación de
precios en la provisión de servicios públicos, aún y cuando pudiesen obedecer a
las mejores intenciones y Buena Fe por parte del Ejecutivo Nacional, no harán
más que informalizar aún más la economía nacional y las relaciones de trabajo,
desprotegiendo los derechos laborales que, en principio, se buscan
salvaguardar; desmejorando la calidad de los ya maltrechos servicios públicos
venezolanos y desincentivando la existencia de arrendamientos, contratos éstos
de vital importancia para la actividad económica nacional.
Por su parte, la
suspensión de pagos de capital e intereses de créditos comerciales profundizará
las restricciones de liquidez en la banca nacional, mermando aún más su
capacidad de realizar su actividad más importante: la intermediación
financiera. Si bien en cierto que, en el corto plazo, esta medida pudiera
significar un alivio para el flujo de caja de algunas empresas, a mediano plazo
se traducirá en una mayor restricción en la disponibilidad de créditos para el
ecomercio
Conclusión y propuesta
Como quiera que el país y
el mundo en general se encuentra atravesando una difícil coyuntura, cuyo
desenlace nadie conoce con certeza, las autoridades venezolanas deben unir
esfuerzos con el sector privado, de forma tal que éste se convierta en un
aliado para y mitigar y paliar las circunstancias que estamos atravesando.
La experiencia mundial
sugiere que el sector privado puede convertirse en un pivote para optimizar el
manejo de la crisis. Lejos de ser un factor de obstrucción, un obstáculo, la
empresa privada, y el comercio en especial, pueden servir de intermediarios
entre las demandas ciudadanas y la provisión de bienes y servicios que se
requieran, todo ello guiado por el principio de cooperación voluntaria para
lograr el beneficio de la gente. Ningún industrial, empresario o comerciante se
beneficiará en la parálisis, como tampoco lo hará en un ambiente en el que
impere la incertidumbre y la persecución, aunada al desconocimiento de la
racionalidad económica.
De este modo, nuestro
llamado es a que, por una parte, los factores políticos logren encontrar
consensos institucionales que permitan la viabilidad de la nación y, al mismo,
tiempo, que las políticas y medidas esgrimidas no se desarrollen con un enfoque
unilateral y dogmático.
La economía comprende a
todos, y en tal sentido, negar incentivos de diversa índole (fiscales,
laborales, productivos) a las empresas, comercios e industrias de los diversos
sectores de la economía, lamentablemente destruye valor para el país y complica
aún más el ya complejo panorama que Venezuela tendrá que atravesar en los meses
venideros.
Por @Consecomercio
Andrés F. Guevara B.
José Miguel Farías
Rednaxela Sequera
Antulio Moya