El
más reciente boletín publicado por FundaRedes «Venezolanos que emigran por mar
desaparecen a manos de redes de tráfico de personas», da cuenta de una serie de
hechos que apuntan a la existencia de una mafia internacional de trata de
personas, controlada por grupos armados irregulares y en la que al parecer, de
acuerdo a las denuncias que han llegado a la organización, participan
funcionarios venezolanos vinculados al manejo administrativo de puertos así
como de cuerpos de seguridad del Estado, que operan principalmente en las
costas de Venezuela.
Esta
situación reviste de suma gravedad, aunado a la denuncia formulada por los
angustiados familiares que señala que los
funcionarios de las dependencias
del Estado a sabiendas de las marcadas
irregularidades que rodean estos viajes, no impiden este tipo de actividades
ilegales que ponen en riesgo la vida de los migrantes.
En
2019 el naufragio de dos embarcaciones que zarparon desde la población de
Güiria, en las costas del estado Sucre, con destino a Trinidad y Tobago, dejó
expuesta la situación, “la primera de ellas salió el 23 de abril pasadas las
9:00 pm desde el sector La Salina, y posteriormente recorrió otras playas del
municipio Valdez de esa jurisdicción para tomar rumbo a la isla de Trinidad y Tobago,
zozobrando con 30 personas a bordo, 28 desaparecieron y dos sobrevivieron, del
total de pasajeros, 22 eran mujeres de entre 18 y 20 años de edad”.
De
acuerdo a la información recopilada por los investigadores, la segunda embarcación de nombre Ana María
habría salido también de Güiria el 16 de mayo a las 4:00 pm naufragó unos días
después con al menos 29 personas a bordo, de las cuales 28 desaparecieron, a la
fecha, sus familiares denuncian complicidad de funcionarios policiales,
negligencia en las labores de búsqueda y salvamento, así como en las
indagaciones posteriores al caso.
“Testimonios
de sobrevivientes indican que el naufragio no fue accidental, sino provocado
por la tripulación que opera en complicidad con bandas armadas dedicadas a
vender a los viajeros a redes de trata de personas”, señala el informe.
El
parlamentario a la Asamblea Nacional por el estado Sucre, Robert Alcalá
denunció que las autoridades venezolanas no activaron a tiempo el protocolo de
búsqueda y rescate y que tampoco se cuenta con los equipos necesarios para
enfrentar este tipo de tragedias.
Según
se pudo conocer las pesquisas oficiales llevaron al arresto de al menos nueve
personas, entre ellas funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a quienes
investigaron por el delito de trata de personas, pues tanto los sobrevivientes
como los familiares de las víctimas afirmaron que muchos de quienes viajaban en
estos botes lo hicieron bajo engaño y finalmente descubrieron que serían
obligados a prostituirse.
Víctimas
en el estado Falcón
Asimismo
el trabajo de documentación hace referencia a hechos similares ocurridos en el
estado Falcón, donde un grupo de migrantes pretendía llegar a la isla de
Curazao y sus familiares no volvieron a tener noticias de ellos, FundaRedes ha
obtenido al menos tres testimonios de familiares de estas víctimas.
Johnny
Rafael Romero Sarmiento, padre de Johnny de Jesús Romero Palacios, de 27 años
de edad asegura, “en la zona operan distintos grupos que conviven, a mucha
gente se lo he dicho, este es un grupito que capta personas para montarlas en
la lancha, pero en la lancha también se embarcan no solo pasajeros migrantes
que están intentando buscar un futuro, también se montan personas que tienen
extraños procederes, llevan droga, llevan pistolas, y es la forma de moverse
los delincuentes de la zona entre Curazao y Aruba; entonces hay unas bandas
allí que operan y creemos que el secuestro lo hizo precisamente una de esas
bandas”.
Según
Romero Sarmiento al parecer funcionarios del Cuerpo de Investigaciones
Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) también estarían vinculados en la
desaparición de la lancha donde viajaba su hijo.
Un
informe de la Organización Internacional de Migraciones (OMI) , que contabiliza
más de 80 desapariciones de venezolanos en el Caribe y cita testimonios de
sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, afirma que los traficantes de
personas venden a los migrantes viajes en barcos sobrecargados e inadecuados
para el transporte de pasajeros en mar abierto. Al cierre de 2019 – según las
investigaciones realizadas por activistas de FundaRedes- el número de
desaparecidos ascendía a 152.
“Existen grupos criminales actuando en altamar
que interceptan las embarcaciones para secuestrar a los migrantes y exigir
rescates o para venderlos en el mercado de la trata de personas, contando para
ello con la cooperación del crimen organizado que opera en Trinidad y Tobago
vinculadas al comercio sexual y a otras formas de esclavitud moderna”, revela
el estudio.
A
la espera de justicia
Por
su parte los familiares de los desaparecidos han denunciado que pese a tener
pruebas contundentes que confirman la presencia en las Islas del Caribe de algunos de los migrantes captados, “el Estado venezolano ha hecho caso omiso a
nuestra situación y ninguna autoridad implementó algún tipo de control
migratorio”.
Los
afectados han interpuesto también varias
denuncias ante la Fiscalía del Ministerio Público, donde la fiscal auxiliar en
Falcón Disleen Hermelinda Rivas argumentó falta de competencia por
territorialidad, violentando de esta manera el derecho a la vida de
connacionales establecido en el artículo 43 de la Constitución y con el
agravante de que entre los desaparecidos hay menores de edad.
A
consecuencia de este escenario de indefensión, FundaRedes ha brindado apoyo a
los familiares de las víctimas en el proceso de denuncia ante instancias del
Estado Venezolano y el pasado 7 de febrero de 2020, expuso la situación ante la
comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se desplazó a la
ciudad de Cúcuta (Colombia), donde ofreció acompañamiento a familiares de Kelly
Zambrano Vera y de Johnny de Jesús Romero Palacios, dos de los desaparecidos en
las costas venezolanas durante su migración forzada del país.
Igualmente
los activistas de la ONG acompañaron la protesta nacional de familiares de las
víctimas de desapariciones forzadas ante el Ministerio Público el 19 de febrero
de 2020, en la ciudad de Caracas y participaron en la reunión que sostuvieron
con los diputados de la Comisión de Relaciones Interiores de la Asamblea
Nacional el 20 de febrero de 2020, fecha en la cual además presentó una
solicitud de esclarecimiento de los hechos en la Fiscalía General de la
República.
Para
la organización pro defensa de DDHH los sucesos ocurridos en Sucre y Falcón
ponen al descubierto la fragilidad del Estado venezolano en la protección de
sus ciudadanos ante eventuales violaciones a sus derechos humanos, incluso, su
debilidad e inacción para investigar los hechos, a pesar de que el artículo 2
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela declara al país
como un Estado democrático y social de Derecho y de justicia en el que sus
instituciones tienen por función primordial velar, promover y hacer respetar
los Derechos Humanos.
“El
Estado venezolano tiene la obligación de prevenir y evitar que ocurran
desapariciones forzadas, además de luchar contra la impunidad para garantizar
el derecho de las víctimas a la justicia, a la reparación y a que se conozca la
verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos, así como también debe respetar el derecho de los
familiares a buscar, recibir y difundir información relacionada con cada caso”,
asegura FundaRedes. S.M CNP 7.996 Infografía. FundaRedes
TEXTO BOLETIN Nº 18
«Venezolanos
que emigran por mar desaparecen a manos de redes de tráfico de personas» Cada
vez un mayor número de familias venezolanas vive la incertidumbre sobre el
destino de sus parientes que migran huyendo de la Emergencia Humanitaria
Compleja que vive el país a través de las costas venezolanas.
En
la precariedad que se encuentra la inmensa mayoría de migrantes las condiciones
de estos viajes generalmente están marcados por la irregularidad e ilegalidad.
Los viajes encierran un sinnúmero de peligros que acechan desde el momento en
que se pacta su realización.
Algunos
viajeros logran llegar a su destino y desde ese momento comienza para ellos la
ardua tarea de encontrar vivienda, trabajo, y recursos para sí mismos y para
sus familiares en Venezuela. Muchos deben afrontar problemas legales debido a
la insuficiencia de documentos que certifiquen la legalidad de su permanencia.
Otros sufren casi de inmediato un infortunio: desaparecen en el recorrido sin
dejar rastro.
¿Qué
hay detrás de esas misteriosas desapariciones que prácticamente no dejan
rastro? ¿Qué suerte corren los migrantes que en su desesperación contratan para
su travesía embarcaciones de dudosa legalidad?
Investigaciones
realizadas por FundaRedes apuntan a la existencia de una red internacional de trata
de personas, controlada por grupos armados irregulares y en la que al parecer,
según denuncias que han llegado a la organización y de las cuales se tiene
registro, habría participación de funcionarios venezolanos vinculados al manejo
administrativo de puertos y de cuerpos de seguridad del Estado, los cuales
operan principalmente en las costas de Venezuela. En otros casos si bien la
participación no es abierta, se denuncia que estos funcionarios no impiden este
tipo de actividades ilegales que ponen en riesgo la vida de los migrantes.
En
2019 el naufragio de dos embarcaciones que zarparon desde la población de
Güiria, en las costas del estado Sucre, con destino a Trinidad y Tobago, dejó
expuesta esta situación. La primera de ellas salió el 23 de abril pasadas las
9:00 pm del sector La Salina, y posteriormente recorrió otras playas del
municipio Valdez de esa jurisdicción para tomar rumbo a la isla de Trinidad y
Tobago. Zozobró con 30 personas a bordo, 28 desaparecieron y dos sobrevivieron.
Del total de pasajeros, 22 eran mujeres de entre 18 y 20 años de edad.
La
segunda embarcación de nombre Ana María habría salido también de Güiria el 16
de mayo a las 4:00 pm, naufragó unos días después con al menos 29 personas a
bordo, de las cuales 28 desaparecieron. A la fecha, sus familiares denuncian
complicidad de funcionarios policiales, negligencia en las labores de búsqueda
y salvamento, así como en las investigaciones posteriores al caso.
El
parlamentario a la Asamblea Nacional por el estado Sucre, Robert Alcalá,
denunció que las autoridades venezolanas no activaron a tiempo el protocolo de
búsqueda y rescate y que tampoco se cuenta con los equipos necesarios para
enfrentar este tipo de tragedias.
Las
investigaciones oficiales llevaron al arresto de al menos nueve personas, entre
ellas funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a quienes investigaron
por el delito de trata de personas, pues tanto los sobrevivientes como los
familiares de las víctimas señalaron que muchos de quienes viajaban en estos
botes lo hicieron bajo engaño y finalmente descubrieron que serían obligados a
prostituirse. En las embarcaciones viajaban incluso menores de edad.
En
otro extremo de la amplia costa caribeña de Venezuela, en el noroccidente, una
situación similar se presentó a un grupo de familiares de migrantes que desde
el estado Falcón pretendía llegar a la isla de Curazao. FundaRedes ha obtenido
al menos tres testimonios de familiares de estas víctimas. Una de ellas es
Johnny Rafael Romero Sarmiento, quien
relató que el 7 de junio de 2019 su hijo Johnny de Jesús Romero Palacios, de 27
años de edad, abordó una embarcación que partió desde la población de Agüide
con destino a Curazao, y no volvió a tener noticias del él.
“En
la zona operan distintos grupos que conviven. A mucha gente se lo he dicho,
este es un grupito que capta personas para montarlas en la lancha, pero en la
lancha también se montan no solo pasajeros migrantes que están intentando
buscar un futuro, también se montan personas que tienen extraños procederes,
llevan droga, llevan pistolas, y es la forma de moverse los delincuentes de la
zona entre Curazao y Aruba; entonces hay unas bandas allí que operan y creemos
que el secuestro lo hizo precisamente una de esas bandas”.
Romero
Sarmiento señaló que al parecer funcionarios del Cicpc también estarían
vinculados en la desaparición de la lancha donde viajaba su hijo: “Se había
cuadrado una vacuna de 20 dólares, que la lancha debía zarpar el viernes a las
4 o 5 de la tarde, y que se borraría el nombre de la lancha. La negociación del
cuadre se hizo en la comisaría de Tucacas”.
Originalmente
en el zarpe estaban en lista para salir 42 personas. Al final solo lo viajaron
32 pasajeros y 2 tripulantes: el capitán de la nave y su esposa. Antes de la
partida se desarrollaron algunos acontecimientos en los que aparecen involucrados
funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Una de las personas que
desistió de viajar en la lancha el 7 de junio relató que sus dos compañeras
fueron “atacadas y torturadas con bolsas en la cabeza para asfixiarlas y les
hicieron disparos al oído, haciendo que las víctimas de ese trato cruel se
orinaran y evacuaran. Eso ocurrió en la playa”. Señala a funcionarios del
Cicpc, a quienes los residentes de la zona denominan como “los hombres de
negro”.
Evelyn
Ollarves Polanco, familiar de tres de los desaparecidos, denunció ante la
Capitanía de Puertos de La Vela, municipio Colina, el extravío de la
embarcación en la cual viajaban 34 personas, entre ellos su hermana con su
esposo y su hijo, quienes cancelaron 400 dólares por el pasaje.
Marcelo
Pisani, director regional de la Organización Internacional de Migraciones para
Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, afirmó que “estos desafortunados
incidentes resaltan las medidas desesperadas que los venezolanos están
dispuestos a tomar para llegar a sus destinos, incluso arriesgando sus vidas a
manos de los contrabandistas”.
De
acuerdo con un informe de la OIM que contabiliza más de 80 desapariciones de
venezolanos en el Caribe y cita testimonios de sobrevivientes y familiares de
los desaparecidos, los traficantes de personas venden a los migrantes viajes en
barcos sobrecargados “inadecuados para el transporte de pasajeros en mar
abierto”. Al cierre de 2019, según las investigaciones realizadas por
activistas de FundaRedes, el número de desaparecidos ascendía a 152.
Las
investigaciones realizadas en la zona por la organización confirman que existen
grupos criminales actuando en altamar que interceptan las embarcaciones para
secuestrar a los migrantes y exigir rescates o para venderlos en el mercado de
la trata de personas, contando para ello con la cooperación del crimen
organizado que opera en Trinidad y Tobago vinculadas al comercio sexual y a
otras formas de esclavitud moderna. En todos los casos conocidos por FundaRedes
los protocolos de búsqueda y rescate no se activaron o se pusieron en marcha
con varios días de retraso.
En
la mayoría de los casos son los propios familiares de las víctimas quienes
emprenden la búsqueda. En esas pesquisas han conocido que al menos 700 personas
han sido halladas por las autoridades de Trinidad y Tobago en diversos
procedimientos, pero ha faltado diligencia de las autoridades venezolanas para
indagar sus identidades y paraderos a fin de ofrecer información a las familias
y coordinar su retorno a Venezuela. “En Trinidad aparecen muchas personas a que
han tenido privadas de libertad o que las están prostituyendo. Y Venezuela no
tiene registro de ninguna de esas personas (…) Eso ha salido en los noticieros
de Trinidad, pero Venezuela no tiene ni idea de quiénes son esas personas ni a
quiénes tiene el gobierno privados de libertad por estar ilegales allá”, dijo a
FundaRedes Xioglimar Mata, familiar de un joven desaparecido.
Sin
respuesta oficial
Ana
Arias, madre de una joven que viajaba en el bote “Jhonailys José” que salió de Güiria
en abril de 2019, informó que de esa embarcación “hay 28 personas desaparecidas
y aunque hay fotos enviadas desde Trinidad y Tobago de allanamientos que ha
hecho el gobierno de allá, hay chicas que han sido reconocidas, el Estado
venezolano ha hecho caso omiso a nuestra situación y ninguna autoridad tuvo
algún tipo de control migratorio”.
En
lo que respecta a los desaparecidos de la embarcación que zarpó de Agüide las
denuncias fueron interpuestas por familiares ante la Fiscalía del Ministerio
Público, donde la fiscal auxiliar en Falcón Disleen Hermelinda Rivas argumentó
falta de competencia por territorialidad, violentando de esta manera el derecho
a la vida de connacionales establecido en el artículo 43 de la Constitución y
con el agravante de que entre los desaparecidos hay menores de edad.
El
caso de Falcón fue asignado a una Fiscalía ubicada a más de tres horas del
lugar del zarpe y donde viven casi todos los familiares de los desaparecidos.
Hasta los momentos nada se ha avanzado en la documentación de elementos que los
familiares han suministrado, lo cual denota otro acto de inacción por parte del
Estado.
FundaRedes
ha acompañado a los familiares de las víctimas en el proceso de denuncia ante
instancias del Estado Venezolano. El 12 de septiembre de 2019 la organización
presentó ante el Ministerio Público un documento en el que alertaba sobre la
situación de los migrantes en las costas venezolanas y precisaba las zonas de
actuación de las bandas armadas que los someten.
El
7 de febrero de 2020 FundaRedes expuso la situación a la comitiva de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se desplazó a la ciudad de
Cúcuta (Colombia) ante la negativa del gobierno venezolano de permitirle la
entrada al país. De igual manera, FundaRedes ofreció acompañamiento a
familiares de Kelly Zambrano Vera y de Johnny de Jesús Romero Palacios, dos de
los desaparecidos en las costas venezolanas durante su migración forzada del
país en medio de la Crisis Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela, y a
quienes los organismos del Estado no han garantizado la debida investigación
para dar con su paradero y para evitar que sigan ocurriendo este tipo de
situaciones.
FundaRedes
también acompañó la protesta nacional de familiares de las víctimas de
desapariciones forzadas ante el Ministerio Público el 19 de febrero de 2020, en
Caracas, y participó en la reunión que los parientes sostuvieron con diputados
de la Comisión de Relaciones Interiores de la Asamblea Nacional el 20 de
febrero de 2020, fecha en la cual además presentó una solicitud de
esclarecimiento de los hechos en la Fiscalía General de la República.
Los
sucesos ocurridos en Sucre y Falcón ponen al descubierto la fragilidad del
Estado venezolano en la protección de sus ciudadanos ante eventuales
violaciones a sus derechos humanos, incluso, su debilidad y hasta inacción para
investigar los hechos, a pesar de que el artículo 2 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela declara a Venezuela como un Estado
democrático y social de Derecho y de justicia en el que sus instituciones
tienen por función primordial velar, promover y hacer respetar los derechos
humanos.
Pese
a que Venezuela suscribió la Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas –entendiendo que la
desaparición forzada constituye un delito que en determinadas circunstancias es
calificada por el Derecho Internacional como un crimen de lesa humanidad y el
derecho a la vida se encuentra previsto en el artículo 3 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 43 de Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela– a los migrantes les es vulnerado este
derecho en su afán de salir del país por las costas, así como es violentado su
derecho a no sufrir ninguna forma de esclavitud ni servidumbre, de acuerdo con
lo enunciado en el artículo 4 de la declaración Universal de los Derechos
Humanos.
El
Estado venezolano tiene la obligación de prevenir y evitar que ocurran
desapariciones forzadas, además de luchar contra la impunidad para garantizar
el derecho de las víctimas a la justicia, a la reparación y a que se conozca la
verdad sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho. También debe respetar
el derecho de los familiares a buscar, recibir y difundir información
relacionada con cada caso.
EPÍGRAFES:
“Una
de las personas que desistió de viajar relató que sus dos compañeras fueron
atacadas y torturadas con bolsas en la cabeza para asfixiarlas y les hicieron
disparos al oído, haciendo que las víctimas de ese trato cruel se orinaran y
evacuaran. Eso ocurrió en la playa”
“En
la mayoría de los casos son los propios familiares de las víctimas quienes
emprenden la búsqueda. En esas pesquisas han conocido que al menos 700 personas
han sido halladas por las autoridades de Trinidad y Tobago en diversos
procedimientos, pero ha faltado diligencia de las autoridades venezolanas para
indagar sus identidades y paraderos”
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del boletín en la web:
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