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Prensa. @elestimulo
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, insistió en que la decisión de la oposición de acudir a las urnas el pasado 15 de octubre es una “falta de respeto” al pueblo venezolano, debido a que “no se puede ir a una elección si no se puede garantizar la vigilancia de los votos”. Sin embargo, manifestó que no puede decirle qué hacer a los actores políticos de Venezuela, pero sí les advirtió de que “cada quien se debe hacer responsable” de sus decisiones. Reveló además tener pruebas del supuesto fraude cometido en los comicios del 30 de julio, donde existiría al menos 3 millones de votos falsos.

Desde Salt Lake City, donde estuvo presente El Estímulo, Almagro considera que los factores políticos venezolanos “dejaron por el camino” los más de 7 millones de ciudadanos que se pronunciaron durante el llamado plebiscito del 16 de julio “y sorprendieron al ir a las elecciones regionales” y dijo que “no tiene sentido que acudan a las municipales”.

Manifestó que ante la convocatoria y la decisión de la Mesa de la Unidad  de asistir no dijo nada, debido a que respetó la acción de la oposición porque creía que había una opción política en el proceso. En ese sentido, recordó que en los pasos para la redemocratización del país “no se puede jugar con las reglas del juego de una dictadura y no se puede entrar a participar con procedimientos que la dictadura está implementando para alargar su estadía en el poder”.

Basó su respuesta en lo ocurrido como la activación del referendo revocatorio, que fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) luego de que cinco tribunales estadales lo consideraran “írrito”, debido a una supuesta falta en la recolección de firmas, así como en el desconocimiento de los resultados del 16 de julio.

En esta oportunidad, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente representa para el político uruguayo un “instrumento fundamental de opresión que ha creado el régimen (…) donde ahí terminan viendo y muriendo las expectativas y esperanzas de la democracia”.

“Mientras sigan jugando con esas reglas, será imposible la democratización de Venezuela”, subrayó.


El mismo día de las elecciones de la ANC, refiere Almagro, se entregaba un documento en seno de la OEA de aquellos gobernadores y alcaldes que han sido perseguidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro “y eso la oposición lo ha pagado caro”. Recordó que en la misma fecha, la compañía que prestaba servicio técnico al Consejo Nacional Electoral (CNE), Smartmatic, denunciaba que al menos un millón de votos eran fraudulentos.

“Tenemos evidencia que fueron al menos tres millones de votos”, dijo.
Aseguró que, para llegar a las elecciones en Venezuela, es necesario que se implementen garantías reales de que exista un proceso transparente y que “permita dejar la dictadura atrás en ese mismo proceso”. Agregó que mientras no se pueda, se deben establecer líneas de trabajo que permitan debilitar la estructura presente en nuestro país.  A su juicio, los “regímenes” dictatoriales en el Caribe y Centroamérica  “son mucho más gruesos” y que hasta los momentos, “ninguno se ha ido por las buenas”.

Ante esto, recalcó que por eso es que desde el seno de la OEA se pide que se apliquen sanciones más severas contra Venezuela “para ver si así podemos poner al régimen de rodillas” y generar una salida, que a su juicio “es el único camino de paz hacia la paz”. Recordó que los caminos para la democracia en este sector del mundo han tenido ejemplos de la Historia “lamentablemente malos” porque en esta parte del continente, “los dictadores mueren en el poder como Fidel Castro, otros asesinados (…) o dejan el poder por procesos cruentos, como el proceso de Somoza, o han caído por presión popular como el de Pérez Jiménez o por intervención extranjera, como el caso de Noriega”.

Por ello, indicó que en el ente hemisférico se establecieron cuatro líneas de acción principales para ayudar a debilitar el gobierno de Maduro como: seguir denunciándolo por sus violaciones a los Derechos Humanos; apoyar y exigir sanciones de más países americanos, así como de la Unión Europea, a altos funcionarios venezolanos; seguir con las audiencias en la OEA para la determinación de crímenes de lesa humanidad en el país, con lo que serían juzgados los personeros del Gobierno que estén involucrados ante la Corte Penal Internacional y el apoyo a la institucionalidad democrática, como se realizó con la Asamblea Nacional y la instalación del TSJ en la OEA oara ayudar al restablecimiento del estado de Derecho.

 
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