Prensa.
@elestimulo
El
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, insistió en que la decisión de la oposición de acudir a las urnas el
pasado 15 de octubre es una “falta de respeto” al pueblo venezolano, debido a
que “no se puede ir a una elección si no se puede garantizar la vigilancia de
los votos”. Sin embargo, manifestó que no puede decirle qué hacer a los actores
políticos de Venezuela, pero sí les advirtió de que “cada quien se debe hacer
responsable” de sus decisiones. Reveló además tener pruebas del supuesto fraude
cometido en los comicios del 30 de julio, donde existiría al menos 3 millones
de votos falsos.
Desde
Salt Lake City, donde estuvo presente El Estímulo, Almagro considera que los
factores políticos venezolanos “dejaron por el camino” los más de 7 millones de
ciudadanos que se pronunciaron durante el llamado plebiscito del 16 de julio “y
sorprendieron al ir a las elecciones regionales” y dijo que “no tiene sentido
que acudan a las municipales”.
Manifestó
que ante la convocatoria y la decisión de la Mesa de la Unidad de asistir no dijo nada, debido a que respetó
la acción de la oposición porque creía que había una opción política en el
proceso. En ese sentido, recordó que en los pasos para la redemocratización del
país “no se puede jugar con las reglas del juego de una dictadura y no se puede
entrar a participar con procedimientos que la dictadura está implementando para
alargar su estadía en el poder”.
Basó
su respuesta en lo ocurrido como la activación del referendo revocatorio, que
fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) luego de que cinco
tribunales estadales lo consideraran “írrito”, debido a una supuesta falta en
la recolección de firmas, así como en el desconocimiento de los resultados del
16 de julio.
En
esta oportunidad, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente
representa para el político uruguayo un “instrumento fundamental de opresión
que ha creado el régimen (…) donde ahí terminan viendo y muriendo las
expectativas y esperanzas de la democracia”.
“Mientras
sigan jugando con esas reglas, será imposible la democratización de Venezuela”,
subrayó.
El
mismo día de las elecciones de la ANC, refiere Almagro, se entregaba un
documento en seno de la OEA de aquellos gobernadores y alcaldes que han sido
perseguidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro “y eso la oposición
lo ha pagado caro”. Recordó que en la misma fecha, la compañía que prestaba
servicio técnico al Consejo Nacional Electoral (CNE), Smartmatic, denunciaba
que al menos un millón de votos eran fraudulentos.
“Tenemos
evidencia que fueron al menos tres millones de votos”, dijo.
Aseguró
que, para llegar a las elecciones en Venezuela, es necesario que se implementen
garantías reales de que exista un proceso transparente y que “permita dejar la
dictadura atrás en ese mismo proceso”. Agregó que mientras no se pueda, se
deben establecer líneas de trabajo que permitan debilitar la estructura
presente en nuestro país. A
su juicio, los “regímenes” dictatoriales en el Caribe y Centroamérica “son mucho más gruesos” y que hasta los momentos,
“ninguno se ha ido por las buenas”.
Ante
esto, recalcó que por eso es que desde el seno de la OEA se pide que se
apliquen sanciones más severas contra Venezuela “para ver si así podemos poner
al régimen de rodillas” y generar una salida, que a su juicio “es el único
camino de paz hacia la paz”. Recordó que los caminos para la democracia en este
sector del mundo han tenido ejemplos de la Historia “lamentablemente malos”
porque en esta parte del continente, “los dictadores mueren en el poder como Fidel
Castro, otros asesinados (…) o dejan el poder por procesos cruentos, como el
proceso de Somoza, o han caído por presión popular como el de Pérez Jiménez o
por intervención extranjera, como el caso de Noriega”.
Por
ello, indicó que en el ente hemisférico se establecieron cuatro líneas de
acción principales para ayudar a debilitar el gobierno de Maduro como: seguir
denunciándolo por sus violaciones a los Derechos Humanos; apoyar y exigir
sanciones de más países americanos, así como de la Unión Europea, a altos
funcionarios venezolanos; seguir con las audiencias en la OEA para la
determinación de crímenes de lesa humanidad en el país, con lo que serían
juzgados los personeros del Gobierno que estén involucrados ante la Corte Penal
Internacional y el apoyo a la institucionalidad democrática, como se realizó
con la Asamblea Nacional y la instalación del TSJ en la OEA oara ayudar al
restablecimiento del estado de Derecho.