Durante
la denominada “Marcha de las Togas”, encabezada por trabajadores judiciales,
sindicatos y profesionales, el abogado y diputado a la Asamblea Nacional de
Venezuela, Rafael Veloz, aseguró que el sector judicial está corrompido por el
sistema político actual y la población está desprotegida.
“El
sistema judicial venezolano no está al servicio de los ciudadanos del país,
sino de quienes detentan o están cerca del poder. Lo caracteriza la lentitud,
la corrupción que abona la pobreza y el hampa; la impunidad a la delincuencia
de cuello blanco, decisiones entre gallos y media noche del TSJ, no obstante,
cuando los ciudadanos desde dirigentes políticos, parlamentarios, funcionarios
públicos y los de a pie, deciden enfrentar al oficialismo, se vuelve eficiente,
expedito y sumiso ante las órdenes emanadas de Miraflores”.
Durante
la actividad, el también dirigente de Voluntad Popular, recordó que el pasado 9
de septiembre la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre las terribles violaciones a los derechos
humanos en Venezuela y aseguró que las excarcelaciones recientes han sido
selectivas y con medidas cautelares. “Además, se ha observado que por un
excarcelado persiguen, hostigan y allanan las viviendas de docenas de
personas”, denunció.
El
parlamentario, junto a organizadores de la jornada de protesta, la Federación
de Trabajadores Tribunalicios, Colegios de Abogados, el Frente Amplio
Profesional, la Federación de Trabajadores de Tribunales y de la Magistratura
(DEM) entre otros, ratificó que seguirán
en la calle hasta que el sector judicial deje de padecer los agudos problemas
que confrontan los trabajadores, entre ellos: sueldos que se han empobrecido
robándoles su calidad vida, carencia de seguridad social, la discusión de la
contratación colectiva y el desmejoramiento general de la jornada laboral.
“El
régimen manipuló el poder judicial para atemorizar a los ciudadanos con el
terrorismo de Estado, por lo que hay que declarar urgente la emergencia
judicial. El Estado de derecho disminuye la corrupción, protege a los
ciudadanos, combate la pobreza y por ende la delincuencia y genera la paz
social”.
Entre
las consignas de la Marcha de las Togas estuvo ¡basta de la justicia tarifada!
eliminar la corrupción, sueldos dignos, celeridad en las decisiones judiciales,
cese a la persecución de los trabajadores tribunalicios. Sobre esta demanda la
Ley de Garantías para los funcionarios públicos a quienes se les ha vulnerado
los derechos laborales aprobada en mayo de este año, garantiza la protección de
los ciudadanos que al servicio del país laboran en la administración pública y
todas las exigencias no solo del sector judicial, de los demás sectores
nacionales serán atendidas y cumplidas, para ello es inevitable el cambio del
sistema político y el cese de la usurpación. Millones de ciudadanos acompañan
al presidente (e) de Venezuela Juan Guaido en el compromiso de liberar a
Venezuela y devolver la República a sus nacionales y se logrará con el tesón,
la fe ya certeza de que jornadas de protestas en las calles lo harán realidad.
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