Prensa. ABC de España. La Audiencia Nacional
española inició trámites para pedir al Gobierno de Hugo Chávez los informes que
elaboró un oficial del Ejército venezolano sobre las relaciones que mantuvieron
la organización terrorista ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y los cursos de adiestramiento en Venezuela que habrían
recibido varios etarras, entre ellos el líder del colectivo de deportados en el
país, Arturo Cubillas Fontán.
La iniciativa parte de la portavoz del Colectivo de
Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, quien se entrevistó el
pasado fin de semana en Caracas con el militar venezolano, y ha trasladado a la
Fiscalía de la Audiencia Nacional la intención de este de declarar como testigo
protegido en la causa en la que el juez Eloy Velasco investiga las conexiones
entre los dos grupos terroristas.
En declaraciones a
Europa Press, Ordóñez ha explicado que el oficial venezolano –un mayor ya
retirado que fue comandante de la Base de Protección Fronteriza (BPF), en el
límite entre Colombia y Venezuela– redactó numerosos informes que ponen de
manifiesto «la existencia en suelo venezolano de campos de entrenamiento de
etarras y cómo estos campan por el país a sus anchas».
Sin contestación
sobre Cubillas desde 2010
Según fuentes jurídicas, la Fiscalía española ha
solicitado ya al juez Velasco que curse una comisión rogatoria a la Justicia
venezolana pidiéndole por vía oficial esta documentación, lo que el magistrado
hará en los próximos días. Entre tanto, el Gobierno de Chávez no ha contestado
a la petición de extradición que el Consejo de Ministros cursó el 29 de octubre
de 2010 en cumplimiento de la orden de busca y captura dictada por el juez
Velasco. «Algo tendrán que decir ahora», ha señalado Ordóñez antes de
manifestar su indignación por el hecho de que el ministro de Defensa, Pedro
Morenés, calificara en junio pasado al presidente venezolano, Hugo Chávez, de
«gran amigo». «¿Es eso ético?», se ha preguntado.
Al mismo tiempo, ha
recordado que, tal y como denunció Covite en la Cumbre de Ministros
Iberoamericanos que se celebró en septiembre pasado en Valencia, en Venezuela
viven 45 etarras deportados que podrían contribuir a esclarecer los 326
atentados que, según sus datos, siguen todavía sin resolver.
Testimonios de
arrepentidos
Aunque la principal prueba que obra en el proceso
–los ordenadores capturados al líder de las FARC Raúl Reyes en marzo de 2008–,
fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el juez tomó
declaración en 2011 a una decena de guerrilleros arrepentidos que constataron
que Cubillas Fontán visitó en 2006 y 2007 los campamentos de la guerrilla y que
varios etarras recibieron en esas fechas cursillos en el manejo de armas y
explosivos.
Los antiguos
integrantes de las FARC señalaron que ambas organizaciones terroristas
colaboraron para la mejora en el uso de armas y explosivos R1, TNT y C1, e
identificaron entre los terroristas que acudieron a los campamentos de la
guerrilla a Cubillas Fontán, José María Zaldua Corta, ya fallecido, y José Ignacio
Olascoaga Múgica.
El magistrado
procesó en febrero de 2010 a los etarras Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte
Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta (ya
fallecido), José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. A
todos ellos les imputó un delito de colaboración con organización terrorista; a
los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos, y a Cubillas Fontán
también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.
En marzo de 2011
amplió el procesamiento al exjefe militar de ETA Mikel Kabikoitz Karrera
Sarobe, alias «Ata»; al exresponsable del aparato político Francisco Javier
López Peña, «Thierry»; y a los etarras Ignacio Olascoaga, José Lorenzo
Ayestarán, Iurgi Mendinueta e Iurgi Mendinueta, al tiempo que amplió la
imputación a Cubillas al considerarle dirigente de la organización terrorista.
También fueron
procesados los presuntos miembros de las FARC Omar Arturo Zabala Padilla y
Víctor Ramón Vargas Salazar por un delito de conspiración para cometer
homicidios terroristas, mientras que a Gustavo Navarro Morales, Emiro del
Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano
Martín Arango les atribuyó un delito de colaboración con banda armada.
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