Colombia pedirá
a la CIDH que actúe e investigue las deportaciones de colombianos por parte de
Venezuela.
El
conflicto entre Colombia y Venezuela por el cierre de parte de la frontera
común y la deportación de colombianos desde el vecino país cobró hoy mayor
trascendencia internacional en medio de llamamientos de las autoridades
venezolanas a resolverlo "en familia".
El
secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció este miércoles que visitará
el sábado la zona colombiana donde se concentran los deportados y los que han
abandonado Venezuela por su propia voluntad a causa de esta nueva crisis entre
dos países vecinos.
Almagro
aceptó una invitación del alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, con quien
se reunió en Washington, para que visite esa ciudad colombiana, la misma donde
hoy se encuentra una veintena de embajadores para conocer la situación de los
deportados y retornados de Venezuela, que son unos 1.100 en el primer caso y
unos 10.000 en el segundo, según distintas fuentes.
El
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, invitó a los diplomáticos a ver con
sus propios ojos la "tragedia humanitaria" de los llegados desde
Venezuela y lo que su Gobierno hace para atenderlos, según dijo este miércoles.
La crisis en la frontera se originó a partir de un ataque sufrido hace dos semanas
por militares venezolanos, del que el Gobierno de Venezuela culpó a
contrabandistas colombianos.
Tras
anunciar su próxima visita a Cúcuta, Almagro "hizo suyo" un reciente
comunicado en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió
a Venezuela a detener inmediatamente "cualquier expulsión colectiva,
arbitraria o sumaria" de colombianos y a "abstenerse de adoptar
cualquier medida tendente a destruir" sus propiedades.
Pero,
además, el titular de la OEA llamó hoy a Colombia y a Venezuela "a activar
los mecanismos de cooperación fronteriza existentes para resolver las denuncias
referidas a contrabando, lucha contra el crimen organizado, paramilitarismo y
fortalecer instancias de dialogo conjunto en otros asuntos como atención de
salud pública, asistencia social y medioambiente".
El
alcalde de Cúcuta, quien, acompañado del defensor del Pueblo de Colombia, Jorge
Armando Otálora López, acudió hoy a la CIDH para pedir que actúe e investigue
las deportaciones de colombianos por parte de Venezuela, también se propone
denunciar al presidente Nicolás Maduro y altos cargos venezolanos ante la Corte
Penal Internacional (CPI), según dijo en una entrevista con una radio.
Ante
estas acciones y otras que ha anunciado el Gobierno colombiano en el plano
internacional, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, pidió hoy
al Gobierno de Colombia resolver la crisis fronteriza "en familia",
que es "la vía racional". El diplomático consideró un
"desgaste" hacer un "recorrido burocrático" por el mundo.
"Yo creo que es preferible que hablen nuestros presidentes", señaló.
El
presidente Maduro está de gira por Asia, mientras su colega colombiano, Juan
Manuel Santos, hoy encabezará un consejo de ministros en Cúcuta, el epicentro
de la crisis con Venezuela. "El
papel del presidente muchas veces es el papel de bombero y me toca como
presidente apagar muchos incendios. Estoy tratando de apagar un incendio por
allá en la frontera, porque hay pirómanos del otro lado, y lo que yo quiero es
apagar ese incendio", afirmó hoy el jefe de Estado colombiano.
Tras
un fracasado intento por convocar una reunión de cancilleres de países de la
OEA para tratar del conflicto colombo-venezolano y descartar a Unasur como
ámbito para hallar una solución, Santos anunció esta semana que Colombia
buscará apoyo internacional. La canciller María Ángela Holguín se reunirá el
lunes en Ginebra con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, y con el director de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing.
"Y
el miércoles me recibe el señor secretario general de las Naciones Unidas (en
Nueva York), y voy a estar también con el director de la OCHA", la Oficina
de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, dijo hoy Holguín ante
una comisión del Senado.
En
la actualidad, por decisión de Venezuela, está cerrado el paso entre los dos
países en unos 160 kilómetros de los más de 2.200 que suma la frontera
colombo-venezolana y rige el estado de excepción en diez municipios venezolanos
del estado Táchira. El embajador colombiano en Caracas y el venezolano en
Bogotá han sido llamados a consultas por sus respectivos Gobiernos.
Los
diarios The Washington Post y The New York Times dedicaron hoy sendos
editoriales a la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia en los que
coinciden en acusar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de
"fabricar" la disputa con el país vecino con vistas a elevar el apoyo
al oficialismo en plena campaña electoral.
El
diario de Washington afirma que la ilegalidad y el contrabando son "moneda
común" a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, pero el
problema "no parte de los colombianos, sino de las políticas económicas
desastrosas del Gobierno de Maduro".
El
canciller costarricense, Manuel González, afirmó hoy en un encuentro con prensa
extranjera que el conflicto colombo-venezolano debería haberse analizado desde
un punto de vista humanitario y no ideológico en el seno de la OEA. "Era
necesario conocer de primera mano la situación de crisis humanitaria que existe
y que no podemos negar. La gente no tiene por qué pagar los errores de sus
gobiernos, y como comunidad internacional debemos señalar y proponer. La OEA
era el sitio donde tenía que discutirse", afirmó.