Prensa.
Especial. Yohana Zambrano
La
sociedad tiene el derecho de estar informada pero el gobierno aplica el garrote
para cerrar medios y evitar que la gente se entere de la dura realidad que
atraviesan los venezolanos. Los periodistas y trabajadores de la prensa en
Venezuela protestaron contra el gobierno nacional por su política de negar el
derecho a los ciudadanos para que estén informados y para lo cual utiliza todos
los medios a su alcance, a fin de que la gente no sepa lo que ocurre en el
país.
La
concentración de los profesionales de la prensa ocurrió en la Av. Francisco de
Miranda, a la altura de Los Cortijos de Lourdes, cerca del diario El Nacional,
víctima constante de los vejámenes del gobierno nacional. La protesta se
extendió a los estados Sucre, Portuguesa y Miranda. El Zulia hará la protesta
el jueves.
La
iniciativa fue organizada por la Asociación Civil Expresión Libre, Espacio
Público, la seccional Distrito Capital del Colegio Nacional de Periodistas
-CNP-, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa -SNTP- el
Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela -CRGV-y las seccionales de los
diferentes estados donde se produjo la reacción de los periodistas venezolanos.
Silvia
Alegrett, coordinadora general de Expresión Libre, periodistas por la paz y la
democracia, destacó que el gobierno de Maduro controla la venta del papel
prensa, tintas y planchas necesarias para la elaboración de los periódicos,
dejando sin papel a los medios que lo critican, en una acción que intenta
doblegarlos.
“Existen
85 periódicos en peligro de cierre por falta de insumos y de los 115 diarios
que circulaban en 2013, quedan unos 92. Solo en Semana Santa, -agregó-, 17
periódicos de diferentes ciudades del país dejaron de circular con el propósito
de ahorrar papel”.
Comentó
la dirigente gremial, que los periódicos que sobreviven han reducido sus
páginas y el número de ejemplares que imprimen, lo que significa la pérdida del
70 por ciento del espacio que estaba destinado a informar a los ciudadanos.
Medios
audiovisuales
La
protesta de los periodistas se extendió a los medios audiovisuales. Lisbeth de
Cambra, secretaria general de la seccional Distrito Capital del Colegio
Nacional de Periodistas afirmó que para que los medios funcionen tienen que
tener un permiso del gobierno. “Hoy, -dijo-, mas de 200 emisoras tienen su
concesión vencida y Conatel (órgano regulador) no las renueva con el fin de
presionarlos para que eliminen programas de opinión y noticias que denuncien las
fallas gubernamentales”.
Los
medios de comunicación viven de los anuncios publicitarios y el sector oficial
es el principal anunciante. “El gobierno, entonces, solo coloca cuñas en
televisoras y emisoras de radio que no critiquen su gestión. Esa es una de las
razones por las cuales algunos medios se han visto en la necesidad de cerrar
sus operaciones”, sostuvo De Cambra.
Libertad
de Expresión
En
Venezuela la libertad de expresión se encuentra en una grave situación. Eduardo
Orozco, expresidente del CNP, directivo de Expresión Libre y de la organización
Periodistas y Punto, hizo énfasis, en que los periodistas continuamente son
víctimas de agresiones verbales por parte del Presidente de la República,
ministros, gobernadores, alcaldes y afectos al régimen. La Guardia Nacional
Bolivariana, GNB, la Policía Bolivariana y policías regionales y municipales de
gobernaciones y alcaldías pro gobierno agreden físicamente a periodistas,
mientras intentan hacer su trabajo.
Comentó
el periodista Orozco que esta política de agresión del gobierno se ve reflejada
en el informe de la ONG Espacio Público correspondiente al año 2015, a través del cual se denunció que en ese año
se produjeron 287 violaciones a la libertad de expresión. “En 93 casos, -apuntó
Orozco-, se utilizó la intimidación para impedir la cobertura de los hechos
noticiosos mediante la restricción del ingreso a espacios públicos, asalto y
robo de equipos por parte de funcionarios gubernamentales”.
Concluyeron
los líderes gremiales que estas denuncias están siendo elevadas al ámbito
internacional, en virtud de que en
Venezuela los poderes están bajo el mando del Ejecutivo y, por lo tanto,
nuestras demandas no son escuchadas y menos investigadas.
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