La discusión fue
abierta por el diputado Miguel Pizarro (PJ), quien señaló que el proyecto
representa “el cambio por el que el país votó el 6 de diciembre”. “Este
Parlamento tiene la obligación de darle soluciones a grupos vulnerables”, dijo.
Prensa. @NicolleYapur
La
Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados fue
aprobada este miércoles en segunda discusión por la Asamblea Nacional,
convirtiéndose en la segunda ley sancionada por el Parlamento electo el 6 de
diciembre, de mayoría opositora. El bloque oficialista salvó su voto.
La
Ley será remitida al Ejecutivo para su análisis y promulgación. El presidente
cuenta con 10 días para pronunciarse. Pizarro afirmó que la ley fue sometida a
una amplia consulta pública “con todos los sectores involucrados” y recolectó
“miles de firmas de apoyo”. No obstante, el proyecto fue fuertemente criticado
por los diputados del Psuv, que cuestionaron la viabilidad de la legislación en
medio de un contexto de crisis económica.
La
ley indica que las personas de la tercera edad que sean beneficiarias de la
pensión del IVSS o de la jubilación otorgada por algún ente público (incluyendo
pensiones de discapacidad, vejez, invalidez y sobreviviente) recibirán un bono
mensual equivalente a 67 unidades tributarias.
El
diputado Ricardo Sanguino (Psuv) también cuestionó el aspecto financiero de la
ley. “No estamos en contra de los beneficios sociales, pero hay que ser
realistas y no hay recursos”, dijo el ex presidente de la Comisión de Finanzas.
“Así
como está planteada es imposible hacerla cumplir”, añadió el diputado Víctor
Clark (Psuv). También preguntó si en el proceso de estudio financiero se había
consultado al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (ente rector del bono),
al Ministerio del Trabajo y al de Economía y Finanzas.
Héctor
Rodríguez (Psuv) propuso la creación de un impuesto adicional a las empresas
privadas que permita levantar Bs 500 mil millones al año para financiar el
bono. “Pedimos que incluir 3 artículos, uno que todas las clínicas privadas
acepten de manera gratuita a los pensionados, que las empresas privadas también
jubilen a los empleados, y el último punto y el más importante, que se incluya
el impuesto para recoger los 500 mil millones de bolívares para que se pueda ejecutar
este proyecto”, dijo.
Para
Pizarro, uno de los promotores más visibles del proyecto, el tema del
financiamiento es cuestión de prioridades. Indicó que los fondos destinados
para la compra de armamento bien podrían usarse para cancelar este beneficio a
los pensionados, y objetó la creación de un impuesto o aporte especial para
levantar recursos adicionales. La propuesta de Rodríguez fue negada por la
plenaria.
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