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Estimulo.com.
Los tres diputados de la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) que fueron desincorporados por sentencia del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), junto a, los también parlamentarios, José Luis
Pirela y Rafael Veloz, y el diputado jubilado Walter Márquez, asistieron a la
Fiscalía General de la República a denunciar a los magistrados de la Sala
Electoral.
“Estamos solicitando una averiguación
penal y la remoción de los magistrados de la Sala Electoral que de manera
dolosa actuaron en el caso del amparo constitucional en contra de los cuatro
diputados de Amazonas: Julio Ygarza (MUD), Nirma Guarulla (MUD), Romel Guzamana
(representación indígena, pero dentro de la bancada de la MUD) y también el del
PSUV, Miguel Tadeo”, expresó Márquez.
Pirela informó que además solicitaron la
investigación “por hecho punible” al alcalde del Municipio Libertador, Jorge
Rodríguez y a Nicia Maldonado, excandidata del oficialismo a las elecciones
parlamentarias del 6 de diciembre, por haber difundido una “prueba falsa”, que
fue utilizada por el TSJ como prueba formal del presunto fraude electoral.
“No se trata simplemente de un
planteamiento político, sino una tropelía judicial en el que se está cometiendo
un fraude constitucional”, señaló Pirela. Márquez explicó que la Sala
Constitucional partió de un hecho falso. “De una grabación que no fue hecha en
base a un procedimiento judicial, que es el único que puede autorizar una
grabación. Esta fue usada en una rueda de prensa y la convirtieron en algo
notorio”, dijo.
La defensa, en ocasiones anteriores, ha
rechazado que la única prueba que sustenta el recurso contra los diputados de
Amazonas sea “una supuesta grabación absolutamente ilegal”.
Se trata “de la grabación de una supuesta
conversación privada difundida en medios de comunicación sin consentimiento de
los interlocutores, es una grabación inconstitucional e ilegal, pues el
artículo 49.1 de la Constitución declara nulas las pruebas obtenidas mediante
violación del debido proceso”.
Los parlamentarios, este miércoles,
aseguraron que la desincorporación de estos diputados impide el derecho a los
pueblos indígenas de tener su representación por mandato de la resolución de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) con respecto a los pueblos indígenas,
viola el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
pueblos indígenas y tribales, así como la Constitución en su artículo 125, que
establece la garantía a la representación de los pueblos indígenas en el Parlamento.
Ante lo que Márquez definió como un
“cúmulo o concurso de delitos”, añadió que llevarán la próxima semana otra
denuncia ante la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional y ante
la Comisión de Política Exterior.
También formalizarán la acusación ante
la ONU, el Parlatino, la OIT, el Parlasur y el Parlamento de la Unión Europea. “Se está violando el derecho a la
soberanía popular, a las elecciones y a la representación indígena”, añadió. La
ausencia de los tres diputados de la Unidad quita la mayoría calificada de la
oposición en la Asamblea.
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