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En la sesión ordinaria de este 25 de
octubre, la Asamblea Nacional emitió el acuerdo para iniciar el procedimiento
de declaratoria de Responsabilidad Política del presidente Nicolás Maduro. La
primera decisión tomada en el acuerdo fue la fecha: el próximo 1 de noviembre,
exactamente en una semana a partir de hoy, a las 3:00 pm, el Jefe de Estado
deberá asistir al Hemiciclo a exponer sus alegatos frente a las graves
violaciones a la Constitución, los Derechos Humanos y la democracia que se le
endosan.
“… Y por haber consolidado un modelo
político-económico y social que por su estatismo, rentismo, burocratismo y
corrupción ha ocasionado la devastación de la economía del país y, en
particular, una enorme inflación y el estrangulamiento de la producción
nacional, así como el desabastecimiento en el rubro de los alimentos y
medicamentos e insumos médicos”., dice el documento.
La segunda decisión reflejada en el
acuerdo es que el Parlamento se declara en sesión permanente “para determinar
junto al pueblo, en asambleas de ciudadanos y ciudadanas, movilizaciones y
diversas formas de deliberación y manifestación pública, las decisiones
posteriores que deban adoptarse ante la ruptura constitucional impulsada por el
Presidente de la República”. Esto amparado por los artículos 187, numeral 4 de
la Constitución y 127 y 128 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional.
La tercera medida adoptada es encomendar
a la Comisión Especial de Alto Nivel Parlamentario, designada en sesión
ordinaria del 23 de octubre de 2016, evaluar la posibilidad de que la AN
declare el abandono del cargo del Presidente. La cuarta decisión es “ratificar
el compromiso con la restitución del orden constitucional”.
En ésta, señalan al artículo 333 de la
Constitución, que dice que “esta Constitución no perderá su vigencia si dejare
de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro
medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano
investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar
en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
“La inobservancia de ésta se produce no
solo por medio de un hecho de fuerza contra la institucionalidad en sentido
clásico, sino también cuando el Presidente de la República hace uso de su
autoridad civil y militar para socavar la Constitución”, dice el documento.
La quinta decisión es ratificar su
anuncio de acudir a las instancias internacionales competentes “para denunciar
las violaciones a derechos humanos y a los elementos esenciales de la
Democracia que sufren los venezolanos y venezolanas, en cuya comisión el
Presidente de la República ha tenido papel protagónico“. La sexta y última,
darle publicidad al acuerdo.
El documento expone 16 motivos para
llegar a estas decisiones, entre los que destacan motivos de carácter social,
como el índice de inflación (proyectado en 700% para 2016) y el incremento de
la canasta básica familiar; de carácter político, como el que “el presidente de
la República se ha facultado a sí mismo para aprobar contratos de interés
público con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no
domiciliadas en Venezuela, quebrantando flagrantemente el artículo 150 de la
Constitución“.
Puede
leer el Acuerdo completo aquí:
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