Prensa.
Vía Patilla.com.
El próximo viernes 30 de diciembre se
cumple un año de la suspensión provisional de la proclamación de los diputados
de Amazonas Romal Guzamana, Nirma Guarulla y Julio Igarza, quienes de manera
arbitraria fueron desproclamados por la sentencia ilegal de la Sala Electoral
del Tribunal Supremo de Justicia número 260 a solicitud del Partido Socialista
Unido de Venezuela y de quien fuera la candidata en esa zona sur del país,
Nicia Maldonado y Jorge Rodríguez como representante de esa organización
política, y el máximo tribunal del país sigue aún incumpliendo una gran
cantidad de normas en el caso, asegura el parlamentario nacional jubilado
Walter Márquez acompañado del diputado Sergio Vergara y un grupo de estudiantes
y líderes sociales.
Recordó Márquez que el 6 de enero de
2016 se incorporaron legalmente estos diputados indígenas y el 11 del mismo mes
la Sala Electoral declaró en desacato a la Asamblea Nacional y ordenó la
inmediata desincorporación de esos parlamentarios, “pero es importante ir al
fondo del tema, porque estamos en presencia de una asociación para delinquir y
una red de delincuencia organizada, además de un fraude político y judicial
propiciado por el gobierno y sus cómplices del TSJ para arrebatarle las dos
terceras partes a la Mesa de la Unidad Democrática que obtuvo un éxito contundente
el 6 de diciembre de 2015”.
Ante la situación que desfavorecía al
régimen, éste tomó la iniciativa de nombrar 13 magistrados del TSJ en forma
ilegal, y luego el 16 de diciembre en una rueda de prensa, Jorge Rodríguez
presentó un fraudulento audio de fecha 5 de diciembre, el día anterior a las
elecciones, que por lo tanto no se puede vincular en el proceso electoral en el
que ganó la MUD, y solamente se refiriere a una sola mesa en la Unidad
Educativa Félix Ramón Rivas, en Limón de Parhueña, del municipio Atures del
estado Amazonas, unas supuestas irregularidades producto de una grabación que
de ser cierta fue obtenida fraudulentamente a través de un agente encubierto,
el cual no contó con la autorización de un tribunal de control ni solicitud del
Ministerio Público, ni había abierta ninguna averiguación, resalta el también
historiador Walter Márquez.
En este sentido insiste que de haber
sido grabada esa conversación, se violó la seguridad de las comunicaciones
contemplada en la Constitución de la República, la Ley de Privacidad de las
Comunicaciones, “con lo cual estamos en presencia de una red de delincuencia
organizada de la cual forma parte no solo Jorge Rodríguez y Nicia Maldonado,
sino también los magistrados de las Salas Electoral y Constitucional del TSJ,
que se basaron en una prueba fraudulenta, producto de un aparente hecho
noticioso, pues una noticia por el hecho de ser publicada no se convierte en
cierta, y en este caso la misma fue desmentida al día siguiente tanto por el
gobernador de Amazonas Liborio Guarulla, como por el propio diputado electo
Romel Guzamana”.
“Hace un año, el 29 de diciembre, los
miembros de esa red de delincuencia organizada, a través de Nicia Maldonado
solicitaron la nulidad de las elecciones de Amazonas, lo grave es que la Sala
Electoral estaba de vacaciones de Navidad, como lo había hecho desde el año
2000, pero interrumpieron el asueto para conocer de una denuncia de elecciones,
y el día 30 de forma fraudulenta suspendieron de manera provisional a los
diputados de Amazonas. A partir de allí han usado ese argumento en contra de
los diputados indígenas y la AN, que si lo analizamos no tiene incidencia
matemática en el resultado electoral de esa zona porque se refieren a una sola
mesa, y tampoco el audio menciona a ninguno de los diputados de Amazonas ni a
las siglas de la MUD”, indica Márquez.
Todo eso es fraudulento –expresó- porque
a partir de una sola mesa los magistrados de la Sala Electoral lo generaliza a
todo el estado a través de una figura que llaman hecho notorio que se usa en
derecho cuando un suceso no necesita ninguna prueba, pero en el caso de
Amazonas por mandato de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la propia
jurisprudencia del TSJ, hay que demostrar irregularidad por mesa y centro de
votación, lo cual jamás hicieron porque en el expediente ni siquiera anexaron
el audio ni la trascripción del mismo ninguna otra prueba.
TSJ sin facultades
Walter Márquez considera grave que la
declaratoria de desacato contra la AN y los diputados de Amazonas decretada
posteriormente por la Sala Electoral el día 11 de enero no tenga ningún asidero
legal ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del TSJ, que solo puede
declarar multa pecuniaria cuando alguien no acate una decisión; pero en este
caso más que un desacato es un conflicto de poderes, regulado por la propia
Constitución, y quien dirime es la Sala Constitucional, que no puede decidir su
propio conflicto entre la AN y TSJ , por lo que se evidencia que estamos en
presencia de un régimen forajido que utiliza el poder judicial como un
instrumento para el control político en el parlamento venezolano. Frente a
estas circunstancias la Asamblea tiene que reaccionar con mucho coraje y no
dejarse acorralar
Reto a presentar pruebas
Ante la situación presentada emplazo a
Jorge Rodríguez y a los miembros del Polo Patriótico a presentar siquiera una
sola prueba concreta del fraude de Amazonas, porque estamos en capacidad de
demostrar que todo eso ha sido fraudulento. Otro hecho insólito en este caso ha
sido la promoción de pruebas que debería haberse celebrado en Puerto Ayacucho,
y al inhibirse un juez se debería de haber agotado toda la lista de ellos en el
estado, pero la presidenta de la Sala Electoral de manera sesgada envió la
promoción de pruebas a la ciudad de Maturín, a 13 horas de Puerto Ayacucho, lo
cual demuestra la parcialidad y manipulación del expediente.
Ratificó Walter Márquez que “estamos en
presencia de un fraude político, judicial y electoral fabricado por el régimen,
que en otros países se llama falso positivo judicial, para lo cual es
importante que intervenga el Papa Francisco como facilitador de la solución a
la crisis del país, al igual que Luis Almagro como Secretario General de la
OEA, para que se respeten los derechos de los diputados de los pueblos
indígenas que han sido víctimas de un trato discriminatorio desde el punto de
vista étnico y racial.
Así mismo, -expresó- el defensor del
Pueblo Tarek William Saab debe asumir la defensa de los legisladores de los
pueblos indígenas de Amazonas y Apure porque es su obligación de acuerdo a la
Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Comisión de la verdad
Igualmente indicó Márquez que se debe
designar una comisión de la verdad con participación nacional e internacional
que pueda comprobar de una vez por todas que en Amazonas el fraude fue fabricado
por el gobierno para usarlo como chantaje contra la AN, porque después de un
año el TSJ no han restituido los derechos a los diputados electos ni se ha
convocado a nuevas elecciones, ya que en esa zona el gobierno no tiene ninguna
posibilidad de ganar.
Allí –indicó- el diputado Romel Guzama
duplicó en votos al candidato oficialista, 32 mil a 16 mil hace un año, ahora,
después que las encuestas señalan que el gobierno tiene el 80% de impopularidad
y luego del “billetazo”, de la sacada de circulación de los billetes de 100
bolívares por parte del gobierno, la situación es más crítica para el régimen;
el diputado lista de la MUD ganó por 2.200 votos, lo que indica que el gobierno
no solo tendría que ganar, sino duplicar en Amazonas para poder quitarnos el
diputado lista, con dos diputados que se consoliden mantendremos la mayoría
calificada de las dos terceras partes.
Expresó Márquez que “estamos en
presencia de un bochornoso fraude político y judicial que debe ser reprochado
por el propio parlamento, el cual tiene que asumir la defensa de los diputados
de Amazonas, porque hacerlo es defender la mayoría calificada, la democracia y
rechazar una dictadura que de hecho y de derecho está utilizando los poderes
públicos para violentar la soberanía popular que eligió a estos parlamentarios,
además debe pedir nuevamente abrir una investigación penal, que ya lo hice
junto con otros parlamentarios en junio de este año contra Jorge Rodríguez y la
red de delincuencia organizada de la que forma parte, y pedir una investigación
y remoción de los magistrados del TSJ que han violentado una cantidad de normas
en perjuicio de los diputados de Amazonas, la soberanía y la democracia
venezolana”.
Advirtió finalmente que tiene
información calificada que señala que el gobierno quiere usar el caso de los
diputados de Amazonas para declarar nula la elección de la nueva junta
directiva de la Asamblea Nacional, intención que debe ser rechazada por todo el
país, que debe enfocarse en solicitar el enjuiciamiento y encarcelamiento de Jorge
Rodríguez y los magistrados de las salas Constitucional y Electoral del TSJ por
formar parte de una red de delincuencia organizada como está demostrado en el
caso del fraude constitucional contra los diputados indígenas.
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