Prensa.
EFE
Los opositores presos, las detenciones
arbitrarias y la impunidad protagonizaron de nuevo la vida en Venezuela en
2016, bajo estado de excepción y en medio de una escasez creciente de alimentos
y medicinas, según Amnistía Internacional (AI).
En su informe anual 2016 presentado hoy
en París, AI denuncia que continuaron los encarcelamientos de antichavistas en
Venezuela, donde más de un centenar de personas estuvieron detenidas por
razones políticas el año pasado.
Recuerda que a mediados de año se
ratificó en apelación la condena a casi 14 años de cárcel al líder opositor
Leopoldo López por la violencia registrada durante una protesta contra el
Gobierno de Nicolás Maduro en 2014, pena confirmada de nuevo hace unos días por
el Supremo.
Amnistía indica que, al concluir 2016,
no se habían aplicado las decisiones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre
Detención Arbitraria, entre ellas las referidas al alcalde metropolitano de
Caracas, Antonio Ledezma, y el exregidor municipal de San Cristóbal Daniel
Ceballos.
Todo en medio de la impunidad, pues sólo
se habían iniciado 77 juicios de las más de 11.000 denuncias en 2015 por
delitos contra el derecho internacional y violación de derechos humanos.
También destaca los lentos avances para
llevar ante la justicia a los supuestos responsables de la muerte de más de 40
personas, tortura y malos tratos durante las protestas de 2014, entre ellos
miembros de las fuerzas de seguridad.
Además, los defensores de los derechos
humanos, señala AI, siguieron siendo “blanco de ataques e intimidación” por
parte de medios de comunicación estatales y cargos oficiales, al igual que los
activistas de los derechos de los indígenas y ambientales, mientras las
autoridades continuaron señalando a “los periodistas que mantenían una postura
crítica”.
El hecho de que en enero de 2016 el
presidente Maduro declarara el estado de excepción y emergencia económica que
aún se mantiene se tradujo en “disposiciones que podían restringir la labor de
la sociedad civil y las ONG”.
A todo ello se suma que el Tribunal
Supremo de Justicia limitó “drásticamente”, según AI, las facultades de la
Asamblea Nacional, de mayoría antichavista, y declaró a la cámara en desacato
por incumplir varias sentencias, por lo que determinó que los actos
legislativos son nulos y carecen de legalidad.
Mientras tanto, la población sufrió un
empeoramiento de las crisis económica y social. La escasez de alimentos y
medicinas, con precios muy elevados, se intensificó “de manera alarmante”, lo
que conllevó el aumento de enfermedades prevenibles y tratables, y ante esta
situación se produjeron numerosas protestas, en las que se registró un “uso
excesivo de la fuerza” por parte de los cuerpos de seguridad.
Asimismo, AI denuncia los “graves
problemas de hacinamiento y las condiciones de vida de la población reclusa”,
en un país con altísimos índices de delincuencia y homicidios.