Columna. Gustavo
Azócar Alcalá. Opinión.
Un
juez de Estados Unidos decidió enfrentar a Donald Trump, uno de los hombres más
poderosos del mundo, quien acaba de asumir, apenas el 20 de enero, la
presidencia de la primera potencia mundial. Su nombre: James Robart. Este juez
federal, fue quien suspendió, temporalmente, el decreto inmigratorio de Trump,
lo cual lo ha convertido en toda una celebridad, no sólo en la unión americana,
sino también en los cinco continentes. ¿La razón? Robart ha demostrado dos
cosas muy importantes dentro de una verdadera democracia: primero, que en EEUU,
la independencia de poderes sí existe, y segundo, que ningún Presidente,
llámese como se llame, puede estar por encima de la ley.
Robart,
quien despacha en el estado de Washington, fue confirmado de forma unánime por el
senado de Estados Unidos en 2004. Antes de asumir el cargo de juez, representó
a los desfavorecidos y a los refugiados. Fue nominado por un alto dirigente del
partido republicano, el presidente George W. Bush, lo cual quiere decir que no
puede ser acusado de “demócrata” y mucho menos de estar alineado con los Obama
o con los Clinton.
Durante
la sesión en la que bloqueó las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump,
el juez Robart hizo hincapié en la independencia de los tres poderes públicos
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y recordó que el rol asignado al tribunal
"no es crear políticas o juzgar la sensatez de las iniciativas promovidas
por la Casa Blanca o por el Congreso”. Con voz suave y ritmo pausado, Robart
subrayó antes de paralizar el veto migratorio de Trump que el trabajo del Poder
Judicial "se limita a asegurar que las acciones de los otros dos poderes
se hagan conforme a la ley y, más importante, respetando la Constitución".
Nacido
en 1947 en Seattle, Robart se graduó en 1969 en el Whitman College y en 1973 de
la Escuela de Leyes de Georgetown. Se dedicó a la práctica privada entre 1973 y
2004. Es reconocido por su servicio a la comunidad. Durante su sesión de
confirmación, el senador demócrata Patty Murray, de Washington felicitó a Robart
por su "generoso sentido del servicio comunitario a través de su trabajo
con jóvenes en riesgo y con necesidades especiales".
Robart
fue presidente del Hogar para Menores de Seattle, que se dedica a las
necesidades de salud mental para niños y sus familias en la ciudad y el estado,
según su sitio web. Durante su audiencia de confirmación, el senador
republicano Orrin Hatch hizo notar que Robart había hecho trabajos legales sin
sueldo y que había representado a refugiados durante su carrera. "Él ha
sido activo en la representación de los desfavorecidos en su trabajo con la
firma Evergreen Legal Services y la representación como independiente de
refugiados del sureste asiático", dijo Hatch. Robart fue confirmado de
forma unánime por el senado.
El
juez generó controversia el año pasado por una declaración que hizo desde el
estrado respecto a un caso sobre el supuesto uso excesivo de la fuerza por
parte de la policía. De acuerdo con un video en el sitio web de la corte,
Robart dijo que "las vidas de los negros importan", durante una
audiencia en agosto de 2016.
Citando
estadísticas del FBI, Robart dijo: "Tiroteos de la policía que resultaron
en muertes involucraron a personas negras en un 41%, pese a que ellas
representan solo el 20% de la población en esas ciudades (…) Estamos hablando
de un 41% de las bajas, dentro de un 20% de la población. Para el sistema de
justicia las vidas de los negros importan". La declaración se dio durante
la toma de testimonio en una demanda de 2012 presentada por el gobierno de Barack
Obama contra el Departamento de Policía de Seattle.
Durante
su audiencia de confirmación, Robart habló sobre usar los tribunales para
ayudar a la gente que se siente privada de sus derechos civiles. "Me
presentaron a personas que en muchas ocasiones sintieron que el sistema legal
estaba contra ellos o no era justo", dijo. "Y una de las cosas, creo,
que mi tiempo ahí ayudó a conseguir fue el mostrarles que el sistema legal fue
hecho para su beneficio y que podría ser, de usarse correctamente, una oportunidad
para ellos de buscar compensación en caso de que hubieran sido
perjudicados".
Trump
entró en cólera cuando se enteró que el juez Robart, de 69 años, había
paralizado su veto migratorio contra los ciudadanos de 7 países en los que la
mayoría de la población es musulmán. Trump, quien ha demostrado tener un
temperamento fuera de serie, se refirió al juez Robart como "este llamado
juez" y calificó su decisión de "ridícula" advirtiendo que la misma sería anulada. El
recién posesionado Presidente de EEUU quizá quiso utilizar la frase que
popularizó durante su programa de TV, El Aprendiz, “estás despedido” (“You're
fired” ) para aplicársela al Juez Robart. Pero en EEUU, a diferencia de muchos
países de América Latina, el Presidente no puede hacer eso. La independencia y
separación de los poderes no se lo permite. El líder republicano en el Senado,
Mitch McConnell, marcó distancias con el presidente Trump: "Es mejor no
señalar a los jueces", dijo en la cadena CNN.
El juez Robart tiene más de doce años de
carrera en el juzgado del Distrito Oeste de Washington, y se ha ganado el
respeto de sus colegas y la fama de "independiente", según recogen
los medios estadounidenses. "Robart es un juez enorme, un gran hombre e
incluso mejor ser humano", escribía en Facebook Stephen Smith de su mentor
y antiguo socio. Robart no prestó atención a los comentarios de Trump al
exponer su opinión favorable a los demandantes: el estado de Washington y el de
Minnesota y hacer extensivo el bloqueo al veto migratorio en todo el territorio
de EE.UU: "Una implementación parcial socavaría el imperativo
constitucional de un Reglamento de Naturalización uniforme, y la instrucción
del Congreso de que las leyes migratorias en EEUU deben aplicarse de forma
vigorosa y uniforme".
Uno
observa el comportamiento del juez James Robart y lo compara con lo que han
hecho en estos últimos meses los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
de Venezuela y de verdad lo que siente es pena y vergüenza. La presidenta del
TSJ, Gladys Gutiérrez, quien antes de ser magistrada fue empleada del difunto
Presidente Hugo Chávez, ofreció un discurso hace pocos días para dar inicio al
año judicial 2017 y señaló que la productividad del máximo tribunal del país
fue de "alta eficiencia" superando cifras de ejercicios anteriores
con un millón 591 mil 161 sentencias en todo el país y 6 mil 401 sentencias de
la máxima instancia.
Gutiérrez
dijo que "durante todo el 2016 se produjeron más de 171 mil sentencias
mensuales en todos los juzgados del país". Pero no dijo nada sobre las
razones por las cuales el 66% de los jueces venezolanos son provisorios y no
titulares, lo cual no permite que tomen decisiones jurídicas sino políticas.
Tampoco explicó por qué en los tribunales del país no hay papel, ni impresoras.
No dijo nada del hacinamiento que existe en todas las cárceles del país,
situación que obedece, fundamentalmente, al retardo procesal que hay en los
tribunales. No dijo ni una sola palabra sobre la impunidad que hay en toda
Venezuela, donde 99 de cada 100 detenidos son puestos en libertad por los
jueces revolucionarios.
Y
por si todo eso fuera poco, tampoco explicó las razones por las cuales, el TSJ
que ella preside, produjo durante el año 2016 un total de 42 sentencias contra
la Asamblea Nacional, para impedir que los diputados electos en 2015 pudieran
hacer su trabajo, y para ayudar a su jefe, el Presidente Nicolás Maduro, a
continuar aferrado al poder contra la voluntad mayoritaria del pueblo
venezolano. Gutiérrez tampoco habló del supuesto “desacato” en el que habría
incurrido la AN, y del juicio que desde hace un año debió hacer el TSJ sobre la
invalidación de las elecciones de 2015 en Amazonas que dejó sin representación
parlamentaria a ese estado.
Los
magistrados exprés del TSJ necesitan con extrema urgencia una clase magistral
del juez James Robart. Les haría muy bien un repaso sobre dos temas de vital
importancia: independencia de los poderes públicos y administración de
justicia. Los magistrados del horror que se encuentran dentro del TSJ, la
mayoría de los cuales no tiene credenciales ni siquiera para asumir una Junta
de Condominio, y que como se sabe, fueron designados entre gallos y medianoche,
por una moribunda Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, no entienden
esta frase lapidaria del juez Robart: "El poder judicial se limita a
asegurar que las acciones de los otros poderes se hagan conforme a la ley y,
más importante, respetando la Constitución”
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