Prensa
DAR Apure.-
La Oficina Regional de Participación
Ciudadana, adscrita al Poder Judicial del estado Apure, continúa el proceso de
formación de los aspirantes al cargo de juez y juezas de paz, cumpliendo de
esta manera con los lineamientos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
presidido por la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.
En esta oportunidad, los asistentes
participaron en sendos talleres realizados en la sede del Circuito Penal de la
entidad llanera, sobre los Fundamentos Sociales de los Tribunales, a cargo del
servidor judicial, Antonio Franco; y el Rol de la Inspectoría General de
Tribunales, por parte del analista de la IGT, Sergio Ochoa.
Franco hizo un recorrido completo por el
organigrama de los juzgados que funcionan en la entidad, con el objeto que los
asistentes conozcan de primera mano, no sólo dónde están ubicados
geográficamente, sino que de manera somera explicó el funcionamiento de ellos;
por su parte, Ochoa, disertó sobre la responsabilidad que implica ejercer la
administración de justicia, en especial, orientarlos y asesorarlos en los
procesos de denuncia relacionadas con presuntas irregularidades sobre el
funcionamiento del Sistema Judicial en el ámbito nacional.
La Justicia de Paz Comunal tiene su
fundamento en el principio constitucional de participación protagónica del
pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública. Se rige
además por los principios de autonomía, corresponsabilidad entre el Poder
Público y el Poder Popular, responsabilidad, conciencia del deber social,
igualdad social y de género, defensa de los derechos humanos, honestidad,
eficacia, eficiencia, efectividad, rendición de cuentas, control social,
transparencia, oralidad, concentración, inmediación, brevedad, simplicidad,
equidad, proporcionalidad, imparcialidad, accesibilidad, celeridad, gratuidad y
garantía del derecho a la defensa, la igualdad procesal y el debido proceso.
Hay que destacar que el pasado 15 de
febrero se activó oficialmente la Gran Misión Justicia Socialista, anunciada
durante la Apertura de Actividades Judiciales 2017 por el presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y creada mediante
decreto Nº 2.718 publicado en la Gaceta Oficial 41.090, la cual tiene como objeto
promover y fortalecer la participación popular en el proceso de transformación
socio-jurídica nacional, para la consolidación de la justicia social y comunal,
y coadyuvar en la lucha contra la impunidad, así como seguir profundizando la
igualdad en el acceso a la justicia.
La Justicia de Paz Comunal es además una
herramienta esencial para lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado
Democrático y Social de Derecho y de Justicia (Objetivo Nacional 2.2 del Plan
de la Patria) respaldar la convivencia pacífica y favorecer la práctica de la
solidaridad y el amor entre los venezolanos y venezolanas (Objetivo Estratégico
2.4.4.2 del Plan de la Patria). Todo ello con el firme propósito de lograr la
construcción de una sociedad igualitaria y justa.