Editorial.
El País de España.
El asesinato de un joven durante una
protesta contra Nicolás Maduro cuyas imágenes han sido ampliamente difundidas
muestra sin paños calientes cuál es la actitud del régimen venezolano ante la
crisis institucional que atraviesa el país. Mientras un agente de la Guardia
Nacional Bolivariana disparaba prácticamente a bocajarro contra David
Valenilla, de 22 años, causándole la muerte, el mandatario aseguraba cínicamente
a la prensa internacional que su policía apenas utiliza contra los
manifestantes “agua y gasecito lacrimógeno” porque las armas mortales “están
prohibidas”. La cifra de muertos desde que se iniciaron las protestas se eleva
ya al menos a 76 y aumenta prácticamente a diario, reseñó El País.
Lamentablemente, Maduro parece cómodamente
instalado en esta especie de guerra de baja intensidad contra los manifestantes
a la espera de que la población se amedrente, o se canse, de una protesta que
no le ha hecho variar un milímetro de sus planes para aferrarse al poder. Por
ello, sigue adelante con su convocatoria de elecciones a una Asamblea
Constituyente para el próximo 30 de julio, comicios desprestigiados en el
interior y en el exterior de Venezuela por cuanto suponen un burdo truco para
no acatar la legalidad vigente.
Resulta absolutamente desgraciado e
inaceptable que un país como Venezuela se esté convirtiendo en un paria
internacional. El que la Organización de Estados Americanos (OEA) no haya
sacado adelante una condena al régimen de Maduro no debe llevar a engaño. Basta
con comparar la lista de países que han votado en contra o se han abstenido —entre
ellos San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas o Granada— con la de
quienes pedían una condena —Brasil, Argentina,