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Por cuarto año consecutivo el
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) celebró el Día Internacional de los
Derechos Humanos para conmemorar que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Este año la celebración fue postergada para el 14 de
diciembre, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) pautó las elecciones
municipales para el domingo 10, ignorando por completo esta fecha tan
importante en el mundo entero.
En el evento de entrada libre y
gratuita, titulado “Presos políticos sin derechos humanos”, ponentes de la
talla de los doctores Humberto Prado, director del OVP; Alberto Arteaga
Sánchez, Daniel Badell, Marino Alvarado Betancourt y Gónzalo Himiob Santomé,
director del Foro Penal Venezolano; con la moderación de la historiadora Inés
Quintero, dialogaron sobre el ideal común por el que todas las naciones deben
esforzarse, pero sobre todo hicieron énfasis en la falta de derechos humanos y
garantías legales que padecen los presos políticos y comunes en Venezuela.
En un video muy emotivo y en clara
evidencia de las violaciones que con frecuencia denuncia el OVP, activistas,
abogados y especialistas que asistieron al foro observaron el testimonio de uno
de los estudiantes de la UPEL, quien resultó detenido durante las protestas
contra el Gobierno venezolano. “La carne venía con gusanos. Los alimentos que
nos daban estaban podridos. Los teníamos que lavar, cocinarlos y comerlos”.
En el mismo material audiovisual, otro
joven relata que vomitó sangre durante 25 días y que sus heridas estaban
infectadas porque debía bañarse con aguas negras. De igual manera, la madre de
la jueza María Lourdes Afiuni cuenta que su hija no puede dormir con la luz
apagada, pues se acostumbró a las luces artificiales de la prisión.
Humberto Prado, director del
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), sentenció que “el Estado venezolano
debe ofrecer respuestas inmediatas sobre el derecho a la vida de todos los
presos, y como evidentemente no lo ha hecho, entonces está incurriendo en la omisión
de no garantizar el derecho a la salud de estas personas. No proveer medicinas
y alimentos a los presos es ayudarlos a morir “.
En tanto y en alusión al Día
Internacional de los Derechos Humanos, Prado destacó que la crisis de los
derechos humanos en Venezuela requiere de mayor acción nacional e internacional
para que el Gobierno garantice la independencia de los Poderes (Electoral,
Judicial y Ciudadano) conforme a estándares internacionales. Asimismo, resultan
necesarios el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos, el regreso a la competencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ratificación del Protocolo
Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
Prado culminó diciendo que para el OVP,
una libertad es una victoria y que los familiares debían entender que tenían
que unirse con un solo objetivo, y ese era la libertad de sus seres queridos
Por su parte, Gónzalo Himiob resaltó el
hecho de que “liberar a un preso no sirve si no se termina la persecución. La
solución es una ley de amnistía para acabar de raíz con el problema”. En ese
sentido, detalló que desde 2007 trabajan en un proyecto de Ley de Amnistía, que
quizás sea la solución ideal para erradicar la persecución política.
Según cifras del Foro Penal Venezolano,
actualmente en el país hay 274 presos políticos, cifra que no coincide con la
lista de 382 presos políticos con la cual están negociando liberaciones la Mesa
de la Unidad Democrática (MUD) y el Gobierno nacional. Asimismo, se conoció
que, desde el 1 de enero hasta el 14 de diciembre de este año, 12.007 personas
han sido arrestadas por motivos políticos, 759 civiles que han sido presentados
en tribunales militares, 136 aún permanecen tras rejas; y 7.124 personas tienen
su libertad restringida “bajo medidas cautelares eternas en procesos que nunca
terminan”, pues están a la espera de audiencias que son diferidas por diversas
razones, entre ellas la ausencia de la víctima.
Durante su ponencia, Alberto Arteaga,
abogado y ex decano de la facultad de derecho de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), explicó las irregularidades y violaciones de derechos de los
presos políticos venezolanos. “En el 2012 el Gobierno reformó por decreto el
Código Orgánico Procesal Penal (COPP), lo que le dio una estocada mortal al
sistema acusatorio y reforzó la actuación policial, disminuyendo las
atribuciones del Ministerio Público quedando sin efecto la participación ciudadana.
Dio cabida a juicios en ausencia, limitando así el derecho de las víctimas,
borrando la referencia de los procesados convirtiendo a los presos políticos en
una caja de resonancia del Gobierno”, sentenció.
Asimismo, destacó que la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abolió varias leyes para
“mandar directamente” a la cárcel y puso de ejemplo las detenciones de los
alcaldes opositores; al tiempo que explicó que no existen condiciones dentro de
los centros de reclusión. “Hay cárceles bajo tierra sin luz como en el tiempo
de los esclavos. Se difieren las audiencias por incomparecencia. Dicen no lo
encontraron, cuando esa persona está en la cárcel”, puntualizó.
El abogado de la UCV, Marino Alvarado, y
el abogado penalista, Franco Puppio, también denunciaron los juicios que se han
llevado a cabo precisando que “ningún civil puede ser juzgado en tribunales
militares”. Por su parte, Puppio destacó que “en Venezuela encontramos un
proceso penal absolutamente garantista, de avanzada, a la altura de cualquier
país de primer mundo; no obstante, la justicia está impregnada de detenciones
arbitrarias, injerencias en la toma de decisiones de Jueces por altas
Jerarquías, dificultad de acceso a los privados de libertad, limitación
flagrante del Derecho a la Defensa y convalidaciones de atropellos bajo el
amparo de la sentencia 526 de la Sala Constitucional”.
Mientras que Alvarado manifestó que
entre el 1 de abril y el 31 de octubre del presente año, 757 civiles fueron
procesados inconstitucionalmente en justicia militar luego que el gobierno de
Nicolás Maduro anunciara la aplicación del “Plan Zamora” como respuesta a la
masiva ola de protesta que se extendió por todo el país en el primer semestre
de 2017. “El empleo masivo de la justicia militar se sumó al repertorio
represivo empleado por el gobierno de Maduro para contener las demandas
sociales por el respeto a la Constitución Nacional”, puntualizó.