Prensa. Una
Ventana a la Libertad.
Este
6 de febrero Una Ventana a la Libertad (UVL) dio a conocer el informe Situación
de los Derechos Humanos en los Centros de Reclusión de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, producto del resultado de una investigación realizada en el último
trimestre de 2017, sobre las condiciones de reclusión en estos recintos. El documento fue presentado por el periodista
Javier Ignacio Mayorca, encargado de la investigación, y por el Coordinador de
UVL, Carlos Nieto Palma.
Para
la elaboración de esta investigación fueron revisadas numerosas fuentes
documentales, principalmente informes de Memoria y Cuenta del Ministerio de la
Defensa y decisiones de los tribunales del país que hacen referencia a algún
centro para procesados militares. Pero el mayor cúmulo de información fue
aportado por fuentes vivas. En ese sentido se llevaron a cabo entrevistas con
militares en situación de actividad y también retirados, cuyos nombres generalmente
quedarán bajo reserva para evitar posibles represalias. Estas personas forman
parte o ejercieron distintos roles en el sistema de justicia militar.
También
se llevaron a cabo entrevistas con personas que estuvieron detenidas
recientemente en cárceles militares y en la Dirección General de
Contrainteligencia Militar. Igualmente, con familiares y abogados de personas
que están tras las rejas en alguna de esas instalaciones. En todos los casos
fue necesaria la generación de lazos de confianza que posibilitaran el
conocimiento de ciertos detalles sobre la vida en reclusión.
El
informe hace alusión a Humillaciones, castigos y torturas físicas y
psicológicas en la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM) y a la cotidianidad de los privados de
libertad en otras estructuras bajo el cuidado de funcionarios del Ejército y de
la Guardia Nacional, que a menudo forman parte integral de unidades de la
Fuerza Armada Nacional, cuyas
instalaciones han sido habilitadas para recibir a detenidos por delitos
comunes y por manifestar contra el Gobierno tales como: 35 Brigada de Policía
Militar José de San Martín; Unidades de la Guardia Nacional Bolivariana; Los
tres centros para procesados militares: el Centro Nacional para Procesados
Militares de Ramo Verde y los anexos que sirven como centros para procesados
militares en oriente -La Pica, estado Monagas- y occidente -Santa Ana, estado
Táchira-.
De
la investigación realizada podemos apreciar que, en las cárceles militares,
como en las civiles, son crónicas las fallas en los servicios de agua potable y
la alimentación es deficiente. Esto ocasiona una carga adicional sobre los
familiares de los detenidos, quienes se ven obligados a hacer lo posible para
cubrir estas deficiencias. En los tres
centros para procesados militares la atención médica es inexistente.
Entre
las conclusiones del informe destacan que hay denuncias, tanto directas como
referenciales, sobre la aplicación de castigos indiscriminados y torturas en
los calabozos de la DGCIM Boleíta. Desde los golpes concentrados en
determinadas partes del cuerpo, la colocación de sacos en la cabeza impregnados
con polvillo de bomba lacrimógena hasta la inserción de tachuelas en la parte
inferior de las uñas de las manos, los métodos se multiplican con la finalidad
de obtener información por medios distintos de la investigación policial. Las
víctimas no cuentan con una estructura de verificación independiente de los
daños físicos y psicológicos sufridos por ellos luego de ser sometidos a estas
torturas, tal y como lo establece el Protocolo de Estambul.
Igualmente,
mediante la aplicación del entramado militar, el Gobierno fue capaz de aplastar
la ola de protestas que se desarrolló entre los meses de abril y julio de 2017.
Pero ha quedado en la mente de los operadores policiales y militares la noción
de que, en determinadas circunstancias, es posible e incluso mandatoria según
los estándares del régimen venezolano la violación de los derechos
constitucionales de los venezolanos, si esto garantiza la continuidad del
Gobierno. Esta lección fue aprendida convenientemente por los cuerpos
policiales, y en especial por la Guardia Nacional Bolivariana, sobre cuyos
hombros recayó la responsabilidad del mantenimiento del llamado “orden interno”
durante aquellos días. Durante esta investigación se pudo conocer que, en la
actualidad, ese mismo componente de la Fuerza Armada evalúa una reformulación
de sus tácticas, a la luz de la creciente conflictividad social ocasionada por
el declive económico del país. Si en los meses de abril a julio la represión
fue justificada contra manifestantes políticamente motivados, la pregunta que
gravita en la actualidad es si la respuesta militar será la misma cuando las
protestas sean ocasionadas por necesidades sociales insatisfechas.