Prensa. OVP
Una
constante violación de sus derechos humanos denunciaron los presos extranjeros
del Centro de Formación del Hombre Nuevo “Simón Bolívar”, mejor conocido como
el antiguo anexo de La Planta en Caracas, el cual fue reinaugurado el año
pasado para albergar a los presos originarios de otros países.
En
una carta dirigida a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de
Prisiones (OVP), los presos extranjeros denunciaron el incumplimiento de las
Reglas Mínimas para el Tratamiento al Recluso, instrumento internacional de las
Naciones Unidas (ONU), también conocidas como Reglas Mandela.
En
ese sentido, Prado recordó los principios fundamentales de las Reglas Mandela,
las cuales fueron distribuidas por el OVP a lo largo y ancho del territorio
venezolano:
–
Las reglas deben aplicarse de forma imparcial y sin discriminación.
–
El sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la
privación de la libertad y el despojo del derecho a la autodeterminación de las
personas detenidas.
–
Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y su
valor intrínseco en cuanto seres humanos. Nadie será sometido a tortura ni a
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
–
Se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en
particular lasde las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario.
–
Se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida
en libertad.
–
Las medidas privativas de libertad tienen por objetivo proteger a la sociedad
contra el delito y reducir la reincidencia.
–
Esos objetivos sólo pueden lograrse si se ofrece a las personas presas
educación, salud, formación profesional y trabajo, así como otras formas de
asistencia apropiadas que brinden herramientas para lograr su reinserción en la
sociedad tras su puesta en libertad.
En
su comunicado, los presos manifestaron sentirse discriminados, y aseguraron que
en muchos casos son obligados a profesar una religión o ideología política
distinta a la que profesaban en sus países de origen. Cabe destacar que esta
situación se repite en todos los penales que controla el Ministerio de
Servicios Penitenciarios, al mando de Iris Varela, pues el OVP ha recibido un
sinfín de denuncias sobre que los presos son obligados a practicar Orden
Cerrado con consignas alusivas al Gobierno nacional.
De
igual manera, aseguraron que la educación que reciben dentro del penal, o
quizás algún trabajo que puedan ejecutar, no son adecuados para garantizar su
reinserción en la sociedad, así como tampoco reciben un tratamiento individualizado
de acuerdo a sus necesidades y experiencias.
Los
reclusos también manifestaron que dentro de este penal no hay categorías que
valgan, los privados de libertad por delitos menores son tratados igual o peor
que los de alta peligrosidad, pues en algunos casos éstos últimos tienen todos
los beneficios que el dinero puede comprar.
Las
condiciones de hacinamiento son iguales a las del resto de los penales, pues
los presos aseguran que las celdas no tienen ventilación, así como tampoco
tienen las condiciones adecuadas para su rutina de higiene personal. Incluso,
aseguraron que las instalaciones de las duchas no fueron terminadas y casi
nunca hay agua, lo que también interfiere con la limpieza del resto de los
espacios.
En
una muestra de lo que ellos consideran discriminación y segregación, los
reclusos relataron que en varias oportunidades han salido uniformados para
realizar labores de limpieza en las áreas exteriores, por lo que además se han
sentido humillados al ser señalados e incluso insultados por las personas que
transitan por el lugar. En cuanto a dichos uniformes, agregaron que no tienen
suficiente cantidad y en las condiciones en que sobreviven se les hace muy
difícil mantener esta ropa limpia.
Las
almohadas y los colchones que les suministraron son de la peor calidad, el agua
potable que les dan es de dudosa procedencia (incluso la filtran antes de
beberla), la enfermería no tiene medicamentos para atender a un enfermo de VIH
y otros varios con tuberculosis, por lo que los presos temen una epidemia letal
dentro del penal. Tampoco hay un transporte adecuado para trasladar a enfermos
o heridos en caso de emergencia.
Asimismo,
denunciaron que las requisas son ejecutadas en un ambiente de hostilidad, donde
abundan los malos tratos y la arbitrariedad. En cuanto al contacto con sus
familiares, los presos solo tienen derecho a una llamada de cinco minutos, una
vez a la semana; además de que no tienen permiso para visitas familiares o
conyugal, ni envío de correspondencia.
Según
los denunciantes, tampoco reciben orientación psicológica para ayudarlos en su
reinserción a la sociedad. “Nos sentimos vil y salvajemente pisoteados por un
Gobierno que practica la mentira y la hipocresía. Un Gobierno que proclama su
sistema penitenciario como humanitario, cuando realmente es inhumano al
quitarnos todo contacto con el mundo externo, con nuestras familias. Este es un
sistema que, en vez de crear al hombre nuevo, solo está creando monstruos
llenos de resentimiento e impotencia”, sentenciaron los presos en su
comunicado.
Añadieron
que “si antes nos sentíamos mal por estar privados de libertad, ahora ya hemos
perdido hasta nuestra dignidad como seres humanos. Hemos sido sometidos al
abandono y la desidia, tanto así que muchos han pensado en suicidarse, incluso
hemos notado el comportamiento extraño de los que están aislados desde hace más
de un mes. Hasta los animales tiene derecho a servisitados en sus jaulas ¿Por
qué nosotros no?, puntualizaron.
Al
respecto, Prado enfatizó que “el Gobierno venezolano trata muy mal a los presos
extranjeros, irrespetando al ser humano y arrancándole sus derechos. El
problema no es la cantidad de presos, el verdadero problema es tener unas
autoridades que no asumen sus errores, o su falta de capacidad para atender las
necesidades del sistema penitenciario, y se niegan a escuchar las
recomendaciones de expertos, como efectivamente lo ha hecho con el OVP. Están
acostumbradas al maltrato y creen que tratar a los internos como seres humanos
es un privilegio”.
Prado
enfatizó que al preguntar sobre la identidad del director del anexo, le
respondieron que se trataba de Julio César Pérez, quien aparentemente es el
mismo que estuvo detenido por la situación irregular que se presentó en
noviembre del 2014 en la Cárcel de Uribana, en el cual fallecieron más de 40
presos. Según fuentes extraoficiales, Pérez resultó detenido por el Sebin y
permanece privado de libertad en la sede regional del Cicpc; mientras que en
las próximas horas sería presentado en el Tribunal Cuarto de Control.
“Informaremos
a las embajadas de manera que ellos alcen la voz en contra de esta situación
deplorable, ya que tienen como mandato que deben asistir a sus presos”,
puntualizó el director del OVP. Por último, instamos a la Defensoría del Pueblo
haga honor de ese artículo 280 de la CRBV, como es la de velar por la promoción
y defensa de los derechos. Solicitarle
al Ministerio Publico que Fiscales de Derechos Fundamentales realicen una
visita en ese anexo de la Planta, llamado ahora, Centro de Formación Hombre
nuevo y hable con los presos.