Prensa.
Voluntad Popular.
La responsable del Comité para la Liberación
de Presos Políticos de Voluntad Popular y diputada a la Asamblea Nacional de
Venezuela, Adriana Pichardo, acompañada por la abogada y miembro de la
Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, ofreció
un balance sobre la situación de los presos políticos del país y alertó sobre
una nueva ola de brutal persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro
contra la dirigencia de la tolda naranja.
“Cuando el país se encuentra sometido a la
peor crisis política, social y económica de su historia, el régimen una vez más
arremete contra la gente en la calle, para callar las voces de quienes luchan
día a día por sus derechos. De esta situación no escapa Voluntad Popular, que
se ha convertido desde 2014 en el partido más perseguido por la dictadura. En
el país hay actualmente 1.011 detenidos por razones políticas y desde el 23, de
enero hemos tenido 28 detenciones de nuestros activistas en todo el país; entre
ellos, Roberto Marrero, jefe del despecho presidencial del presidente Juan
Guaidó, quien la semana pasada sufrió de un ataque hipertensivo y no ha
recibido la atención médica necesaria”.
La también diputada a la Comisión de DDHH del
Parlamento del Mercosur (Parlasur) reiteró que el sistema judicial venezolano
está secuestrado por la dictadura de Maduro e informó que al menos 3.500
ciudadanos y 28 activistas de VP han sido detenidos en lo que va de año 2019.
Recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben y aseguró que más
temprano que tarde habrá justicia contra los ejecutores.
“En nombre de Voluntad Popular le decimos a
Nicolás Maduro que no nos va a doblegar ni retroceder en esta lucha. Este
patrón ya lo conocemos, desde 2014 detuvieron a nuestro líder Leopoldo López, y
ahora lo hacen con nuestros dirigentes de base. Por cada uno de nosotros que
caiga preso o tenga que exiliarse, se levantarán decenas de líderes más.
Nosotros estamos actuando para bien, apegados a la Constitución y seguiremos en
la calle junto a la Asamblea Nacional y al pueblo, llevando a cabo la ruta de
nuestro presidente Guaidó. Tendrán que usar el Poliedro de Caracas para
encarcelar a todos los venezolanos”.
Por su parte, la abogada Ana Leonor Acosta
rechazó la brutal represión ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado y
grupos paramilitares adeptos al régimen en la región zuliana, donde resultaron
heridos también mujeres y niños. Además, destacó que los hechos violentos de
este fin de semana dejaron al menos un saldo de 200 manifestantes detenidos en
el territorio nacional.
“Queremos denunciar el patrón de persecución
de la dictadura durante la última semana: se ha desatado una persecución contra
los políticos y las personas que manifiestan pacíficamente por los servicios
públicos. Vimos cómo se llevaron detenidos a los diputados Nora Bracho y Renzo
Prieto, y el allanamiento a la vivienda de Robert Alcalá. El régimen ha
aumentado aún más la persecución contra la disidencia política, a quienes
incluso les han anulado sus pasaportes”.
Acosta denunció la situación de precariedad
en la que se encuentran los sitios de reclusión del país, donde los detenidos
no cuentan con el servicio eléctrico ni de agua y se encuentran sometidos a un
cruel hacinamiento. En este sentido, alertó sobre posibles epidemias que puedan
desatarse en las cárceles venezolanas.
“En las cárceles donde mantienen a los
precios políticos, como la cárcel militar de Ramo Verde y en El Helicoide,
denuncian que no hay agua potable y las condiciones salubres son terribles. Los
alimentos no pueden ser consumido por esta misma razón. A los detenidos durante
el fin de semana en el estado Zulia, los liberaron bajo medidas cautelares
porque no tienen ni siquiera donde tenerlas detenidas”.
Finalmente, hizo un llamado a la comunidad
internacional a pronunciarse sobre el accionar de los grupos paramilitares
armados por el régimen de Nicolás Maduro, los cuales, según denunció, actúan
bajo las órdenes de gobernadores y alcaldes del régimen. “Rechazamos la
actuación de estos grupos en estados como Zulia, Lara. La comunidad
internaciones debe pregustarse ¿quién está armando a estos grupos y porque
actúan con impunidad? Si no hay Estado de derecho, no hay justicia para nadie”,
puntualizó.
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