Prensa.
Diario Las Américas.
Ocho
países sometieron a consideración de los otros 26 miembros de la Organización
de Estados Americanos, OEA, un proyecto de resolución que exige una
investigación independiente sobre lo que describe como violaciones “graves y
sistemáticas” de los derechos humanos en Venezuela.
El documento expresa una
condena firme a los abusos atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, incluyendo
torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas.
El
borrador no encarga a un ente específico la responsabilidad de la investigación,
pero exige acceso pleno a territorio venezolano para la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), que no ha recibido invitación de las autoridades
venezolanas desde su última visita en 2002.
El
secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo a reporteros que de adoptar
la resolución el Consejo Permanente de la OEA tiene que “explorar las distintas
fórmulas posibles para la implementación” de una investigación. Agregó que si
la CIDH quedara a cargo de esa pesquisa estaría dispuesto a considerar la
creación de un mecanismo conjunto de investigación con la ONU, algo sin
precedentes.
“Se
puede explorar esta posibilidad. El abanico de opciones tiene que estar suficientemente
abierto”, indicó. La
paraguaya Elisa Ruiz dijo que junto a los demás patrocinadores –Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Perú– planean someter el
documento para su aprobación en una fecha aún por determinar y se dedicarán los
próximos días a sumar apoyos.
“La
OEA debe cumplir con su compromiso de apoyar al pueblo venezolano en tiempos
difíciles”, señaló Ruiz durante una sesión del Consejo Permanente convocada de
manera conjunta por Paraguay y Argentina.
La
propuesta llegó a la OEA apenas días después de que la alta comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentara un
amplio informe en el que acusó al régimen de Maduro de causar 5.287 muertes
durante operativos de seguridad en 2018.
El
nicaragüense Luis Alvarado denunció la presentación del proyecto de resolución
como una acción “impropia e ilegal” porque Venezuela “ya no es miembro de la
OEA y no tiene representación legal en este Consejo Permanente ni en otro
órgano del sistema interamericano”.
Maduro
retiró a su personal diplomático destacado en la OEA en abril pero el
secretario general, Luis Almagro, –al igual que la mayoría de los países
miembros del organismo– reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente
interino, alegando que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta.
La
OEA también reconoció al emisario diplomático de Guaidó, Gustavo Tarre, quien
presenció la sesión ocupando el escaño correspondiente a Venezuela. Tarre dijo
que la meta es lograr que la resolución sea adoptada por consenso, lo cual
haría innecesaria una votación nominal.
“El
consenso es importante porque ésta no es una discusión política sino de
principios”, dijo Tarre. Tal
como lo hiciera durante la Asamblea General que la OEA celebró el mes pasado en
Medellín, Colombia, la delegación uruguaya se retiró de la sesión en protesta
por la presencia de la delegación opositora venezolana.
Otros
países como Ecuador, El Salvador y Guatemala se pronunciaron contra las
violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Ninguna delegación propuso
modificaciones al proyecto de resolución.
FUENTE: Con información de
AP