Prensa. Diario Las Américas.
El
documento expresa una condena firme a los abusos atribuidos al régimen de
Nicolás Maduro, incluidas torturas, detenciones ilegales y arbitrarias,
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La Organización de los Estados Americanos
(OEA) ordenó el miércoles una investigación independiente sobre las violaciones
“graves y sistemáticas” a los derechos humanos en Venezuela.
La
resolución no encarga a un ente específico la responsabilidad de la
investigación pero exige acceso pleno al territorio venezolano para la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no ha recibido una invitación
del régimen desde su última visita en 2002.
El
texto pide una “investigación confiable, exhaustiva e independiente que permita
traer ante la justicia a los perpetradores y a los autores intelectuales de
violaciones de derechos humanos”.
También
exige la implementación de recomendaciones contenidas en un informe elaborado
por la Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que
documentó 5.287 muertes durante operativos de seguridad en 2018.
Unos
21 países votaron a favor de la resolución que Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Perú habían presentado el mes
pasado ante el Consejo Permanente. Tres votaron en contra, siete se abstuvieron
y tres se ausentaron.
México
expresó su preocupación por la situación en Venezuela, pero se abstuvo de
apoyar la resolución por considerar que la OEA sobrepasó sus atribuciones al
reconocer a Gustavo Tarre -enviado por el líder opositor Juan Guaidó- como
representante de Venezuela. Maduro retiró en abril a sus diplomáticos de la
OEA, pero el secretario general del organismo, Luis Almagro, acogió la
solicitud de Guaidó de permanecer en la organización.
La
embajadora mexicana Luz Baños dijo que la medida se aleja del derecho
internacional y equivale a “mala práctica” porque no define “con claridad el
sujeto del derecho internacional al cual se le dirigen las recomendaciones
contenidas en la resolución y a quién se hará responsable de su eventual
cumplimiento”. Nicaragua, San Vicente y las Granadinas también intervinieron
para expresar su rechazo la iniciativa.
Surinam
dijo que el tema debería ser ventilado en la ONU y no en la OEA, mientras
Bolivia adelantó que se abstendría. Uruguay, que previamente había expresado
objeciones similares a las de México, dejó su escaño vacío durante el debate
previo a la adopción de la resolución.
Tarre
cuestionó las objeciones porque ninguna delegación objetó las conclusiones
expresadas en el informe de Bachelet. “Da tristeza que la defensa de los
derechos humanos, que es algo tan esencial, pueda escudarse tras este tipo de
argucias jurídicas que no tienen fundamento”, indicó Tarre. Cerca de 50 países
reconocen a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela alegando que la
reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta.
FUENTE: Con información de AP