Prensa.
Infobae.
Un
diplomático estadounidense de alto nivel dijo que Estados Unidos no imputaría
ni buscaría castigar de ninguna manera a Nicolás Maduro, si él deja
voluntariamente el poder y a pesar de que su país está al borde del colapso
económico y en medio de un desastre humanitario.
Elliott
Abrams, el enviado para Venezuela de la Casa Blanca, dijo que no había visto señales
de que Maduro estuviera dispuesto a ceder su puesto. Sin embargo, su oferta de
amnistía fue un mensaje para el líder venezolano después de que él y su
homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron de negociaciones de alto nivel
entre los dos gobiernos. Abrams aseguró que esas conversaciones no han
sucedido.
"No
es una persecución", afirmó Abrams en una entrevista la tarde del martes
27 de agosto. "No estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y
que se vaya".
Agregó,
como en un mensaje a Maduro: "No queremos procesarte y no queremos
perseguirte. Queremos que dejes el poder". El Departamento del Tesoro ya
ha señalado a Maduro como uno de los beneficiarios de presuntos envíos
venezolanos de drogas ilegales, pero no recomendó que sea imputado.
La
apelación pragmática y de un tono más suave de Abrams es un contraste con ocho
meses de sanciones, aislamiento internacional y amenazas del gobierno de Trump
de una posible intervención militar contra Maduro y su círculo cercano, quienes
están acusados de aferrarse al poder y de haber manipulado las elecciones del
año pasado.
Los
líderes de la oposición en Venezuela no le han ofrecido inmunidad a Maduro, a
quien acusan de enriquecerse en un gobierno corrupto que ha dejado a muchos
venezolanos sin alimentos, electricidad ni acceso a suministros médicos.
En
entrevista, Abrams intentó reducir la confusión que hay en torno a los
esfuerzos del gobierno de Trump para obligar a Maduro a que deje la
presidencia.
La
semana pasada, Trump declaró que la Casa Blanca ha estado en contacto con
"niveles muy altos" del gobierno de Maduro, tras reportes de que
Washington y Caracas habían sostenido conversaciones secretas.
Unas
horas después, Maduro aseguró que había autorizado expresamente a sus
funcionarios a tener reuniones en secreto con el gobierno estadounidense.
"Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios",
dijo Maduro, quien agregó que su gobierno está "preparado siempre para
dialogar".
Abrams
dijo que no es el caso.
"La
noción de que estamos negociando es completamente equivocada", dijo el
diplomático. "Y la noción de que hay un patrón de contactos es equivocada.
Ha habido mensajes intermitentes y creo que a la gente le parecería
completamente predecible cómo es el mensaje muy ocasional desde Washington:
'Necesitan regresar a ser un país democrático. Maduro necesita dejar el poder.
No debe postularse en una elección. No retiraremos las sanciones hasta que esté
fuera del gobierno'".
Tales
comentarios probablemente pretenden aplacar a líderes de la oposición
venezolana, quienes han comentado en privado que las declaraciones de Trump
podían descarrilar sus propias negociaciones. Una delegación encabezada por el
principal negociador de la oposición, el diputado Stalin González, viajó a Washington
la semana pasada para presionar a funcionarios estadounidenses del gobierno de
Trump respecto a la política hacia Venezuela.
Abrams
comentó que no considera que, por el momento, sea valioso hablar directamente
con el gobierno de Maduro.
Dijo
que los mensajes de intermediarios en Venezuela para Washington han sido
"muy poco frecuentes" desde finales del invierno y que la información
que contenían era dudosa: algunos habrían sido enviados con el conocimiento de
Maduro; otros, probablemente no.
Todos
compartían la misma línea: que Maduro seguirá resistiéndose a la campaña de
presión internacional encabezada por la administración Trump.
Los
mensajes que Estados Unidos le envía al gobierno chavista usualmente se dan de
manera abierta en comunicados oficiales, tuits y, en algunos casos, a través de
diplomáticos europeos o líderes religiosos. Más allá de reiterar las demandas
de que Maduro salga de Miraflores, esos intermediarios han expresado su
preocupación por la salud y condiciones de al menos cinco estadounidenses que
están detenidos en Venezuela.
Cualquier
contacto directo entre Washington y Maduro arriesgaría las negociaciones
paralelas que representantes del gobierno y de la oposición —liderados por Juan
Guaidó, a quien Estados Unidos califica como presidente legítimo— llevan a cabo
en Noruega y en Barbados.
Con
esas negociaciones, Maduro ha tenido cómo asegurar que busca una resolución
pacífica a la crisis política y eso lo ha ayudado a evitar sanciones europeas.
Las conversaciones también son la mejor oportunidad de la oposición para
desbancar a Maduro tras meses de manifestaciones cuya afluencia ha decaído y de
intentos para fracturar al aparato chavista, que no han tenido éxito.
Las
negociaciones tuvieron impulso especialmente en julio, cuando Maduro le ofreció
a la oposición sostener nuevas elecciones a cambio de que se retiraran las
sanciones estadounidenses. Pero después suspendió esas conversaciones en
protesta por nuevas sanciones, emitidas el 5 de agosto, que congelaron todos
los bienes y propiedades del gobierno chavista en territorio estadounidense.
Esa
ronda de sanciones, que tomaron por sorpresa a la oposición y a Maduro, también
conllevan la amenaza de castigos económicos a cualquier empresa extranjera que
tenga negocios con el gobierno venezolano.
Maduro
y Jorge Rodríguez, el negociador de la dictadura chavista
Funcionarios
cercanos a ambas partes dijeron que lo más probable es que las negociaciones
sean reanudadas la próxima semana en Barbados, aunque no se ha fijado una
fecha. Discutieron estos asuntos delicados con la condición de mantener su
anonimato.
"Mientras
más se involucre Estados Unidos en Venezuela, más problemas genera para el proceso
de negociación", dijo Temir Porras, exjefe de Gabinete de Maduro que ahora
trabaja como consultor político en Caracas. "La política de Estados Unidos
tiene mucha influencia sobre el futuro de Venezuela, pero no puede resolver la
crisis. Solamente los venezolanos pueden resolverla".
Abrams
también dijo en la entrevista que la Casa Blanca no dará su respaldo a que haya
nuevas elecciones en el país suramericano si en la boleta hay alguno de los dos
hombres que se disputan el poder: Maduro o Guaidó. El diplomático
estadounidense indicó que si ellos quieren postularse, primero tendrían que
dejar el cargo para evitar que haya peleas sobre si se manipuló la votación.
Abrams
predijo que Guaidó posiblemente pondrá fin a las negociaciones para el 1 de
octubre con tal de prevenir que se extiendan si no hay resolución alguna.
"Queda muy claro que todavía no ha concluido que es un caso perdido",
dijo Abrams. "Puede que llegue a ese conclusión mañana".
La
Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición, aprobó en enero una
ley de amnistía con la expectativa de que convencería a militares leales al
chavismo a desertar. Los líderes opositores aseguraron que esta no le
permitiría ni a Maduro ni a sus asesores cercanos evadir posibles cargos
criminales y que tampoco le daría cobijo a chavistas fieles acusados de abusos
a los derechos humanos.
La
Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, está investigando denuncias contra
las fuerzas de seguridad que datan de 2014, en el primer mandato de Maduro.
Estados Unidos no es un parte de la CPI.
Cualquier
oferta de amnistía por parte de Estados Unidos tendría limitaciones. Un
funcionario de la Casa Blanca había dicho antes a The New York Times que el
gobierno de Trump no retiraría ningún cargo por narcotráfico como los que
enfrentan varios políticos cercanos a Maduro y familiares suyos.
Abrams
no quiso hacer comentarios a la pregunta de si Estados Unidos permitiría que
Maduro tenga cualquier riqueza o bien en territorio estadounidense si llegara a
dejar la presidencia o a exiliarse de Venezuela.
Diego
Moya-Ocampos, analista de riesgos políticos para IHS Markit en Londres, dijo
que cualquier oferta de amnistía para Maduro tendría que ser extendida a todos los
funcionarios y militares de alto rango de Venezuela para que sea exitosa. Aun
así, Moya-Ocampos comentó que sería un enorme avance para poder romper el punto
muerto político del país suramericano. "Cambiaría la jugada", dijo.