Prensa.
Diario Las Américas.
El
principal organismo internacional de ayuda a los migrantes se pronunció a favor
de concertar una respuesta regional luego de que miles han quedado a la deriva
tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dio luz verde al
gobierno de ese país para que rechace las solicitudes de asilo de los
extranjeros diseminados en su frontera sur.
La
decisión judicial fue recibida como una victoria por el gobierno del presidente
Donald Trump, que ha hecho del tema migratorio y sus esfuerzos por contener ese
flujo desde México y Centroamérica un tema crucial. Sin embargo, la pregunta
que afloró es qué va a pasar con los miles de centroamericanos que se
trasladaron en caravanas multitudinarias provenientes de Centroamérica y que
esperan asilo del lado mexicano.
Centenares
de haitianos, cubanos, africanos y asiáticos se encuentran apostados en Panamá
tras cruzar la peligrosa selva del Darién, en la frontera con Colombia. El jefe
del Centro Global Administrativo en Panamá y jefe de la Misión de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la nación
centroamericana, Santiago Paz, mencionó la necesidad de una acción mancomunada
regional.
“La
migración no puede ser observada en función de un sólo gobierno sino de una
región, en cómo los países se pueden sentar en una mesa y analizar las
realidades migratorias de cada uno”, dijo aludiendo a las naciones del
Triángulo Norte -Guatemala, Honduras y El Salvador-; Estados Unidos, México y
los países del sur del continente que enfrentan la masiva migración venezolana.
“Tenemos
que sentarnos a prestar toda la cooperación técnica, compartir las buenas
prácticas no sólo la región sino otros países en donde la OIM ha tenido una
participación activa”, en coordinación con Naciones Unidas, la sociedad civil y
los gobiernos, para “poder prestar una respuesta integral”, agregó. Recordó que
el mandato de la OIM es promover y facilitar una migración regional ordenada y
digna.
Guatemala
dijo la noche del jueves que respeta el fallo de la Corte Suprema
estadounidense a pesar de que afecta a miles de migrantes de su país que huyen
de la violencia y la pobreza. En un mensaje a la prensa emitido la noche del
jueves, el gobierno guatemalteco dijo que es “respetuoso de la soberanía, la
legislación interna y la decisión que el gobierno de Estados Unidos tome en
materia de asilo o para regular los flujos migratorios en su país”.
Panamá,
donde unos 800 migrantes permanecen en tres albergues situados en Darién y la
provincia de Chiriquí -próxima a la frontera con Costa Rica-, no ha dicho oficialmente
cómo encarará la situación.
Sin
embargo, un alto funcionario del gobierno panameño que habló con la condición
de que no se lo identificara porque no está autorizado a comentar el tema con
la prensa, dijo a The Associated Press que están insistiendo para hallar una
solución regional a la crisis de los migrantes. “¿Qué va a pasar con los extra
continentales tras el fallo de la corte? No lo sabemos. Tampoco estamos en
capacidad para atender el asilo de toda esta gente. Creemos y abogamos por una
solución regional. Lo de ‘tercer país’ no es viable”, subrayó.
El
Estatuto de los Refugiados de la Convención de Ginebra establece que cuando una
persona sale de su país para solicitar asilo en otro lugar, este segundo Estado
podrá negarse a recibirlo y enviarlo a una tercera nación que considere que
puede darle las mismas atenciones, lo que se conoce como “tercer país seguro”.
La
medida estadounidense empezó a aplicarse el jueves y un portavoz de la agencia
del Departamento de Seguridad Nacional que se ocupa de los casos de asilo dijo
que la política será retroactiva al 16 de julio. Esta permite denegar el asilo
a cualquier migrante en la frontera sur que no haya pedido esa protección en
alguno de los países por los que transitó durante su viaje a Estados Unidos.
Los
migrantes que llegan por tierra a Estados Unidos desde países como Honduras,
Guatemala y El Salvador ya no podrán pedir asilo, lo mismo que cualquier
africano, asiático o sudamericano que trate de ingresar a suelo estadounidense
a través de México.
Amnistía
Internacional cuestionó la decisión en un comunicado de prensa y dijo que
podría ser una condena a muerte para las personas que buscan seguridad. “Esta
prohibición de asilo se basa en una ideología del odio y la xenofobia y no se
puede permitir”, dijo Charanya Krishnaswami, directora de Incidencia en las
Américas de Amnistía Internacional.
La
organización humanitaria agregó que ha documentado los peligros que afrontan
las personas solicitantes de asilo, no sólo en sus países de origen sino también
en sus viajes. “En el pasado, hemos constatado que solicitantes de asilo
procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras que se identifican como LGBTI
afrontan un enorme riesgo de sufrir abusos sexuales, violencia y daños en su
viaje hacia el norte. Esta prohibición podría obligar a personas que se
identifican como LGBTI a buscar protección en lugares en los que afrontan un
gran riesgo de sufrir daños”.
A su
vez explicó que ha comprobado que el sistema de asilo de México no está bien
preparado para dar respuesta al número de personas que podrían verse obligadas
a buscar protección en ese país y que halló evidencia de que “lejos de brindar
seguridad a quienes solicitan asilo, el gobierno mexicano a menudo detiene a
esas personas y las deporta a lugares donde corren peligro”. Hasta el 4 de
septiembre el gobierno estadounidense había deportado a 37.788 guatemaltecos,
entre adultos y menores, que ingresaron de forma irregular a su territorio.
FUENTE:
Con información de AP