Prensa. Solidaridad.
Representantes de la Mesa Social de Caracas acudieron ante la sede de la Defensoría del pueblo a fin de solicitar que esa instancia defienda los derechos de los venezolanos frente a la realización del Censo de viviendas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. “Vinimos a presentar una queja y a solicitar justicia porque consideramos que en ese censo se violan normas internacionales, nacionales, constitucionales, institucionales y se hace fuera de toda ética política”.
Benito Urrea, coordinador general de la Mesa Social de Caracas explicó que el acto de empadronamiento que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular de Planificación es un “proyecto político dirigido a localizar viviendas que están desocupadas, a controlar políticamente a las personas y a comprarles su conciencia mediante los bonos que otorga el Estado” lo que a su juicio, constituiría un mecanismo dirigido a “promover un gran fraude electoral en las próximas elecciones parlamentarias en 2020”.
Advirtió que existen otras acciones que en paralelo buscarían también objetivo del control absoluto de la población, como es el caso de la consulta que se realizará el próximo 1 de diciembre en el estado Miranda con el fin de ver si se aprueba la transferencia de competencias por la aplicación de las multas contempladas en la Ley de Convivencia para la Paz y Seguridad Ciudadana a las comunas de ese estado, calificándolo como un hecho irregular debido a que el sistema de comunas no existe en la Constitución.
“Se trata de llevarnos al proyecto del Estado comunal por parte del PSUV y sus partidos aliados, quienes buscan establecer un Estado dentro del Estado, al pretender desplazar el Estado democrático y social, de derecho y de justicia junto al sufragio universal, directo y secreto establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, enfatizó.
Por su parte, Javier Simancas, abogado de la Mesa Social de Caracas señaló que consideran inconstitucional el decreto 3.990 que establece la realización del censo a través del Poder Popular, así como tampoco cuenta con el aval de la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 54, numeral 5 de la Ley de la función pública de estadística y la Ley de Cartografía. “Le exigimos a la Defensoría del pueblo que restituya la situación jurídica infringida y evite un mal mayor a la ciudadanía, por lo que hoy pedimos la inconstitucionalidad de ese decreto”.
Invitó a la población a asistir a la Defensoría del pueblo y adherirse a esta petición que busca “evitar que se apropien ilegalmente de las viviendas y que utilicen este censo para otros fines alejados de lo que deben ser las políticas públicas”, concluyó.
Juan José Ojeda Díaz / @juanjoseojeda
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