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Voanoticias.
Estados Unidos condenó al
guatemalteco Waldemar Lorenzana-Lima a 23 años de cárcel y una multa de más de
50 millones de dólares, por “conspiración internacional para cometer
narcotráfico”, informó este lunes el Departamento de Justicia.
En un comunicado en su
portal digital, el Departamento explicó que Lorenzana-Lima se había declarado
culpable 18 de agosto de 2014 por el citado delito, relacionado con el tráfico
de drogas.
El guatemalteco recibió
sentencia por parte del Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski, de la
División Criminal del Departamento de Justicia de EE.UU., y la agente especial
a cargo, Wendy Woolcock, de la División de Operaciones Especiales de la
Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Como medida accesoria,
refiere el comunicado de prensa, el acusado debe pagar de sus propiedades y
activos la suma de 50 millones y 949 mil dólares.
Camino a la cárcel
De acuerdo a lo relatado
en el informe judicial, Lorenzana-Lima admitió en su declaración de
culpabilidad, que desde marzo de 1996 a noviembre de 2007 integró una
organización de narcotráfico que “recibiría, inventariaría y almacenaría
grandes cantidades de cocaína de Colombia en sus propiedades en Guatemala, para
su eventual importación a México y Estados Unidos”.
El tribunal estimó que el
acusado fungió como "organizador o líder” del grupo narcotraficante, según
los procedimientos legales. El 27 de abril de 2010, la
Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por
sus siglas en inglés) sancionó a Lorenzana-Lima y sus hijos, Eliu
Lorenzana-Cordon y Waldemar Lorenzana-Cordon, por ser narcotraficantes.
De conformidad con la Ley
de Designación Kingpin (para narcotraficantes extranjeros) se aplicó a Waldemar
"como resultado de sus importantes roles en el tráfico internacional de
narcóticos, sus importantes vínculos con el Cartel de Sinaloa y su uso de
negocios familiares y explotaciones agrícolas en Guatemala como un frente para
ayudar en el traslado hacia el norte de drogas ilegales a través de América
Central”.
El proceso, informa el
Departamento de Justicia, fue liderado por la Unidad de Investigaciones
Bilaterales de la DEA y la oficina correspondiente en Ciudad de Guatemala, con
el apoyo del programa de la Fuerza de Trabajo contra el Crimen Organizado.
El Departamento de
Justicia expresó su “agradecimiento al gobierno de Guatemala por su firme
compromiso, colaboración y asistencia en la investigación, extradición y
enjuiciamiento en este caso”.