Prensa. CNP Venezuela.
Cuando el
gremio periodístico venezolano se apresta a celebrar el quincuagésimo
aniversario de la primera Ley de Ejercicio del Periodismo, el próximo 4 de agosto,
se ha dado cabida a un proyecto de reforma del instrumento legal que define y
regula la actividad de la comunicación social en el país, con la excusa de su
adecuación a las nuevas realidades con la que los reporteros y entrevistadores
abordan la profesión.
Ahora bien, si
bien es cierto que desde 1994 –fecha de la reforma de la ley– hasta la
actualidad, las herramientas para la búsqueda, procesamiento y difusión de la
información han cambiado, el espíritu, propósito y razón de ser de la actual
legislación han permanecido intactos. Ya sea con máquina de escribir, fax y
teléfonos de tonos o con Internet, redes sociales o celulares, la necesidad de
proveerle a la sociedad venezolana información de calidad y responsable a
partir de la formación universitaria de aquellos facultados para convertir
datos en información socialmente significativa aún permanece intacta; que a
pesar de que los tiempos han cambiado, la Ética sigue siendo la misma y las
amenazas para quienes hacen de la libertad de expresión una bandera también.
El Colegio
Nacional de Periodista es, según el Artículo 5 de la Ley, una «corporación de
derecho público, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio distinto al
Fisco Nacional; es custodio y defensor del derecho del pueblo a ser y estar
informado veraz e íntegramente y, al mismo tiempo, del derecho del periodista
al libre acceso a las fuentes informativas» y para ejercer en el país, el
periodista debe ser egresado universitario –es decir, haberse preparado
adecuadamente para entender la realidad y transformarla en relatos accesibles
al público– y estar inscrito en el CNP, que mediante el Tribunal Disciplinario
hace valer el Código de Ética del Periodista, con lo que se garantiza en el
país la aplicación de las mejores prácticas profesionales según los estándares
internacionales. El CNP es garantía, en Venezuela, del ejercicio responsable
del periodismo, o sea, que el profesional sea responsable de lo que escribe,
hable o transmita, sin que haya judicialización ni cárcel para quienes, sea por
la razón que sea, se aparten de estos.
Las sociedades
modernas, infectadas por las noticias falsas, la desinformación programada y
los paredones morales en los que se han convertido las redes sociales,
necesitan de profesionales que se apropien de la ética. En el caso venezolano,
el ocultamiento premeditado de los datos oficiales por parte del Estado, la
vocación censora del Gobierno a las voces disidentes y el uso del aparato legal
para cerrar medios, apresar periodistas y de hacerse de la vista gorda ante las
agresiones contra reporteros y ciudadanos comunes que se atrevan a disentir,
necesitan de un gremio que unido luche por la prevalencia de los Derechos
Humanos y de la Democracia.
La ley actual, ratificada en el año 2004,
faculta al Colegio Nacional de Periodistas como garante y defensor de la
Libertad de Expresión en el país y esa es su mayor fortaleza. Quizá por ello,
grupos de personas –algunas de ellas, periodistas‒ ligadas a las esferas del
poder, de espaldas siempre a las necesidades del gremio al no pronunciarse
cuando a los colegas los han perseguido, censurado, encarcelado o atacado, ni
cuando algún medio de comunicación independiente se ha visto cerrado
compulsivamente –ya sea por acciones de los agentes de seguridad o por el ahogo
económico ante la falta de insumos o publicidad–, ni cuándo se han promulgado
leyes que amordazan y condicionan la libertad de Expresión, como la Resorte-Me
o la que supuestamente lucha contra el Odio, son los que piden la reforma de la
Ley vigente que regula el ejercicio periodístico.
Más allá de
nuestras objeciones a los procedimientos electorales que llevaron a la
conformación de la actual Asamblea Nacional, llama la atención que quienes
hagan leyes se pongan de espaldas a la legislación vigente, pues el Artículo 5,
numeral 7, de la Ley señala como fin del CNP la «cooperación con el diseño de
las políticas comunicacionales del Estado».
Hasta el
momento, el gremio no ha sido consultado sobre la pretensión de cambiar la
legislación que dio origen a la colegiación, como culminación de las luchas de
la Asociación Venezolana de Periodistas en el año 1974, por lo que urgimos a
esas instancias a escuchar nuestra voz y nuestras preocupaciones.
A lo largo de
los últimos veinte años, el gremio periodístico ha visto la drástica
disminución de medios de comunicación independientes, el cierre de espacios de
opinión, de la instauración de una cultura de ocultamiento sistemático de la
información pública, todo ello sin que se levanten voces desde las
instituciones llamadas a defender la Democracia. En ese lapso, hemos visto
transformarse al reportero en un objetivo de guerra por parte de factores de
poder y de grupos ideológicos enemigos de la expresión libre y del derecho del
venezolano a decir, oír e investigar en el ámbito público sin cortapisas ni
censura previa, el cual no solo está consagrado en la Constitución, sino en los
tratados internacionales firmados por la República.
Asimismo,
hemos presenciado el silencio de quienes, directa o indirectamente, han tenido
la posibilidad de oponerse a la impunidad en los casos de agresiones contra los
comunicadores sociales, ataques que hemos denunciado oportunamente ante
organismos nacionales e internacionales. Son esos grupos y esos mismos factores
lo que pretenden cambiar la ley. Ante esta situación, el Colegio Nacional de
Periodistas llama a sus más de 25 mil 800 agremiados, distribuidos en sus 26
seccionales, a elevar su protesta individual, a organizarse, a movilizarse, a
exigirles a sus dirigentes gremiales acciones concretas para que no se altere el
espíritu de la Ley que desde hace 50 años previó el avance de una hegemonía
comunicacional, ya fuera privada o estatal, promovida por la ignorancia, la
ceguera ideológica o los intereses ajenos al pueblo venezolano.
Asimismo,
convocamos a las organizaciones gremiales, universitarias, de investigación,
docentes, de usuarios y de defensa de la libertad de expresión a la defensa de
los principios que inspiraron la actual ley, con el fin de cerrar filas en pro
de la defensa de nuestros principios.
El Colegio
Nacional de Periodistas anuncia que próximamente está organizando un
secretariado nacional con el fin de coordinar estrategias en todas las regiones
para movilizar la opinión pública para que se dejen intactos los principios de
libertad de expresión, de libertad de asociación, de la necesidad de la
profesionalización y la preparación continua de los periodistas, de la
posibilidad de que los agremiados sean juzgados por sus pares en asuntos
éticos, todo en pos de la prevalencia de una profesión, cuya misión es velar
por informar desinteresada y correctamente a la gente para que tome decisiones
acertadas en su vida.
Junta
Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas
Caracas, 15 de
julio de 2022
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