Por Medianálisis
El documento, publicado a fines de 2025,
define la VDCM como “toda acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, psicológico, moral, sexual o económico contra las mujeres, por el hecho
de ser mujeres, o que las afecte desproporcionadamente, a través de la tecnología
digital”. Se trata de una expresión contemporánea de las violencias de género
estructurales que se amplifica mediante algoritmos y se prolonga
indefinidamente en el espacio digital, buscando silenciar voces y deslegitimar
la participación pública femenina.
El corazón del estudio es un monitoreo
realizado con herramientas de inteligencia artificial del PNUD sobre 581.440
interacciones en X dirigidas a 351 perfiles de mujeres con roles públicos en
ocho países (Andorra, Bolivia, España, México, Panamá, Portugal, República
Dominicana y Uruguay). Los resultados son alarmantes: 162.159 interacciones (28
% del total) contenían al menos una de las cinco categorías de violencia
analizadas. Tras ponderar los datos por país, el promedio muestra que una de
cada cinco interacciones era violenta.
Las categorías más frecuentes fueron
subestimación de capacidades profesionales, comentarios sobre el cuerpo y la
sexualidad, ataques por identidad, descalificaciones por afiliación política y
amenazas (incluido doxing). México registró el mayor porcentaje de violencia
(40,6 %), seguido por Bolivia (39,9 %). En el otro extremo se ubican Andorra
(6,7 %) y República Dominicana (5,2 %). Un dato especialmente preocupante es la
confluencia de violencias: el 15 % de los mensajes agresivos combinaban dos o
más categorías, siendo la fórmula más común “subestimación de capacidades junto
al ataque político”.
El informe contextualiza la VDCM como parte del backlash de género en un escenario de retrocesos democráticos. Sus consecuencias trascienden la pantalla: ansiedad, aislamiento, miedo, autocensura, abandono de cargos públicos e incluso suicidios. A nivel global, el 85 % de las mujeres ha experimentado o presenciado violencia en línea. Aunque países como México, Argentina, Ecuador y Paraguay han avanzado con leyes específicas (Ley Olimpia), persisten brechas en datos sistemáticos, protocolos de denuncia y articulación con las plataformas digitales.Las conclusiones son contundentes: la violencia digital no es “un problema de internet”, sino un desafío democrático y de derechos humanos. El estudio propone actualizar marcos normativos con enfoque de género e interseccional, integrar la VDCM en planes nacionales de prevención, desarrollar sistemas de monitoreo y promover la corresponsabilidad de las plataformas.
En este link puedes leer una versión más amplia de este informe: https://www.medianalisis.org/mujeres-con-roles-publicos-son-victima-de-violencia-digital-segun-estudio-iberoamericano/
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