Por Juan Garcia.
La posibilidad de una base militar estadounidense en Venezuela dejó de ser una hipótesis cuando Donald Trump se negó a descartarla hace un par de semanas en los jardines de la Casa Blanca tras la insistencia de la periodista Sarah Roderick-Fitch, del medio, The Center Square, respondiendo que su gobierno está “evaluando hacer muchas cosas”. No anunció un proyecto, una ubicación ni un acuerdo formal, por tanto, no existe hoy una decisión pública de construir una base, pero el solo surgimiento de esa opción obliga a discutir, con seriedad, cuál sería el interés nacional de Venezuela y qué territorio reúne las condiciones estratégicas para una cooperación de defensa: el estado Apure aparece inevitablemente en el centro de ese debate. Apure representa una inmensa frontera terrestre con Colombia, un espacio de sabanas, ríos, trochas, pistas clandestinas y corredores que conectan el territorio venezolano con dinámicas de violencia transnacional, su complejidad geográfica hace particularmente difícil la vigilancia efectiva desde Caracas o desde centros militares desconectados de la realidad local, quien observa el mapa con responsabilidad entiende que controlar Apure significa proteger uno de los accesos más sensibles a la integridad territorial de Venezuela.
Un estado que sin dudas es hoy un territorio capturado, durante años, las comunidades apureñas han advertido que la frontera se convirtió en una zona de expansión para estructuras armadas irregulares, redes de narcotráfico y economías criminales, diversas investigaciones han descrito a Apure como un corredor estratégico de tráfico de drogas hacia Centroamérica y el Caribe, con presencia de grupos guerrilleros de origen colombiano, pasos fronterizos bajo disputa y pistas clandestinas utilizadas para la salida de cargamentos de cocaína. La tragedia no consiste únicamente en que esos grupos estén presentes, el problema mayor es que, en extensas áreas, han impuesto reglas de convivencia, controlado rutas, regulado actividades económicas y condicionado la vida de poblaciones que deberían sentirse protegidas por el Estado venezolano.
Lamentablemente en Apure, organizaciones armadas no estatales, (FARC-ELN-FBL), determina quién circula, qué se transporta, cuánto se cobra o quién puede trabajar, la soberanía, es solo un concepto ridiculizado, la realidad es profundamente dolorosa, cuanto las propias autoridades obedecen a los intereses de los grupos armados, y sobre la economía local abundan los dineros ilegales ante la acción complaciente del Estado, siendo un elemento que fortalece la dinámica de los grupos armados ilegales y de los carteles del narcotráfico, por ello, el debate no debe reducirse a una pregunta ideológica o patriotera: “¿base extranjera sí o no?”. La pregunta de fondo es otra: ¿quién ejerce en los hechos la autoridad en las zonas fronterizas de Apure? Si el Estado no controla de manera efectiva sus fronteras, protege a sus ciudadanos ni combate a quienes usan el territorio para actividades criminales, la soberanía ya ha sido erosionada desde dentro, desde hace muchísimos años.
Una opción estratégica.
Una presencia estadounidense, si llegara a plantearse, no debería concebirse como una cesión de territorio ni como una instalación ajena a la voluntad venezolana, esa sería una fórmula inaceptable, más bien tendría que responder a un acuerdo transparente, temporal, verificable y subordinado a la ley venezolana, con objetivos específicos: vigilancia aérea y fluvial; inteligencia contra el narcotráfico; interdicción de rutas ilegales; formación profesional; tecnología de monitoreo; asistencia logística; y protección de las comunidades fronterizas.
Apure podría ser decisivo dentro de ese esquema por razones concretas, su ubicación fronteriza permitiría observar y responder con mayor rapidez a movimientos de grupos irregulares y redes criminales transnacionales, su extensión territorial y la dispersión de sus poblaciones exigen capacidades de vigilancia aérea, satelital, fluvial y terrestre que Venezuela, en sus actuales condiciones institucionales, no ha logrado sostener de manera suficiente, el monitoreo de pistas clandestinas, corredores fluviales y pasos informales sería clave para cortar rutas de narcotráfico y reducir la capacidad operativa de las organizaciones armadas.
Visto así, una cooperación orientada a la inteligencia y la protección territorial podría contribuir a reconstruir capacidades profesionales venezolanas, en vez de sustituirlas permanentemente, no se trata de militarizar la vida civil ni de convertir a Apure en un escenario de confrontación geopolítica, se trata, precisamente, de impedir que continúe siendo un territorio sometido a poderes armados que no responden ante la Constitución, los ciudadanos ni las instituciones legítimas. El argumento de la soberanía no puede usarse para encubrir la pérdida de soberanía. La Constitución venezolana establece que el territorio nacional no puede ser cedido, traspasado, arrendado ni enajenado a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional; cualquier fórmula de cooperación tendría que respetar estrictamente esa prohibición y no equivaler a entregar una porción del país.
Sin embargo urgente y necesario reconocer una verdad incómoda: la soberanía no se defiende solamente con discursos. Se defiende cuando el Estado controla sus fronteras; cuando ninguna guerrilla dicta normas en comunidades venezolanas; cuando ningún cartel usa nuestros ríos, pistas clandestinas o caminos rurales para traficar drogas; cuando los funcionarios responden al interés de la Nación y no a alianzas oscuras ni a economías ilegales.
La pérdida de control en la frontera no es una abstracción, es la pérdida cotidiana de tranquilidad para el productor, el comerciante, el transportista, el maestro, el indígena, el joven y la familia que vive en Guasdualito, El Amparo, La Victoria, El Nula o cualquier comunidad de la franja fronteriza, allí la seguridad nacional tiene rostro humano, y este debate se hace necesario, la discusión sobre una eventual base militar estadounidense en Apure debe darse sin ingenuidad y sin servilismo. No puede asumirse que toda presencia externa resolverá por sí sola décadas de abandono, corrupción y deterioro institucional; ni puede negarse que Venezuela requiere cooperación técnica e internacional frente a amenazas que operan más allá de sus fronteras.
Si alguna vez se considerara una instalación conjunta o un mecanismo de cooperación de defensa, sus límites deberían ser inequívocos: autorización legal, control venezolano, objetivos delimitados, protección de los derechos humanos, supervisión parlamentaria y ciudadana, rendición pública de cuentas y una cláusula clara de revisión o terminación. La cooperación debe fortalecer la soberanía venezolana, no reemplazarla, Apure sin ninguna duda, puede ser un estado clave para la seguridad, la defensa y la recuperación efectiva de la soberanía nacional, entonces la cuestión no es aceptar pasivamente una base extranjera; sino decidir si Venezuela seguirá tolerando que sus fronteras estén bajo la influencia de guerrillas, carteles y redes criminales, o si construirá, con instituciones profesionales y alianzas transparentes, una capacidad real para recuperar el control de su propio territorio, y colocarlo definitivamente al servicio de su gente.
@jufraga12
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