Otra herencia del éxodo
venezolano es el sufragio en el exterior. ¿Cómo, en cuánto tiempo y dónde
podrían ejercerlo los millones de nacionales que partieron a otra tierra,
muchos con estatus de residencia irresuelto?
Prensa. Observatorio
Electoral Venezolano.
La
próxima elección que se desarrolle en Venezuela encontrará al país con más del
10 % de su población en situación migrante (ONU). Este inédito escenario
representa un desafío para el ejercicio del derecho al voto, porque abre una
serie de obstáculos a vencer desde los puntos de vista del registro, la
logística y la operatividad.
Resulta
todo un reto el establecimiento de una infraestructura que abarque un gran
número de países y que garantice el voto en el exterior, un derecho que la
Constitución de 1999 amplió a los venezolanos residentes fuera del territorio
nacional, válido solo para comicios presidenciales.
La
Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009) dedica uno de sus 233 artículos al
voto en el exterior. Es el 124 y dice que solo podrán sufragar en el exterior
los electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote
legalidad de permanencia fuera de Venezuela. También podrán sufragar en el
exterior los funcionarios adscritos a las embajadas, consulados y oficinas
comerciales.
En
las presidenciales de 2013 eran 100.495 los nacionales registrados para votar
en el exterior; tres veces más en comparación con el 2003. Para las
cuestionadas elecciones presidenciales de 2018, la cifra había ascendido a
108.623 electores, según fuentes oficiales. Menos de 10.000 nuevos inscritos,
justamente en este lustro marcado por un éxodo nacional sin precedentes, en
muchos casos signado por una migración forzada, como consecuencia de la grave
crisis política, económica, social, institucional y de derechos humanos que
atraviesa Venezuela.
Naciones
Unidas calcula que entre 2013 y 2018 -esto es, entre una y otra elección
presidencial- unos 2,3 millones de venezolanos se vieron obligados a abandonar
el país. Si se coteja esta estadística con la data de registrados para el
sufragio y con el Registro Electoral nacional de 20 millones de electores, se
evidenciará el embudo que significa para los venezolanos en el exterior
mantener su derecho al voto.
El
mismo artículo 124 de la LOPE delega al Consejo Nacional Electoral la
responsabilidad de determinar mediante reglamento el procedimiento para poder
votar en el exterior. Se trata de electores que posean residencia legal, no
todos. Quedan por fuera muchos; de hecho, la mayoría. Un estatus migratorio
irregular es precisamente una de las condiciones de buena parte de la diáspora
venezolana.
Pero,
como advierte un trabajo de Eugenio Martínez fechado a principios de 2018,
“demostrar residencia legal no es el único obstáculo que deben enfrentar los
venezolanos para poder votar en el exterior”. Para la fecha, el gobierno tenía
representaciones diplomáticas en 85 países. De estos, reportaba el periodista
de la fuente electoral, “solo cinco consulados (4%) realizan sistemáticamente
los trámites que permiten la inscripción en el Registro Electoral de nuevos
electores o solicitar el cambio de centro de votación ubicado en Venezuela a
una representación diplomática”.
Debido
las circunstancias bajo las cuales emigran diariamente decenas de venezolanos,
aunado a la insuficiente capacidad instalada, caben las preguntas: ¿Debería
reconsiderarse lo previsto en la norma? ¿Y si se exigiera a los venezolanos los
mismos requisitos para votar tanto fuera como dentro del país?
Así
lo hacen otros
Venezuela
carece de experiencia previa de una elección competitiva con millones de sus
connacionales afuera. Pero, ¿cómo actúan otros países con sus poblaciones
migrantes? A continuación, se repasan cuatro ejemplos.
En
Colombia, los más de 812.000 ciudadanos en el exterior facultados para votar
solo necesitaron inscribir su cédula de ciudadanía ante un consulado, hasta
cuatro meses antes de las elecciones, y disponen de una semana para ir a
sufragar de forma presencial en las embajadas o consulados donde estén
inscritos.
En
Estados Unidos, cada año el americano migrante envía una solicitud federal tipo
tarjeta postal (FPCA) a su representante electoral local. Los elegibles para el
voto en ausencia reciben con más de un mes de antelación su boleta por correo
electrónico, fax, descargándola de Internet o por correo físico. La llenan y
devuelven. El procedimiento rige para elecciones federales, estatales y
locales.
En
España, también el migrante debe estar inscrito como residente en el registro
de matrícula consular y, a través de los servicios de correo local, recibe la
documentación. Hay lapsos holgados para remitir el voto a la oficina consular o
ir directamente a depositarlo en una urna.
En
Estonia, hasta el 30% del electorado ya ha sufragado por internet, aunque su
uso es opcional y anticipado a la jornada comicial. Mediante teléfonos
celulares se puede validar la identidad de los electores e incluso firmar
electrónicamente. Siguiendo esta inspiración, Lituania, con un registro
electoral de unos 2,5 millones de ciudadanos, ha incorporado con éxito el voto
en línea.
El
caso venezolano
De
acuerdo con la ONU, Colombia, Perú y Ecuador son los tres países que en mayor
medida acogen a los venezolanos. De cara a establecer reflexiones para
Venezuela, podemos enumerar tres elementos.
Primero,
el voto por correo u otros medios físicos o digitales tiene por delante el reto
de la generación de confianza, como advierten expertos en materia electoral.
Segundo, la capacidad consular de la República, que se aproxima a las 120
delegaciones en total, se halla diezmada producto de la coyuntura política de
ejercicio del poder que ha caracterizado la Venezuela del 2019. Y, tercero, la
hipotética opción de desarrollar el evento electoral en espacios diferentes a
los consultados también abriría otros debates y necesidades de normativa.
El
voto en el exterior suele relacionarse con impresiones, no siempre ciertas,
como que son más de 5 millones los que emigraron; o que el 100 % votaría, o que
es fácil organizar el proceso. Este tema parece, por lo pronto, un ángulo del
asunto electoral que todavía no se analiza, por lo menos de manera
generalizada, entre la opinión pública y en la arena política. Más allá de la
legislación existente, todo acuerdo político nacional debe incorporar este
aspecto: que puedan votar los que emigraron.
Fue
el número aproximado de mesas electorales habilitadas en las sedes consulares
para las más recientes y cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de mayo
de 2018. “Claramente insuficientes”, calificó Juan Manuel Raffalli en un
artículo de Prodavinci.
El
CNE no informa en su web los resultados del voto en el exterior para las
presidenciales de 2018. Sí están publicados los resultados del voto en el
exterior hasta 2013, cuando Henrique Capriles aventajó con 92,4 % de los
sufragios (poco más de 56.000) a Nicolás Maduro. También en las presidenciales
de 2012 Capriles superó con 90% (sobre los 61.000) a Hugo Chávez. Alrededor de
40.000 venezolanos en el exterior, residentes y registrados, se quedaron
entonces sin expresarse.
LEA
una segunda parte de este tema en el próximo boletín quincenal del OEV.